El activismo abraza la propuesta climática de la SEC en Estados Unidos

La propuesta de la SEC para tener un mayor control sobre la divulgación climática de las cotizadas ha suscitado consenso entre el activismo accionarial.

La nueva normativa que quiere implementar el supervisor bursátil de Estados Unidos ha sido recibida como un paso histórico por parte de los mayores fondos activistas del mundo. 

El plan de la SEC, parte de la revolución verde en la que trabaja la Administración Biden, amplía el volumen de datos sobre emisiones y programas de descarbonización que exigirá a las empresas que coticen en Wall Street.

Alineada con Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD), el activismo considera que la estrategia cumple con la demanda de los inversores.

Paso histórico para conocer mejor los riesgos

La plataforma Ceres acogió “con beneplácito” los nuevos requerimientos. Ceres, una red de 200 inversores institucionales con 47 billones de dólares en activos bajo gestión, es la principal impulsora de otras iniciativas como Climate Action 100+ o la Net Zero Asset Managers, claves para marcar los objetivos de la transición hacia una economía baja en carbono.

“La SEC finalmente está atendiendo las llamadas tanto de inversores institucionales, como empresas, reguladores y el público”, dijo en una carta Mindy S. Lubber, directora ejecutiva de la plataforma y antigua funcionaria de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) estadounidense.

A su juicio, la propuesta permite a inversores y empresas abordar mejor los riesgos financieros relacionados con el cambio climático, y permitirá aprovechar las oportunidades que surgirán cuando se produzcan actuaciones para mitigar esos riesgos.

“Esperamos apoyar el trabajo de la SEC para desarrollar una divulgación climática más sólida y satisfacer las necesidades del mercado”, apostilló Lubber.

El adjetivo ‘histórico’ ha estado presente en la mayoría de respuestas del activismo, pero a su vez las plataformas reclaman más presión.

Más esfuerzos

En esos términos se pronunció Engine No.1, uno de los fondos que más ha presionado en los últimos años a las grandes petroleras globales –especialmente a las ‘majors’ estadounidenses Chevron y Exxon-, argumentando que “si bien este es un paso histórico, queda mucho trabajo por hacer para abordar la crisis climática”.

“Elogiamos a la SEC por dar este importante paso para mantener a Estados Unidos seguro y competitivo en la economía del futuro”, señaló Carbon Disclosure Project (CDP), que fue pionero a la hora de recopilar datos medioambientales.

La plataforma, que contiene datos de 13.000 cotizadas que equivalen al 64 por ciento de la capitalización bursátil mundial, dijo que continuará elevando su propio listón de métricas, ya que “si bien la divulgación que exige el Gobierno federal nos beneficia a todos, no puede reemplazar la divulgación voluntaria de los inversores”, ya que esta brinda “conocimientos comparables y estandarizados”.

Uno de los puntos fuertes en los que el activismo coincide es en la exigencia, por primera vez, de divulgar los datos referentes a las emisiones Scope 3, aquellas que se generan en la cadena de valor de las empresas. Lo más habitual ha sido desvelar, siempre de forma voluntaria, las emisiones propias (Scope 1) y las derivadas de la compra de energía (Scope 2).

“La exclusión de las emisiones Scope 3 habría incentivado a las empresas a cambiar las emisiones de sus proveedores o clientes para dar la impresión de que reducen sus emisiones, aunque las de la cadena de valor podría haber crecido o mantenerse estáticas”, señaló en un comunicado Green Century Funds, una entidad de inversión que pertenece a la plataforma Ceres.

“Algunos de los mayores contaminadores del mundo han ponderado a la baja y tergiversado sus emisiones al excluir las Scope 3. La SEC está cerrando la puerta a este tipo de ‘greenwashing’”, añadieron los activistas.

Su predecesor saca pecho

Hasta ahora, la gran referencia para conocer la divulgación climática exigida a las empresas era el TCFD. Desde 2017, más de 3.000 empresas, equivalentes a 28 billones de dólares en capitalización de mercado, han respaldado este marco voluntario.

Cinco años después de su creación, sus impulsores se mostraron satisfechos con la propuesta de la SEC, ya que cumple con la vieja demanda de los inversores de transparencia “sobre cómo el cambio climático está afectando la economía mundial”, según afirmó Mary Schapiro, directora ejecutiva del TCFD, en una declaración institucional.

“Cuando los mercados tengan la información para valorar con precisión los impactos financieros, el capital se desplazará hacia las empresas que prioricen su resiliencia climática, la transición y la sostenibilidad. Aplaudo al presidente [Gary] Gensler y a la SEC por este importante paso para alinear a Estados Unidos con el resto del mundo”, añadió.

El consenso entre el activismo es claro y se ha hecho patente en su primera semana, pero el recibimiento entre los analistas también ha sido igualmente positivo.

“La propuesta es mucho más amplia de lo esperado, principalmente porque la SEC exige específicamente la divulgación de las emisiones Scope 3”, señala Jasmin Sethi desde Morningstar.

Según los analistas de la agencia de calificación, responsables del índice de medición ESG Sustainalytics, la importancia de la propuesta de la SEC reside en que obligaría a aproximadamente unas 4.000 empresas de Wall Street a marcar los riesgos climáticos como una prioridad, al tiempo que permitirá a los inversores “comparar más fácilmente las empresas entre sí”.

“La SEC está respondiendo a la mayor disparidad entre las divulgaciones públicas y lo que se incluye en estas presentaciones con una mayor atención en la calidad y la adecuación de esa divulgación”, apuntó Casey Herman, responsable global de ESG en PwC.

Mientras las empresas podrán revisar la propuesta hasta el próximo 20 de mayo, fecha límite para presentar sus respuestas, lo “importante”, de acuerdo al analista, es que “sigan centrándose en el cumplimiento de los requisitos actuales”.

De ser finalmente aprobada, la SEC seguirá un calendario paulatino para su implementación que se extenderá prácticamente hasta finales de la década.