El activismo social compite con los sindicatos

La junta de Sainsbury's vota una propuesta del activismo que trata de fijar una renta mínima vital para los trabajadores, adoptando como suya la lucha por el trabajo digno

Quien haya visitado o vivido en Londres sabe bien que no es una ciudad especialmente barata y es algo que el activismo social está teniendo en cuenta.

Tras meses de presiones desde una parte de sus accionistas, la junta de Sainsbury’s votará este jueves una propuesta que forzaría a la compañía a mejorar los salarios de sus trabajadores hasta unos niveles que denominan «real living wage»; es decir una nómina acorde al coste de la vida en sus lugares de residencia; entre ellas Londres.

La propuesta, apoyada por más de 100 accionistas individuales y liderada por ShareAction, ya provocó una mejora salarial para un grupo de empleados.

«La respuesta inicial de Sainsbury’s a la resolución fue aumentar el salario de sus empleados directos en las afueras de Londres, que estaban por debajo de las tasas de salario digno», explican desde este grupo activista, que, sin embargo, piden más.

«No llegó a trasmitirse a los trabajadores subcontratados», insiste el grupo que, añade, que «no hay seguridad de que los trabajadores de Sainsbury’s ganen lo suficiente para cubrir el costo de vida en el futuro».

En lucha por el trabajo decente

Es la primera vez que en Londres se vota una propuesta de este tipo y su éxito podría crear un precedente para que otras iniciativas similares vean la luz, afectando a la estructura de costes laborales de algunas compañías, a favor de lo que este grupo considera un ‘trabajo decente’; un enfoque ha estado ligado tradicionalmente a los gobiernos de izquierda o la lucha sindical.

Además, es un reto para la industria de la inversión colectiva, que sabe que va a ser escrutada por su decisión; algo que el propio ShareAction ya deja entrever.

El caso de Sainsbury’s puede crear un precedente para otras propuestas y señalará a las gestoras

«La votación del jueves también mostrará cómo se posicionan los principales accionistas de Sainsbury’s, en particular las grandes empresas de gestión de activos y los fondos de pensiones del Reino Unido muchos de los cuales afirman tener sólidas credenciales como inversores responsables», señala.

ShareAction realiza desde hace años un informe sobre cómo votan los grandes inversores institucionales las propuestas sociales y climáticas. En el último, incluyó la evolución de Santander Asset Management.

Con este precedente, los inversores institucionales se verán reflejados y hemos asistido a un previa. Por ejemplo, ShareAction especifica que gestoras como Coutts o Aviva ya habrían anticipado que la apoyarían, mientras que otras como Schroders habrían avanzado que la rechazarían.

La inversión responsable y algunos grandes inversores como BlackRock, más allá de lo medioambiental, han ido incrementando su sensibilidad hacia los criterios sociales en los últimos años.

Junto a los derechos humanos -una temática crítica desde hace años y que genera numerosas exclusiones-, el coronavirus y el impacto económico que tendrá la transición hacia la descarbonización han puesto de moda el concepto de ‘transición justa’, que las gestoras están incorporando en sus procesos de inversión.

En el propio origen de la inversión responsable, surgida en la Guerra de Vietnam, lo social fue un pilar estratégico.

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