El ‘giro Trump’ en la potasa bielorrusa genera un dilema de soberanía para la Unión Europea

.El reciente y sorpresivo anuncio de la administración estadounidense de levantar las sanciones a la potasa bielorrusa ha provocado un seísmo geopolítico cuyas réplicas amenazan con desestabilizar la estrategia de autonomía de la Unión Europea.

La decisión, fruto de una negociación directa entre el enviado especial John Cole y el régimen de Aliaksandr Lukashenka, ha culminado en la liberación de 123 presos políticos, incluyendo figuras de la talla del Nobel de la Paz, Ales Bialiatski. Sin embargo, tras el trasfondo humanitario se esconde un movimiento de mercado que sitúa a Bruselas en una posición de extrema vulnerabilidad.

Mientras Washington prioriza el control de la inflación y el alivio de los costes agrícolas globales, la Unión Europea se enfrenta a la cruda realidad de su dependencia. La potasa, un mineral esencial para la fabricación de fertilizantes y, por ende, para la seguridad alimentaria, sigue siendo el gran ausente en la lista de materias primas estratégicas de la UE. Esta omisión técnica deja al sector agrario europeo a merced de los vaivenes diplomáticos de terceros, obligando a los Veintisiete a decidir si siguen la senda de normalización marcada por Donald Trump o si mantienen un cordón sanitario que podría penalizar la competitividad de sus propios agricultores.

La paradoja europea es profunda. A pesar de que la Ley de Materias Primas Críticas busca blindar el suministro de elementos para la transición energética, como el litio o el cobalto, ha dejado en un segundo plano la potasa, una materia prima sin la cual la productividad de los suelos europeos caería por debajo de los niveles de sostenibilidad económica. La entrada masiva de potasa bielorrusa en los mercados internacionales tras el levantamiento de sanciones estadounidenses no solo abarata el producto, sino que refuerza el control de Minsk sobre un recurso que representa el 8% de sus exportaciones y cerca del 4% de su PIB.

Ante esta amenaza, la industria minera europea intenta fortalecer sus posiciones, aunque el tejido es limitado. Gigantes del sector como la alemana K+S y la israelí ICL Group — que gestiona los activos clave de la cuenca potásica catalana en Súria (Barcelona)— operan actualmente al máximo de su capacidad para tratar de compensar el déficit del mercado. Sin embargo, la madurez de algunos yacimientos y la presión regulatoria hacen que la oferta interna sea insuficiente para cubrir la demanda total de la Unión. En este contexto, el desarrollo de nuevos proyectos de extracción dentro de las fronteras comunitarias ha pasado de ser una opción industrial a una prioridad de seguridad nacional.

En este tablero de ajedrez, el proyecto de Mina Muga, situado entre Navarra y Aragón, emerge como el activo más relevante para la resiliencia del continente. A diferencia de las importaciones provenientes de Canadá —donde el gigante Nutrien planea aumentar su producción a 18 millones de toneladas para 2025 para mitigar el vacío de Europa del Este—, Mina Muga ofrece una solución de proximidad que elimina las incertidumbres logísticas y los riesgos de bloqueo en las cadenas de suministro globales. Su puesta en marcha permitiría a la UE no solo depender menos de la diplomacia de Washington, sino complementar la producción de actores establecidos como ICL y K+S, creando un clúster minero europeo más robusto y diversificado.

Para comprender la relevancia de Mina Muga, es fundamental diseccionar la anatomía de los costes. Actualmente, la potasa de Saskatchewan (Canadá) debe recorrer miles de kilómetros por ferrocarril hasta los puertos y cruzar el Atlántico, un trayecto donde el flete marítimo y el manejo portuario pueden representar hasta un 30% del precio final. En contraste, Mina Muga se sitúa en el corazón del mercado europeo, ofreciendo potasa de proximidad. Su cercanía a los puertos de Pasaia y Bilbao, unida a la conexión directa por ferrocarril con el resto del territorio nacional y con potencias agrícolas como Francia y Portugal, reduce el coste logístico a una fracción del de sus competidores transoceánicos.

Esta eficiencia no es solo económica, sino también normativa. Mina Muga es el primer proyecto extractivo de potasa ‘cero residuos’ y cumpliría con los estándares del Pacto Verde Europeo, lo que garantiza un control riguroso sobre la huella de carbono y el uso de recursos hídricos. Frente a la opacidad regulatoria de los regímenes de Europa del Este, la producción nacional actúa como un seguro climático y legal, protegiendo a los agricultores de futuros aranceles ambientales que podrían encarecer las importaciones de potasa "sucia".

La decisión de la Casa Blanca ha dejado claro que el tablero internacional está cambiando y que las alianzas pueden reconfigurarse por necesidades de suministro. El levantamiento de sanciones demuestra que el suministro de potasa es una moneda de cambio en la alta política. Si la UE no acelera el reconocimiento de la potasa como material estratégico, corre el riesgo de que proyectos de la envergadura de Mina Muga se enfrenten a tiempos administrativos que no concuerdan con la urgencia del mercado, tal y como evidenciaron las recientes protestas de los agricultores en las calles de Bruselas.

Para Europa, asegurar que la fertilidad de sus campos dependa de una mina en Navarra y Aragón y no de un despacho en Minsk es la única forma de garantizar que el abastecimiento de mañana no sea objeto de un nuevo canje geopolítico. El tiempo de la dependencia complaciente parece haber llegado a su fin con el último avión de presos liberados en Bielorrusia.