La inversión de impacto levanta 2.400M€ en España

La inversión de impacto en España creció a doble dígito en 2021 hasta alcanzar un volumen total de 2.400 millones de euros, según el último informe presentado este martes por SpainNAB.

La cifra supone un aumento del 12 por ciento en comparación con el capital gestionado en 2020 por las empresas que forman parte del estudio. Respecto al tamaño total del año de la pandemia, el crecimiento es del 1 por ciento frente a los 2.378 millones de entonces.

SpainNAB espera que el sector siga creciendo este año “a un ritmo significativo”. Sus previsiones apuntan a que casi la mitad de los vehículos de inversión esperan un aumento superior al 5 por ciento, destacando especialmente las expectativas de los fondos de capital privado, uno de los productos destacados en el informe.

El capital privado crece un 33%

SpainNAB concluye que los fondos de impacto han sido una parte clave del crecimiento de este tipo de inversión ya que han “liderado prácticas” como la medición del impacto y el uso de métricas para calcular los retornos financieros.

Los activos bajo gestión de los fondos de capital privado crecieron en un 33 por ciento el año pasado hasta los 436 millones de euros. Suponen una cuota de mercado del 18 por ciento.

Además de estos fondos, existen otros productos para vehicular las inversiones de impacto. Y también registraron fuertes crecimientos.

La banca ética y social acapara la mayor parte del volumen de activos gestionado (68 por ciento) con 1.638 millones, aunque experimentó un crecimiento ligeramente por debajo, del 10 por ciento. El patrimonio de las fundaciones, un producto menor que aglutinan una décima parte de la cuota de mercado, se elevó hasta los 230 millones de euros.

«Hemos visto un movimiento del sector privado espectacular. Estamos todos alineados en un mismo compromiso de camino al impacto. Tan solo falta un actor imprescindible, necesitamos que se una el sector público para logar la tracción de cara a la recuperación económica y social», argumenta el presidente de SpainNAB, Juan Bernal.

“El estudio revela cómo el rol de la inversión pública es clave para catalizar la inversión privada”, destaca José Luis Ruiz de Munain, director general de SpainNAB.  “Estamos trabajando para que España pueda contar con una estrategia nacional que contribuya a movilizar capital privado a gran escala hacia la inversión sostenible y de impacto”, añade.

El perfil de las inversiones

Las inversiones de impacto se canalizan con un objetivo a corto y medio plazo. Así, un tercio del total incluye un horizonte de entre 2 y 4 años; otro tercio, de entre 3 y 6 años; y otro, hasta un máximo de 8 años.

Se buscan aquellas inversiones que, además de la tradicional exigencia del retorno financiero, busquen tener efectos positivos en los apartados sociales y medioambientales, dos de los criterios básicos sobre los que se cimenta la ESG.

En palabras de Pablo Valencia, participante en la presentación del informe y socio de QImpact, una joven gestora nacida en 2019 centrada en la inversión de impacto, se busca invertir en empresas “en fases de expansión y crecimiento para solucionar los retos sociales y ambientales de España”. Retos como el paro juvenil, el despoblamiento rural o la dinamización de la transición energética.

El informe arroja de la misma forma cómo está evolucionando la expectativa de rentabilidad entre la comunidad de inversores. Más de la mitad de los productos de inversión de impacto, el 56 por ciento, espera obtener un retorno financiero parecido al de productos que no apuesten por esta tipología.

Un 40 por ciento espera obtener retornos financieros, y solo el 3 por ciento espera quedar por encima del mercado.

Tomando como referencia los fondos de capital privado, una quinta parte de los encuestados en el estudio que esperan crecer este año considera que el aumento del capital gestionado podría ser de más del 50 por ciento en comparación con las cifras del 2021. 

Las entidades que han participado en el estudio reportaron el año pasado más de 512 millones de euros en nuevas inversiones; la mayor parte, procedente de préstamos de entidades de banca ética. Otra parte significativa, superior a 113 millones, correspondió a los fondos de capital privado.