La ESG que confunde a ahorradores y compromete a los gestores
María Gómez Silva entrevista al presidente de Inverco, Ángel Martínez-Aldama, que valora, con visión crítica, el impacto de la nueva normativa de inversión ESG. Duración: 25 min
- 00:00 Introducción
- 05:57 Problemas de la ESG ‘mayorista’
- 12:09 La competencia desleal
- 24:06 El truco del green washing
Podcast presentado por M&G Investments: súmate a la evolución de la inversión.
Crónica relacionada con el podcast
El presidente de Inverco, Ángel Martínez-Aldama, ya avisó el pasado abril del mar de dudas que provocaría la puesta en marcha de la nueva Normativa sobre Mercados de Instrumentos Financieros, o MiFID, el conjunto de leyes y recomendaciones que la Unión Europea activó el pasado 2 de agosto para regular las inversiones ESG.
Y tan solo dos meses después del comienzo de la aplicación de este marco regulatorio, el líder de la asociación de instituciones de inversión colectiva se reiteró en su postura, al paso por los estudios de grabación de Social Investor.
«Es una pena que no hayamos podido fijar un calendario razonado, ordenado y cierto, porque todo el mundo queremos certidumbre en el marco jurídico», afirmó el presidente de Inverco.
Un lamento que se produjo porque, a ojos de Martínez-Aldama, Bruselas aceleró el arranque de un marco normativo que no es claro respecto a sus criterios.
Una falta de claridad que provoca la confusión entre los clientes, y pone en riesgo a las entidades a cargo de comercializar estos productos.
La política se inmiscuye en la inversión ESG
Martínez-Aldama quiso destacar que, en su opinión, el plan de acción climático iniciado por la Comisión Europea para fijar los criterios de la inversión sostenible está «plenamente respaldado por la industria de financiera en general, y de gestión de activos en particular».
El presidente de Inverco, sin embargo, apuntó que el desacuerdo entre la industria privada y las instituciones públicas puede estar produciéndose porque «los calendarios políticos inciden en las soluciones técnicas».
«La Comisión Europea tiene un calendario, habrá elecciones al Parlamento Europeo en 2024, y habrá un nuevo equipo de Gobierno en la Comisión, y quizá estos calendarios de corto plazo políticos condicionan algo que va más allá de una mera legislatura», señaló
El experto consideraba, por tanto, que esta posible prisa por parte de los reguladores deriva en un problema de aplicación práctica de las normas.
Y es que, desde el 2 de agosto, de acuerdo a Martínez-Aldama, se pone en manos de los clientes una decisión demasiado compleja al preguntarles por sus preferencias de sostenibilidad.
La importancia de hablar el mismo idioma
«El nivel de las preguntas es demasiado técnico, y creo que hay que aterrizar mucho más en la tierra porque la interacción con el cliente tiene que ser mucho más sencilla, con preguntas más básicas, sobre todo para clientes minoristas», reclamó Martínez-Aldama.
Una necesidad de asegurar que cliente y gestor hablan el mismo idioma, y que no se traslada al usuario la obligación de tener en cuenta hasta los detalles más técnicos de sus decisiones, que el presidente de Inverco ilustró con una buena analogía:
«Yo cuando abro un coche no abro el capó y me entero de cómo funciona el motor, me explican cómo hay que conducirlo, las reglas de tráfico y si hay que poner el intermitente a la izquierda o a la derecha. Y eso es lo que cuando uno compra un fondo tiene que entender, cuáles son los riesgos que puede llegar a tener, cuál es su porcentaje de inversión sostenible, en qué empresas invierte, y por qué».
Una idea que Martínez-Aldama indicó que debía tenerse muy en mente, sobre todo, porque hasta el 60 por ciento de sus clientes son inversores minoristas.
Las diferencias entre naciones europeas
Además de las dificultades técnicas que planteas las preguntas de inversión actuales, el siguiente motivo esgrimido por Martínez-Aldama para justificar la dificultad que tendrán los clientes a la hora de discernir si una empresa cumple con criterios ESG o no, es simple.
Lo que puede considerarse como sostenible en Italia, por ejemplo, puede no serlo en España.
«A nivel de Europa vemos países que tienen al 100 por cien de sus fondos registrados como fondos sostenibles en sus entidades supervisoras, y de hecho, en España, estamos en torno al 23 o al 24 por ciento», detalló el presidente de Inverco.
El problema, asimismo, es que gracias al pasaporte comunitario, «los fondos registrados en un país automáticamente se comercializan en cualquier otro país de la UE».
El resultado, por tanto, es que un cliente podría apostar por fondos que en otro país se consideran sostenibles, y en España no.
¿Y las consecuencias de estas disparidades? El greenwashing, y que los clientes se sientan defraudados.
Un greenwashing involuntario
«La mejor vacuna contra el greenwashing, que se utilice el concepto sostenible cuando verdaderamente no se está invirtiendo en empresas sostenibles, es que haya una normativa clara y que haya datos sobre el margen y porcentaje de sostenibilidad de las empresas en que invertimos», aclaró Martínez-Aldama.
«Lamentablemente, no es así y, por lo tanto, yo creo que ninguna entidad, ni las gestoras, ni las que distribuyen productos, quieren tener ningún problema de reputación y ser acusadas de prácticas de lavado de sostenibilidad», agregó.
Unas acusaciones que también podrían derivar en «un riesgo de defraudar a los clientes en sus aspiraciones medioambientales», a ojos del experto.
Unos clientes que «con su dinero, con un ahorro que cuesta tanto tenerlo, puede ayudar y poner su granito de arena para transformar el mundo», pero al que, si las definiciones no están claras, se le puede ocasionar «un perjuicio que puede reclamar a la entidad que le ha vendido ese producto sostenible».
Por esa razón, para defender tanto a clientes como a las entidades encargadas de ofrecer estos productos, Martínez-Aldama repitió su petición de que se hagan las cosas «más sencillas», y con «calendarios razonables».
«No podemos empezar una carrera y poner la quinta marcha o la sexta, vamos marcha a marcha. Creo que los supervisores son conscientes de ese problema, pero quizá no los reguladores», concluyó el experto.
