La doble guerra de los supermercados
Las grandes cadenas de supermercados son víctimas y verdugos del activismo. Mientras que los inversores les exigen que mejoren los sueldos de los trabajadores, ellos se alían con el ecologismo. Doñana es un ejemplo
Aunque gran parte de la atención de los inversores ESG se centre en lo medioambiental, existen sectores mucho menos visibles envueltos en movimientos activistas. Y uno de los que está ganando peso en doble vertiente -la de verdugo y la de víctima- es la de los supermercados.
Mientras que el activismo financiero ha puesto en marcha una campaña para forzar a algunas grandes cadenas de supermercado del Reino Unido a mejorar las condiciones de sus trabajadores, un grupo de 23 firmas del sector, coordinadas por WWF, están dispuestas a entorpecer el plan de la Junta de Andalucía para ampliar regadíos en Doñana.
En los dos vértices de este movimiento se encuentra el gigante Sainsbury’s, que es tanto víctima de los grupos activistas en Londres, como firmantes de la carta que exigen a la Junta que se replantee la modificación del Plan Especial de los Regadíos situados al norte de la Corona Forestal de Doñana.
Sainsbury’s, Aldi, Spar o Tesco son algunas de las firmas que demandan cambios
«Nos preocupa que los cambios propuestos puedan socavar este objetivo y poner en peligro el Parque Nacional de Doñana«, señalan en la carta, que firman, además de Sainsbury’s, otras marcas como Aldi, Spar o Tesco, señalan las cadenas de supermercados en un comunicado.
Desde WWF explican a SOCIAL INVESTOR que, por el momento, no han obtenido respuesta y que lo que esperan es que la propuesta del gobierno de la Junta de Andalucía se modifique a lo largo de la tramitación parlamentaria. Por el momento «no se han estudiado otras medidas», señala Juanjo Carmona desde WWF.
Todas estas firmas podrían ser compradoras de fresa en Huelva y algunos medios han interpretado que la venta de producto a estas cadenas estaría en peligro si se legalizan los regadíos no autorizados que permitiría la nueva normativa de la junta.
«Doñana preocupa mucho a la Comisión Europea y es conocida fuera de nuestras fronteras, por lo que está teniendo mucha repercusión internacional», añade.
No es la primera vez que WWF se implica en esta causa. De hecho, durante la presidencia de Susana Díaz, la asociación ecologista también presionó a la socialista para que no modificara el Plan aprobado para Doñana en 2014.
En 2016, ante una oleada de manifestaciones del sector agrícola, la organización ecologista ya instó a la anterior presidenta andaluza a que no cediera a las presiones y evitara la legalización de estas explotaciones.
En el fondo de su presión se encuentra evitar poner en riesgo los acuíferos naturales de Doñana y su sobreexplotación. Bruselas también habría advertido a la Junta de Andalucía y al gobierno de Juanma Moreno sobre su proyecto.
La advertencia constaba en una carta, a la que tuvo acceso EFE, firmada por la directora general de Medio Ambiente del Ejecutivo comunitario, Florika Fink-Hooijer, y enviada al embajador permanente ante la Unión Europea (UE), Marcos Alonso.
Desde WWF justifican que no haya supermercados nacionales en la iniciativa activista contra la reforma del Gobierno andaluz en que no les habrían invitado a participar porque han optado por las firmas con las que colaboran más habitualmente.
«Estamos convencidos que si hoy les planteáramos el problema se sumarían», apunta Juanjo Carmona, portavoz de WWF.
De ecologistas a objetivo de los nuevos ‘sindicatos’
La otra vertiente activista que sacude al sector de los supermercados es totalmente diferente a las presiones ecologistas que están llevando en Doñana.
Después de que el año pasado algunos inversores institucionales se centraran en exigir a las cadenas que incluyeran más alimentación saludable dentro de su oferta, ahora han puesto en marcha una medida para exigir que los sueldos de sus empleados estén adaptados a las necesidades vitales de sus trabajadores.
Una coalición de inversores, coordinados por ShareAction, han presentado una propuesta de cara a la junta de Sainsbury’s en la que se plantea la necesidad de que la compañía pague a sus empleados lo que denominan «real living wage»; es decir una nómina acorde al coste de la vida en sus lugares de residencia.
La compañía cuenta con 189.000 empleados en su red de más de 600 supermercados en Reino Unido y habría ya elevado el salario por hora este año, pero, para los inversores, la cifra todavía se situaría por debajo de la media.
Por ello, instan a que la compañía se comprometa a:
- «Asegurar que todos los trabajadores directos, en todas las áreas de Londres y Reino Unido, reciban un salario equivalente al menos al coste de vida ahora y en el futuro»
- «Realizar un análisis (para julio de 2023) sobre los contratos firmados por terceras partes para conocer la proporción de trabajadores que reciben el salario mínimo en cada una de sus regiones y acordar un calendario para que los contratos se ajusten al coste de la vida»
- «Trabajar con las subcontratas para que los contratos con terceras partes para que todos los trabajadores cuenten con nóminas adaptadas al salario mínimo vital en julio de 2026 y fijen un suelo ligado al coste mínimo como norma»
