Las recetas del Reino Unido para acabar con el greenwashing
La Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido quiere reforzar su papel global en las finanzas verdes
El organismo de control financiero británico, la Autoridad de Conducta Financiera, o FCA por sus siglas en inglés, propuso esta semana nuevas normas para los fondos de inversión y sus gestores a partir de 2024, con el fin de evitar un greenwashing que lleve al engaño a los inversores.
Es decir, que la institución británica quiere marcar unas reglas claras, para que las afirmaciones exageradas o erróneas respecto a ciertas inversiones teóricamente respetuosas con el medio ambiente, no desvíen la financiación de los clientes hacia estas causas de dudosa credibilidad.
Y es que, como ya se explicó en numerosas ocasiones desde Social Investor, en los últimos años se destinaron miles de millones de euros en todo el mundo a inversiones en proyectos que se pavonean de sus credenciales medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG).
Pero las normas sobre lo que constituye una inversión ESG tienden a ser irregulares, creando un caldo de cultivo perfecto para aquellas entidades y personas dispuestas a capitalizar sobre esta tendencia de inversión, sin intención real de que su captación de fondos tenga un impacto sostenible.
La importancia de cortar el greenwashing en Reino Unido
El mercado de los fondos de inversión responsable que cotizan en el Reino Unido creció un 64 por ciento en 2021, hasta alcanzar los 79.000 millones de libras (90.9800 millones de euros), de acuerdo a los datos de la Autoridad de Conducta Financiera.
Ante estos datos, Gran Bretaña quiere reforzar su papel global en las finanzas verdes, y la FCA ha propuesto un paquete de medidas entre las que se incluyen «etiquetas de sostenibilidad» para los productos de inversión, pero también restricciones sobre el uso de términos como ESG, «verde» o sostenible.
De acuerdo a la propuesta presentada por la FCA, los productos de inversión sostenibles tendrán que llegar acompañados de información que ayude a los consumidores a entender las características clave de su sostenibilidad, y deberán disponer de un nivel más detallado de información sobre estos elementos para los inversores institucionales.
El Reino Unido, cabe destacar, no contaba hasta el momento con una regulación de este tipo, en contraste con una Unión Europea que, a pesar de las dudas que está generando la ley, sí cuenta con una regulación en este ámbito a través del MiFID verde, o los Estados Unidos, que llevan meses trabajando en este sentido.
Un primer paso para la batalla global
Lorraine Johnston, abogada financiera de Ashurst, afirmó que este paquete de medidas supone un cambio significativo en la retórica de incentivar el cambio de dirección del dinero hacia las inversiones sostenibles, al poner en el centro de la diana el objetivo de minimizar el riesgo de greenwashing.
«Las nuevas propuestas suponen una mayor carga para los gestores de fondos que intentan hacer lo correcto, pero que ahora se enfrentan a un batiburrillo de requisitos internacionales de información», explicó Johnston.
La FCA aseguró en la presentación de este nuevo marco que sus propuestas son un «punto de partida» para un régimen que se ampliará y evolucionará con el tiempo.
«El lavado verde engaña a los inversores y erosiona la confianza en todos los productos ESG», señaló Sacha Sadan, director de medio ambiente, social y gobernanza de la FCA.
«Esto sitúa al Reino Unido a la vanguardia de la inversión sostenible a nivel internacional», añadió.
Bajo estas medidas propuestas, cada empresa sería responsable de la forma en que utiliza las nuevas normas para clasificar un producto, lo que significa que no habrá un control directo de la FCA, pero que sí se permitiría que el organismo de control pudiera cuestionar la categorización de cualquier nuevo fondo presentado para su autorización.
La FCA declaró, asimismo, que continuará trabajando para intensificar los controles de los productos sostenibles, y reforzar su aplicación.
Las propuestas presentadas el 25 de octubre, por otro lado, pasarán por un proceso de consulta pública que estará abierta hasta enero. De acuerdo al calendario dispuesto, asimismo, las normas se ultimarán a mediados de 2023, pero no entrarán en vigor hasta junio de 2024, como mínimo, para que el sector tenga tiempo de adaptarse.
También habrá otra consulta sobre cómo aplicar el paquete a los fondos extranjeros, dado que muchos fondos vendidos en Gran Bretaña cotizan en países de la Unión Europea como Irlanda y Luxemburgo.
