Los paisajes rurales de España, habitualmente asociados a entornos naturales y vacacionales, muestran ahora una imagen muy distinta. Durante semanas, varios incendios forestales de gran intensidad han recorrido distintas regiones del país, han cubierto el cielo de humo tóxico, han puesto vidas en peligro y han llevado al límite a los servicios de extinción. Francia sufre una emergencia similar.

Alrededor del 90 % de los incendios forestales comienza por una actividad humana. La expresión suele utilizarse cuando la chispa inicial procede de un cigarrillo mal apagado, una barbacoa o cualquier otro descuido, y no de un rayo.

Pero estos incendios también tienen un origen humano en otro sentido. El cambio climático ha creado las condiciones —sequías y olas de calor récord— para que una chispa se convierta en un incendio de enormes dimensiones.

Con abundante combustible, fuertes vientos secos y sin lluvia a la vista, las llamas alcanzan una intensidad extrema.

«Son incendios que arden con la intensidad de varias bombas atómicas y, por tanto, resultan extremadamente difíciles de apagar», señaló en un comunicado Víctor Resco de Dios, profesor de ingeniería forestal y cambio global de la Universidad de Lleida.

La intensidad de los fuegos no explica, sin embargo, toda la magnitud de la emergencia. Los incendios también están dejando al descubierto las carencias de España en prevención, personal y capacidad de respuesta.

Aviones insuficientes

A comienzos de julio, el diario El Mundo informó de que España solo tenía operativos siete aviones anfibios de élite, capaces de cargar directamente hasta 6.000 litros de agua de ríos, embalses y mares.

El Gobierno había prometido disponer de 14 aparatos y aseguraba contar con 10.

A esta revelación le siguió una petición de Hugo Morán, secretario de Estado de Medio Ambiente, para que los gobiernos autonómicos «racionaran» el uso de estos aviones, con el argumento de que la capacidad de respuesta debía administrarse con cuidado.

Resulta difícil comprender por qué se decide racionar la respuesta a una emergencia en curso que ya ha obligado a evacuar a más de 100.000 personas.

Madrid sin medios

La responsabilidad no recae únicamente en el Gobierno central.

La Comunidad de Madrid, gobernada por el Partido Popular, ha sido acusada por la oposición de financiar de forma insuficiente los servicios públicos —incluida la lucha contra los incendios— mientras reduce los impuestos a las rentas más altas.

El Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de la Comunidad de Madrid publicó un vídeo en el que aseguraba que el Gobierno autonómico no había financiado los vehículos y las herramientas necesarios para desempeñar su labor.

El servicio debería contar con una plantilla de 124 personas, pero le faltan 64 bomberos. Los 60 efectivos forestales que permanecen en activo denuncian que cobran menos que sus compañeros del resto del país y que han recibido equipos de protección individual caducados o ineficaces.

La emergencia muestra así una brecha entre el riesgo creciente de incendios y los recursos destinados a contenerlo. El cambio climático eleva la intensidad de los fuegos, pero la falta de personal, vehículos y equipamiento determina hasta qué punto las administraciones pueden responder.

Francia se agota

En Francia, la intensidad y la duración de los incendios también han dejado al descubierto la presión que soportan los bomberos.

No hay suficientes efectivos para responder a la magnitud de la emergencia. Las jornadas se alargan y los periodos de descanso se reducen.

Alrededor del 78 % de los bomberos franceses son voluntarios.

«Desde 2022, nuestra federación advierte de que 200.000 bomberos voluntarios no son suficientes y de que necesitamos llegar a 250.000, pero no avanzamos en absoluto en esa dirección», explicó Michaël Pacanowski, responsable del sindicato SPASDIS-CFTC, al diario Le Monde.

España y Francia se enfrentan a problemas distintos, pero comparten una misma tensión: los incendios se vuelven más intensos y prolongados mientras los servicios de extinción continúan dependiendo de plantillas y recursos dimensionados para un riesgo menor.

Europa al rescate

El mecanismo de protección civil de la Unión Europea, que facilita el intercambio de recursos y mantiene una reserva estratégica de aeronaves contra incendios, ha permitido reforzar la respuesta.

España ha recibido seis aviones procedentes de Grecia, Italia y Turquía, además de 134 efectivos y 41 vehículos enviados por Portugal.

Francia ha contado con siete aviones y cuatro helicópteros de la República Checa, Croacia, Alemania, Portugal, Eslovaquia, Suecia y Turquía.

La cooperación europea ha evitado que la falta de medios nacionales se convierta en una carencia todavía mayor. Pero también confirma hasta qué punto varios países dependen de recursos compartidos cuando los incendios coinciden en distintos puntos del continente.

El sistema ofrece apoyo ante emergencias concretas, pero puede quedar bajo presión si las olas de calor y los incendios afectan simultáneamente a un número creciente de Estados.

Un problema europeo

España y Francia no son los únicos países que han llegado mal preparados.

En el norte de Gales, un incendio declarado el 12 de julio ardió durante varios días antes de que se desplegara apoyo aéreo mediante un helicóptero de extinción.

El responsable de operaciones de Natural Resources Wales, el organismo público encargado del medioambiente de la región, explicó a la BBC que, aunque mantiene contratos con tres operadores de helicópteros, no hubo ninguna aeronave disponible hasta el viernes. Todos los aparatos estaban ya desplegados en otros incendios de Inglaterra y Escocia.

La escasez de medios deja de ser así un problema nacional. Cuando varios territorios sufren incendios al mismo tiempo, la capacidad compartida se reduce y la respuesta depende de un número limitado de aviones, helicópteros y especialistas.

Construir en riesgo

En EE. UU. y Canadá, el aumento de viviendas construidas en zonas propensas a los incendios ha abierto un debate sobre cómo desincentivar el desarrollo en los territorios más peligrosos y qué normas de diseño pueden proteger mejor las casas nuevas o reconstruidas.

Europa necesita extender esa conversación a este lado del Atlántico.

Las ciudades europeas continúan expandiéndose hacia zonas expuestas al fuego, mientras el cambio climático acerca el riesgo a áreas urbanas consolidadas.

Un informe publicado en abril por el Comité de Cambio Climático, el órgano asesor independiente del Gobierno británico, señala que el Reino Unido dispone de pocos datos sobre el número de propiedades expuestas a incendios forestales y carece de información sobre las medidas aplicadas en los edificios para reducir ese riesgo.

La adaptación no puede limitarse, por tanto, a ampliar los medios de extinción. También exige revisar la planificación urbana, las normas de construcción y la expansión residencial hacia territorios cada vez más vulnerables.

El desplazamiento llega

Los incendios actuales han obligado a evacuar a unas 335.000 personas entre España y Francia.

Durante años, se asumió que los desplazamientos provocados por el clima afectarían primero a los países pobres del sur global. Las imágenes de piscinas de viviendas vacacionales vaciadas para utilizar el agua contra el avance de las llamas deberían acabar con la idea de que los países desarrollados están protegidos.

El riesgo climático ya no se limita a ecosistemas o espacios rurales. Alcanza viviendas, infraestructuras, municipios y economías locales.

España ofrece una muestra especialmente clara. Los incendios no solo destruyen superficie forestal: obligan a evacuar poblaciones, deterioran la calidad del aire, interrumpen carreteras y ponen a prueba unos servicios públicos que ya operan con carencias.

La factura pendiente

Para controlar estos incendios —y los que inevitablemente vendrán después—, los bomberos necesitan equipamiento suficiente, formación actualizada y planes locales de prevención.

También requieren acceso a nuevas tecnologías, como sistemas capaces de detectar pequeños focos desde el espacio antes de que se conviertan en grandes incendios.

Todo ello exige dinero.

Los gobiernos que quieran proteger las vidas y los hogares de sus ciudadanos tendrán que asumir que la prevención, las plantillas y la adaptación climática ya no pueden tratarse como un gasto aplazable.

Los incendios que golpean España y Francia no son una excepción. Son la nueva realidad. España debe empezar a invertir como si lo fueran.

---

● Desde 1987, la revista Inversión ayuda cada mes a miles de inversores españoles a tomar grandes decisiones con análisis, estrategia y visión de mercado. Suscríbete a la edición en papel, con acceso web incluido, por 28,99 € el primer año (-42 %).