Examen al mercado del carbono

El Consejo de Integridad del Mercado Voluntario del Carbono (ICVCM) publicó la semana pasada unas esperadas directrices destinadas a sanear el mercado no regulado de créditos de carbono. Ahora, busca la opinión del público para garantizar que estas compensaciones en las emisiones de carbono de las empresas estén a la altura de su verdadero potencial.

Por ello, el ICVCM abrió el periodo de consulta hasta el 27 de septiembre, buscando la aprobación del público para «proporcionar un medio creíble, riguroso y fácilmente accesible para identificar créditos de carbono de alta calidad, que generen un impacto climático real, adicional y verificable, con una alta integridad medioambiental y social».

Las compensaciones medioambientales a través de la compra de los créditos de carbono, cabe recordar, están sufriendo el escrutinio en los últimos meses, con organismos como la ESMA proponiendo el límite de sus compras, pero son un mecanismo ampliamente utilizado por las empresas para pulir sus credenciales ecológicas.

En 2021, por ejemplo, se vendieron más de 1.000 millones de dólares en compensaciones, y sus partidarios quieren que el mercado se multiplique por 50 para el final de la década. Pero eso solo puede ocurrir si las compensaciones se consideran una oferta creíble, razón por la cual el ICVCM quiere depurar este mercado.

La tarea, no obstante, no será fácil. Y es que el organismo de control está caminando por una fina línea «entre la ambición y el mantenimiento de la relevancia», explicaba Gilles Dufrasne, responsable de políticas de Carbon Market Watch, y miembro del panel de expertos de ICVCM.

Si se aplicaran criterios estrictos, «ningún crédito de carbono» cumpliría los Principios Básicos del Carbono (PCC) que publicó el ICVCM.

Las principales preocupaciones a la hora de abordar los créditos de carbono

Cada uno de los diez principios esbozados por el ICVCM aborda un punto de controversia en torno al mercado de créditos de carbono, que van desde las preocupaciones contables hasta su longevidad y transparencia.

Una compensación a través de estos créditos es un pagaré que, en teoría, representa una tonelada de emisiones de dióxido de carbono eliminada, o no añadida, a la atmósfera a cambio de un pago. Las empresas suelen utilizarlos para eliminar las emisiones de sus libros de contabilidad de carbono.

Desde que en 1988 se creara el primer proyecto de compensación en un bosque guatemalteco para compensar las emisiones de una central eléctrica de carbón estadounidense, las compensaciones se han derivado de cientos de tipos de proyectos diferentes: desde parques eólicos hasta la destrucción de refrigerantes.

El Acuerdo de París de 2015 las hizo aún más populares, y se pueden encontrar en todo tipo de proyecto, desde un fondo cotizado en bolsa hasta una cobertura de inversión. Algunos apuntalan las criptodivisas, mientras que otros se utilizan para hacer apuestas especulativas.

Esta experimentación, no obstante, dio lugar a abusos en el mercado.

Grandes empresas reclamaron compensaciones basadas en bosques que no corrían riesgo de deforestación. Las iniciativas de criptografía destinadas a absorber las malas compensaciones acabaron creando compensaciones peores.

El objetivo de transferir riqueza a los países pobres ha servido, en cambio, para que los intermediarios de los países ricos se queden con la mayor parte del botín.

Por eso, muchos participantes preferirían que el mercado de compensaciones estuviera regulado en lugar de ser voluntario.

«El mejor lugar para [estas normas] son los gobiernos», detallaba la presidenta de el ICVCM, Annette Nazaret. Pero hasta que los gobiernos den un paso al frente, «estamos haciendo todo lo posible para imitar lo que podría hacer una autoridad gubernamental aquí».

Las ECC están diseñadas para abordar estos problemas, pero hay lagunas preocupantes porque el ICVCM no adopta una postura clara sobre uno de los puntos más conflictivos de los mercados voluntarios de carbono actuales: cómo evitar que las entidades utilicen la misma compensación dos veces, o lo que se conoce como doble contabilidad.

Mientras que las normas de las Naciones Unidas impiden que dos países utilicen las mismas unidades, no hay nada que impida que un país y una empresa hagan doblete; el Consejo no tiene previsto hacer nada al respecto.

«Es decepcionante ver que otra organización más está jugando con la cuestión de si las empresas pueden o no compensar sus emisiones con las reducciones ya contabilizadas por los países», concedió Dufrasne.

La ICVCM tampoco va a regular quién puede hacer reclamaciones basadas en créditos aprobados, sino que se remite a una iniciativa hermana, la VCMI, que tiene sus propias limitaciones.

En efecto, esto significa que «uno puede utilizar un crédito aprobado por el ICVCM para un propósito expresamente rechazado por el ICVCM», señaló Danny Cullenward, director de políticas de la organización sin ánimo de lucro estadounidense CarbonPlan.

Los inversores y activistas en pos de los criterios ESG pueden ahora, al menos, dejar su opinión respecto a la forma de regular este mercado para que sea una herramienta de lucha real contra el cambio climático.