La Eurocámara apoya que las empresas digan dónde tributan
Las compañías con una facturación superior a 750 millones deberán desglosar cuántos impuestos pagan en cada país
La lucha contra la elusión fiscal de las multinacionales dio este martes un paso importante con la aprobación en el Parlamento Europeo de la normativa 'país por país'. Esta medida implica que las grandes empresas, aquellas con una facturación superior a los 750 millones de euros, estarán obligadas a informar de forma desglosada de los impuestos que pagan, los ingresos que obtienen y los empelados que tienen en cada uno de los países en los que realicen una actividad.
El objetivo es reducir la ingeniería fiscal de las grandes multinacionales, que en muchas ocasiones tributan en países donde apenas generan ingresos, pero en los que la presión fiscal es más reducida.
En concreto, la información que deberán detallar incluye una breve descripción de la naturaleza de sus actividades, el número de empleados, la cifra neta de ingresos, el capital declarado, los activos fijos, los beneficios antes de impuestos, el importe pagado en impuestos por la empresa y sus filiales en cada país, las ganancias acumuladas y la existencia de posibles tratos fiscales preferentes. Asimismo, la resolución establece que los datos deberán estar publicados en la web de cada empresa y su acceso debe ser gratuito.
Sin embargo, el estriptis fiscal no será completo y permite algunas salvedades. En concreto, el Parlamento Europeo introdujo un cláusula que permite mantener en secreto información que la empresa considere sensibles siempre y cuando reciban la autorización de los gobiernos. Esas excepciones deberán renovarse cada año. Esta medida, criticada por los partidos de izquierda, fue aprobada gracias a los votos del Partido Popular Europeo, de los conservadores y del grupo liberal. Los partidarios de esta cláusula consideran que permite combinar la transparencia con la competitividad de las empresas.
En cualquier caso, el camino para que esta medida se ponga en práctica todavía es largo. Ahora el texto aprobado debe ser remitido a la Comisión Europea y a los países miembros. España ya aprobó un decreto en 2015 que recogía la obligación de las empresas a proporcionar a la Agencia Tributaria algunos de estos datos a partir del ejercicio 2016, aunque la información no es pública.
