La debutante normativa europea de ESG bloquea a los gestores en un mar de dudas

La puesta en marcha el 2 de agosto de la nueva Normativa sobre Mercados de Instrumentos Financieros, o MiFID, por parte de la Unión Europea, desató la confusión entre los gestores de activos.

En el caso de España, ya intentaron sin suerte pedir auxilio a la Comisión Nacional del Mercado de Valores ante el vacío legal que podía dejar la directiva ESG.

Y es que el nuevo conjunto de normas de la UE, que entró en vigor el martes, añadió presión sobre los gestores de activos a la hora de aconsejar sobre las complejidades de la inversión sostenible.

Desde ahora, los tests de idoneidad a realizar por los gestores antes de que cualquier inversor minorista decida hacia dónde dirigir sus activos, tendrán que preguntar también por las preferencias de sostenibilidad de los clientes.

Los cambios en la directiva MiFID, por tanto, exige a los gestores de inversiones y a los asesores financieros que comprendan las «preferencias de sostenibilidad» de los clientes minoristas, y actúen en consecuencia.

Estos inversores, a su vez, pueden exigir a los gestores de activos que rindan cuentas si sus fondos ESG no cumplen las expectativas, por ejemplo, si no son tan ecológicos como podría parecer en un principio.

Un vacío legal que, en pleno auge de los casos de greenwashing, podría provocar que los gestores sean conservadores a la hora de clasificar productos; especialmente dentro de los que se consideran ‘verdes oscuros’, que contarían con la máxima calidad en términos de sostenibilidad.

Los reguladores dudan sobre cómo aplicar la normativa ESG

En la práctica, de hecho, muchos siguen preocupados por la falta de datos sobre cuestiones medioambientales, sociales y de gobernanza; el reto de definir qué es una inversión sostenible; y la incertidumbre sobre cómo se aplicarán las nuevas normas en cada país.

El sector financiero europeo, que presionó para que se retrasara la enmienda, advirtió de que causará una «enorme confusión» y una «gran inseguridad jurídica». 

«Va a ser difícil explicar a los clientes que no conocen la normativa de la UE lo que significa todo esto en términos prácticos», apuntaba para Bloomberg el socio director del bufete de abogados Linklaters, Ben Maconick.

Las empresas financieras se encuentran «en una situación realmente difícil, porque tienen la obligación de plantear estas cuestiones y solo sugerir inversiones que se ajusten a los requisitos del cliente», afirmaba Matthias Breier, director de productos ESG de FE Fundinfo.

«Pero (muchos de estos clientes) no tienen los datos necesarios sobre sostenibilidad en este momento», añadía.

Otra confusión dentro del sector surge del hecho alrededor del cómo aplicarán estas normas cada regulador nacional.

El regulador del mercado francés, AMF, por ejemplo, señaló que los nuevos requisitos no se aplicarán a los asesores de inversión franceses hasta 2023.

El organismo de control holandés, AFM, mientras tanto, indicó que hay «una falta de claridad» en cuanto a los productos apropiados que se ajustan a las preferencias ESG de los clientes.

«La Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) no ha emitido ninguna orientación a las autoridades nacionales competentes en relación con la priorización de la aplicación del MiFID, que se aplica a partir de hoy», explicó un portavoz de la propia AEVM.

«La AEVM está elaborando actualmente unas directrices para facilitar la comprensión de los nuevos requisitos en toda la UE», agregó.

Desde Morningstar, por otro lado, consideraban que «el trabajo de los asesores se verá obstaculizado por el mero hecho de que muchos fondos aún no han comunicado la información requerida, o no han comunicado ninguna exposición a inversiones sostenibles».