El activismo ensaya nueva estrategia en gobernanza

Equilibrio de poder. Bluebell Capital, que forzó un cambio de CEO en Danone, lanza otra iniciativa que busca igualar la influencia de los accionistas con menores derechos políticos en el consejo y crea un posible precedente

El activismo ESG está poniendo en marcha nuevas estrategias, que, si triunfan, podrían marcar pautas de cara al futuro. Bluebell Capital, que saltó a la fama por forzar la salida de Emmanuel Faber como CEO de Danone, ha puesto en marcha una nueva iniciativa; también ligada a la gobernanza, pero con un enfoque muy diferente.

Su objetivo en esta ocasión es la firma de artículos de lujo Richemont, que controla marcas como Cartier, a la que estaría exigiendo una reorganización interna de su consejo. Bluebell quiere dar presencia en el consejo a los accionistas de clase A, que gozan de menos derechos políticos y para ello exige a la compañía que incremente el número de consejeros, ahora en seis.

El objetivo de Bluebell Capital es que los accionistas de clase A y de clase B cuenten con la misma representación en el consejo de Richemont. Es una forma de compensarles, dado que en la junta tienen la batalla perdida.

Richemont está controlada por el multimillonario sudafricano Johann Rupert, que es un accionista de clase ‘B’. «La estructura dual da el presidente poderosos derechos de voto para dar forma a su gobierno estructura incluyendo su junta directiva», señala Bloomberg. Rupert controla el 10 por ciento del capital y el 51 por ciento de los derechos de voto de Richemont.

La estructura dual de acciones es poco habitual en España, pero podría ir ganando peso a medida que se implementen las acciones de lealtad, que ahora permite la ley y que, por ejemplo, ha tenido protagonismo en la oferta de compra de MFE-Mediforeurope sobre Mediaset.

Para los proxy, la inclusión de votos de lealtad es contraria a las mejores prácticas de gobierno corporativo y el año pasado, cuando por primera vez se pudieron proponer a la junta de accionistas, avanzaron que las posibles iniciativas que surgieran no se apoyarían, porque rompen la máxima de 1 acción, 1 voto. Grenergy fue la primera empresa española en activarlas.

El papel clave de los independientes

En un entorno en el que las empresas cotizadas están cada vez más concentradas en pocas manos, este tipo de iniciativas activistas podría ir a más y tener buena acogida entre los inversores.

En Richemont, al menos en el corto plazo, la campaña ha sentado bien. El nuevo pulso de BlueBell Capital se conoció el pasado lunes y las acciones de la compañía de lujo suizo suman aproximadamente un 6 por ciento esta semana.

En España, podría ser valorado positivamente que las empresas controladas por accionistas de referencia opten por un consejo con una mayoría real de independientes, con tasas del 60 por ciento; que sería la única manera de asegurar la ‘defensa’ del minoritario (y hablamos de grandes inversores institucionales) cuando los propietarios tomaran decisiones que pudieran afectar negativamente a sus intereses.

Una de las críticas que recibe la estructura de gobierno corporativo de las empresas españolas a nivel de gobernanza es la existencia de los consejeros dominicales; una figura que no está presente en otras jurisdicciones.

Y es un modelo que abre la puerta a que se debata. Los propietarios controlan una parte del consejo y a la vez definen el resultado de la junta. El poder del voto es algo que ha quedado muy claro esta temporada de juntas con el caso de Indra: el voto de varios accionistas ha sido suficiente para forzar la salida de varios consejeros.

Si esa influencia también está en el consejo -el caso de Richemont es así- los accionistas minoritarios o con menos derechos políticos se quedan desprotegidos completamente frente a las decisiones del equipo gestor y los propietarios. Un posible nuevo campo de batalla para el activismo ESG.

Ahora en portada