Retos y deberes en la agenda europea de transición energética

A las puertas de un año 2022 que deja una crisis energética aguda, así como una decepcionante COP 27, las naciones europeas se preparan para continuar un camino hacia la transición energética que, en estos momentos, «parece más desorganizada que nunca», a ojos de la consultora internacional Mckinsey.

Y es que el impacto de la pandemia, la creciente inflación, y el aumento de los costes energéticos provocaron una mayor dependencia a corto plazo de los combustibles fósiles, así como la consignación de menos recursos para la transición energética, opinaron los expertos de la firma en un informe sobre el estado de la misma.

Por ello, apuntaron desde Mckinsey, de cara a 2023 y a la COP 28, los estados soberanos tienen «el doble imperativo de garantizar la resiliencia y la asequibilidad energéticas, y de reducir las emisiones».

Una dicotomía que, de acuerdo a su análisis, no debe retrasar las acciones necesarias para acometer esta transición energética con éxito, sino, al contrario, «acelerar la acción coordinada a largo plazo, al mismo tiempo que se adoptan medidas a corto plazo».

Una premisa con la que coinciden desde Scope Ratings tras analizar las inversiones que deben hacer los países de la UE para lograr cumplir con sus objetivos climáticos, pero que se topa de frente con el hecho también señalado por la agencia de calificación crediticia, de que estas naciones todavía no lo están haciendo.

8 pasos a seguir para lograr una transición energética estructurada

De acuerdo al análisis realizado por Mckinsey sobre los pasos a seguir para asegurar una transición energética ordenada y de éxito, todas las naciones del mundo — independientemente de sus distintos grados de exposición a las energías renovables y de sus posibilidades de financiación de las mismas —, deberían seguir un bloque de 8 acciones que pueden aplicarse a todos los perfiles regionales.

Un bloque de acciones a seguir que, según la consultora, permitiría «realizar progresos significativos para finales de esta década«, si se logra:

• Agilizar el acceso al suelo y simplificar los procesos de concesión de permisos para acelerar la implantación de energías renovables y tecnologías limpias.
• Modernizar y reutilizar las infraestructuras heredadas y crear nuevos activos para acelerar la integración de las energías renovables y las tecnologías limpias en el sistema energético.
• Reforzar las cadenas de suministro mundiales para garantizar materias primas, componentes y competencias laborales esenciales.
• Descarbonizar los sectores de la industria y el transporte, invirtiendo en nuevas tecnologías, como las soluciones de hidrógeno para la energía y la captura, o para la utilización y almacenamiento de carbono.
• Limitar y mitigar la generación intensiva en emisiones para reducir la huella de carbono de los combustibles fósiles y disminuir el riesgo de activos bloqueados.
• Gestionar las dislocaciones económicas para promover la asequibilidad de la energía y crear oportunidades justas para las comunidades afectadas y en riesgo.
• Desarrollar marcos de remuneración, diseños de mercado y estructuras de contratación estables y atractivos para fomentar las inversiones en energías renovables y tecnologías limpias.
• Ampliar los marcos y normas para medir la intensidad de carbono de la energía y los productos finales y desarrollar una nueva economía mundial del carbono

El problema de la financiación y los riesgos que esto conlleva

Desde la consultora concedieron, no obstante, que lograr estos objetivos «exigirá que todas las partes interesadas tomen medidas decisivas y coordinadas». Y también obligará a una financiación que, anteriormente, se cifró en 4 billones de dólares al año a nivel global.

Una cifra que, en el caso de la Unión Europea, tal y como señalaron desde Scope Ratings, debería situarse en los 1.070.000 millones de euros al año, o lo que es lo mismo, el 7,4 por ciento del PIB de la UE.

Unas cantidades que representan «un rápido aumento de las inversiones de casi 400.000 millones de euros al año«, pero que plantea «riesgos fiscales en un contexto de debilitamiento de las perspectivas económicas y subida de los tipos de interés».

Riesgos, sin embargo, que desde la agencia avisaron que deberían quedar contrarrestados con «los beneficios a largo plazo de una acción climática contundente«.

«Por tanto, los gobiernos de la UE se enfrentan a una difícil disyuntiva», explicaron desde la agencia. Porque cumplir las ambiciones climáticas supone un coste fiscal inicial considerable y puede lastrar las finanzas públicas a corto y medio plazo.

Pero la opción restante, la de la inacción, puede ser aún peor, dado que «según el BCE, una transición desordenada reduciría el PIB en torno a un 25 por ciento de aquí a 2100″.

Un recorte que, en opinión de la consultora, «socavaría la sostenibilidad económica y fiscal de los países a más largo plazo, provocaría un aumento de las tensiones sociales y políticas y causaría un daño más persistente a su solvencia crediticia».

Llevar a cabo una transición energética ordenada, en consecuencia, apunta a ser la única opción viable para los líderes nacionales. Pero en estos momentos no se está haciendo, y emprenderla tiene unos costes que tardarán en recuperarse.