Los trabajadores vascos afectados por un ERE disminuyeron el 26,5 % en 2018

El número de trabajadores afectados en el País Vasco por un expediente de regulación de empleo (ERE) se redujo un[…]

El número de trabajadores afectados en el País Vasco por un expediente de regulación de empleo (ERE) se redujo un 26,5 % durante 2018, 1.239 personas menos que en 2017, hasta situarse en los 3.439 afectados.

Por Comunidades Autónomas, el número de afectados disminuyó en nueve: Cantabria (65,8 %), Castilla-La Mancha (59,3 %), Extremadura (35,1 %), Castilla y León (29,4 %), País Vasco (26,5 %), Aragón (20 %), Andalucía (14,6 %), Madrid (9,9 %) y Canarias (7,3 %), además de Ceuta y Melilla (24,4 %).

Por el contrario, los afectados aumentaron en la Comunidad Valenciana (245,6 %), Navarra (169 %), Murcia (137,4 %), Galicia (82,2 %), Baleares (67 %), La Rioja (55,7 %), Asturias (24,7 %) y Cataluña (9,5 %).

En el ámbito nacional, el número de trabajadores afectados por un ERE aumentó un 26,8 % en 2018 (15.399 personas más), hasta los 72.896 afectados, principalmente porque las suspensiones de contrato en el sector industrial se dispararon respecto a 2017.

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De acuerdo a la Estadística de Regulación de Empleo publicada este lunes por el Ministerio de Empleo, en el conjunto de España un total de 2.076 empresas iniciaron estas medidas el pasado año, 539 menos que en 2017, lo que equivale a una bajada del 20,6 %.

En cuanto a los procedimientos, se contabilizaron un total de 3.127, un 12,3 % menos que en 2017, de los que 65.222 finalizaron con acuerdo entre las partes, es decir, el 89,5 % del total, frente al 10,5 % que terminó sin acuerdo.

Por lo que respecta a las medidas, las suspensiones de contrato afectaron a 49.329 trabajadores, lo que supuso 21.072 más que un año antes (74,6 % más), mientras que los despidos colectivos alcanzaron a 19.957 personas, 856 menos (4,1 % menos) y las reducciones de jornada a 3.610, 4.817 menos (-57,2 % inferior).

Por sectores, la industria fue la que mayor número de afectados por estas medidas tuvo con 45.000 personas implicadas (un 80 % más) que en su práctica totalidad respondieron a suspensiones de contrato.

Por su parte, los servicios contabilizaron 25.175 afectados (10,6 % menos); la construcción, 1.578 (54,3 % menos); y la agricultura, 1.143 (14,9 % más).

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