El Gobierno de Noruega llegó a un acuerdo con la patronal empresarial y los sindicatos para obligar a las grandes y medianas compañías a incorporar gradualmente una representación femenina del 40 por ciento en sus juntas directivas en un plazo de cinco años.

El plan, que según el gabinete es el primero de su tipo a nivel mundial, cubrirá inicialmente a unas 8.000 empresas el próximo año y se ampliará para abarcar unas 20.000 firmas con más de 30 empleados para 2028, dijo el Gobierno el lunes.

Las empresas con más de 100 millones de coronas (9,4 millones de euros) en ingresos operativos y financieros totales estarán afectadas inicialmente por la norma. El umbral se reducirá durante el próximo lustro para incluir a aquellas con ingresos superiores a 50 millones de coronas.

La mejora en el equilibrio de género en las salas de juntas ha sido demasiado lenta, según el Gobierno liderado en minoría por los laboristas, con un crecimiento del 15 por ciento de representación femenina hace dos décadas a solo el 20 por ahora.

Noruega no es parte de la Unión Europea, donde el Parlamento Europeo aprobó en noviembre pasado una ley que requiere que el 40 por ciento de los directores no ejecutivos sean mujeres o el 33 por ciento entre todos los directores.

“Este es un punto de inflexión para el trabajo por la igualdad en los negocios en Noruega”, dijo en el comunicado el ministro de Comercio e Industria, Jan Christian Vestre. Empresarios y sindicatos “comparten la impaciencia del Gobierno, y me alegro de que juntos hayamos encontrado un medio de acción que pueda agilizar el trabajo”.

Noruega ocupó el tercer lugar en el Informe Global de Brecha de Género del Foro Económico Mundial del año pasado, solo por detrás de Islandia y Finlandia. España ni siquiera está entre los diez primeros clasificados en la lista de países con mayor igualdad de género.

Los cálculos del Gobierno muestran que será necesario contratar a casi 13.000 nuevos miembros para las juntas hasta 2028. Los requisitos también se aplicarán a las cooperativas o asociaciones de vivienda con más de 500 miembros, así como a las fundaciones empresariales.