Las tormentas políticas que se ciernen sobre la ESG

Los esfuerzos en materia de regulación ESG y el peso que estos criterios ambientales, sociales y de gobernanza deben tener sobre la hoja de ruta de empresas e instituciones, llevan años ganando peso en el mercado.

Sin embargo, toda acción en cualquier ámbito de actuación suele llegar acompañada de una reacción, y en los últimos meses se está viendo un ligero repunte de estas tendencias reaccionarias frente al avance de los criterios ESG.

Si hace unos meses, por ejemplo, los representantes del Partido Republicano dispararon contra la nueva normativa de la SEC para que las compañías cotizadas sean más efectivas a la hora de publicar sus estimaciones climáticas, este debate se extendió en las últimas semanas hacia las aguas de la mayor gestora de activos del mundo, Blackrock.

Y es que 19 fiscales generales estadounidenses escribieron una carta al director general de la compañía, Laurence D. Fink, advirtiéndole de que las políticas de inversión ESG de BlackRock podrían suponer una «violación rampante» de la regla del interés único, un principio legal que exige que los fiduciarios de inversiones actúen «para maximizar el rendimiento financiero, no para promover objetivos sociales o políticos».

Paralelamente, además, Europa vio como a su apuesta por la transición energética le crecía un nuevo enano dentro de sus propios fueros, después de que Giorgia Meloni se hiciera con la victoria en Italia enarbolando, entra otras, la bandera en contra de una Agenda 2030 que la Unión Europea promueve con firmeza.

El debate ESG en los Estados Unidos

La mencionada carta de los fiscales generales a Blackrock no quedó sin respuesta por parte de la gestora de fondos, que en un comunicado que puede consultarse aquí, acusó a los magistrados de verter «afirmaciones inexactas sobre el motivo (de la empresa) para participar en varias iniciativas relacionadas con ESG».

Blackrock, de hecho, apuntó que su participación en estas iniciativas es «totalmente coherente» con sus obligaciones fiduciarias, e incluso mandó un mensaje de aviso a quienes pretenden enfrentarse a ellas:

«Gobiernos que representan más del 90 por ciento del PIB mundial se han comprometido a pasar a emisiones cero en las próximas décadas. Creemos que los inversores y las empresas que adopten una posición previsora respecto al riesgo climático y a sus implicaciones para la transición energética, generarán mejores resultados financieros a largo plazo».

Tanto el ataque frontal a Blackrock como el firme enrocamiento de esta en sus posiciones, sin embargo, son muestras de la subida de tono en torno al debate sobre cuestiones ESG en los Estados Unidos, que desde la consultora PwC explicaban como «una campaña, encabezada por dirigentes republicanos, contra la aplicación de los criterios sostenibles, y que ya ha tenido consecuencias normativas».

Unas consecuencias normativas que también se enumeraban desde la consultora: la prohibición de incorporar consideraciones ESG en las inversiones de fondos de pensiones en Florida, o la publicación en Texas de una lista negra de entidades financieras que dejaron de invertir en empresas de combustibles fósiles.

Así pues, los avances en materia de regulación ESG norteamericana no se están plasmando sin hacer frente a baches, y esta sombra de duda se extiende también sobre una Unión Europea donde, esta pasada semana, triunfó un discurso que en el pasado criticó los proyectos de transición energética del continente.

De las palabras a los hechos en Italia

A pesar de los miedos iniciales sobre cómo reaccionarían las bolsas a la victoria de Giorgia Meloni, la realidad muestra que el índice italiano de referencia, el FTSE MIB, no se despegó mucho de su tendencia negativa tras la confirmación de su triunfo.

Expertos como Pietro Baffico, economista de la firma Abrdn, explicaban esta tranquilidad momentánea por la «moderación con el tiempo de la retórica ultraderechista y euroescéptica», sugiriendo una menor confrontación con las instituciones europeas que «aumenta los riesgos a la baja para las perspectivas de Italia».

Una moderación que el experto enmarcaba dentro de la idea de que, en caso de choque frontal, «se podría poner en peligro el desembolso de los fondos de la UE […] y limitar la capacidad del BCE para contener los diferenciales de la deuda soberana».

Meloni, sin embargo, se aupó al poder con una narrativa claramente opuesta a las ideas de la Unión Europea respecto al futuro verde de los Estados miembro.

«Seguir la ideología de Greta Thunberg nos llevará a perder millones de empresas y puestos de trabajo en toda Europa«, exclamó Meloni durante su mitin en un acto de Vox para la campaña electoral de Andalucía.

«Con el fundamentalismo climático del Pacto Verde, cuántos barcos, en lugar de llegar a Algeciras, elegirán Tánger, donde no existen estas normas y, por tanto, estos costes […] cuantos agricultores andaluces podrán resistir a la competencia a la baja de los productos agrícolas africanos […] cuantos trabajadores andaluces se jugarán su puesto de trabajo y cuántos ciudadanos no podrán permitirse un nuevo coche eléctrico carísimo», agregó.

Su programa electoral, eso sí, se limita a apuntar que su partido buscará «cumplir y actualizar los compromisos internacionales de Italia en la lucha contra el cambio climático», y promete «un aumento de la producción energética renovable».

Así pues, Meloni mostró su faceta más contraria a las políticas ESG imperantes, pero se mantiene ambigua respecto a cuánto o cómo piensa contribuir a mejorarlas, o destruirlas.

Todo apunta a que la batalla por los criterios ESG, está entrando en una nueva fase.