Montserrat Tomás defiende una visión de la fiscalidad que va más allá del cumplimiento normativo. Como directora de Fiscalidad y Seguros de Abertis, trabaja para situar esta función como un elemento relevante en la estrategia, la cuenta de resultados y la reputación de las empresas.

Tomás ha recibido el Premio Womenvalue 2026 en la categoría de Fiscalidad.

Gestionar la fiscalidad en un grupo como Abertis implica convivir con regulaciones distintas. ¿Cuál es el principal reto de esa complejidad?

Estamos presentes en 15 países, con normativas que cambian constantemente. Además, nuestro negocio se gestiona de forma descentralizada. No llevamos los impuestos de todos los países desde la corporación, sino que contamos con equipos locales.

Nuestra principal responsabilidad es mantener el área bajo control y conseguir que todas las unidades de negocio sigan los principios rectores de nuestra política fiscal.

Para ello necesitamos un buen equipo corporativo, conectado con las distintas unidades, que sea visto como un socio y no como un fiscalizador. Debemos ayudar en la toma de decisiones, ofrecer formación continua y anticipar cualquier posible impacto.

Al final, lo que ninguna gran corporación quiere son sorpresas.

Su área está sometida a un considerable escrutinio público. Cuando surgen discrepancias con la Administración tributaria, ¿cuándo conviene defender la posición de la compañía y cuándo alcanzar un acuerdo?

Estamos adheridos desde 2014 al Código de Buenas Prácticas Tributarias, una iniciativa de colaboración entre la Administración y las grandes empresas.

La adhesión es voluntaria y se apoya en la buena fe y la transparencia, con el objetivo de obtener mayor seguridad jurídica. Nos incorporamos hace años porque creemos firmemente en esos principios y porque es la forma en que trabajamos con nuestros grupos de interés, que en muchas ocasiones son administraciones públicas.

Aplicamos el derecho fiscal de forma responsable, con una interpretación razonable de la norma, y utilizamos todos los mecanismos que ofrece la Administración para obtener seguridad jurídica.

Ahora bien, el derecho está lleno de grises. Y todavía más un ámbito como la fiscalidad, donde en ocasiones existen intereses contrapuestos.

Si consideramos que tenemos razones jurídicas para defender nuestra posición, lo hacemos allí donde sea necesario. Creemos que hay que pagar impuestos, pero lo justo, ni más ni menos.

¿Existe en España suficiente seguridad jurídica para que las empresas puedan invertir?

No ocurre solo en España. Muchos países tienen necesidades presupuestarias y, en ocasiones, legislan a corto plazo para cubrirlas. Las empresas tienen que convivir con esa incertidumbre.

En la Unión Europea sufrimos además un exceso de regulación e incluso una superposición de normas. A veces, una misma directiva europea se aplica de forma distinta en cada país, y eso genera inseguridad.

Por eso recibimos favorablemente la iniciativa de la Comisión Europea para abordar este problema.

También participa en la organización Women in Tax. ¿Qué aporta esta asociación?

Su importancia es doble.

Por un lado, permite dar visibilidad a la aportación de las mujeres en el ámbito fiscal. Por otro, ayuda a reconocer la propia función fiscal, que sigue siendo una gran desconocida dentro del mundo empresarial.

Por eso resulta reconfortante que se nos sitúe al mismo nivel que otras áreas en premios como este.

La fiscalidad es una función estratégica. Abarca cuestiones que forman parte de la cuenta de resultados y que tienen una incidencia relevante en la reputación de las empresas. Debería contar con mucha más visibilidad.

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