Desinversiones y exclusiones para castigar la guerra

El origen de la inversión responsable está muy ligado a un conflicto bélico, como fue la guerra de Vietnam. Con él surgieron las exclusiones y el golpe de estado en Birmania el año pasado generó muchas desinversiones. Un ejemplo de lo que puede pasar con Rusia

¿Deben volver las empresas de armamento a la ESG?

La industria de la inversión responsable se enfrenta a un reto tras el ataque de Rusia a Ucrania. Las consecuencias de este conflicto, que podrían ser muy relevantes si no se resuelve con rapidez y tratando de retomar la vía diplomática, puede forzar a las gestoras con enfoque sostenible a tomar decisiones, como aplicar desinversiones, aunque estos pasos serían individuales, porque no existe ninguna norma general.

Sin una regulación obligatoria, cada gestora desarrolla y aplica sus propias políticas respecto a cómo actuar ante conflictos armados, o en zonas donde se pueden estar violando los derechos humanos.

Una de las herramientas al alcance de los inversores responsables cuando se producen controversias de este tipo -el año pasado sucedió con el golpe de estado en Birmania– son las desinversiones.

Las gestoras presionan a sus participadas para que dejen de operar en países donde no se respetan los derechos humanos, pero es algo que no sucede de un día para otro, ya que suelen dar un tiempo a las empresas para que puedan plantearse desinversiones.

Las políticas de cada gestora son distintas, pero se podría repetir el modelo de Birmania

Los datos de Principles for Responsible Investment (UNPRI o PRI) demuestran «que el sector privado tiene un papel considerable en la contribución a la estabilidad y seguridad en áreas afectadas por conflictos y áreas de alto riesgo», señalan desde Spainsif.

Y, en el caso de Birmania, ese sentido de la responsabilidad parece que ha producido movimientos relevantes. Por ejemplo, la compañía de telecomunicaciones nórdica, Telenor, dejó de operar en el país tras el golpe de estado; una decisión que dañó sus resultados en 2021.

Su principal accionista es el estado de Noruega, que ostenta más del 50 por ciento del capital; y que es conocido por ser precursor de la ESG -un buen ejemplo es Norges, su fondo soberano-.

Al cierre de 2020 (los datos de 2021 todavía no se han publicado) Norges Investment Management exponía solo el 0,3 por ciento de su activos a Rusia (3.500 millones de dólares).

Pero el estado de Noruega no ha sido el único inversor público que se ha movido tras el golpe de estado en Birmania. El fondo de pensiones de Dinamarca P+ puso en revisión sus posiciones en once compañías por su exposición a Birmania, siguiendo una lista de empresas ‘señaladas’, elaborada por Justice for Myanmar.

Y el goteo de firmas que sale del país continúa. La compañía malaya Petrona, y la japonesa Mitsubishi han vendido sus participaciones en el proyecto energético Yetagun en Birmania durante el mes de febrero.

El conflicto con Rusia, podría tener consecuencias mucho más relevantes, pues su peso en la economía (y el de sus aliados) es mucho mayor y algunas empresas ya habían comenzado a marcar distancias antes del ataque del ejército ruso a Ucrania.

Glencore anunció hace pocos días que rompía su acuerdo histórico con la petrolera rusa Russneft, vendiendo su participación.

Por el momento, públicamente no ha trascendido que ningún peso pesado de la industria de la gestión de activos haya advertido de posibles desinversiones en deuda, acciones rusas o haya lanzado el aviso de que, si una determinada empresa mantiene su colaboración con el Kremlin, podría acabar fuera de su cartera.

Pero la huida de capitales del país es una realidad. El principal índice de la bolsa, el RTS, se dejó más de un 30 por ciento el jueves, tras el inicio de la invasión y la multiplicación de mensajes hablando (por ahora) solo de sanciones económicas.

Vietnam y el origen de la inversión responsable

La inversión ESG tradicionalmente se ha opuesto a los conflictos armados; de hecho se le considera uno de sus impulsores. «La inversión responsable tiene entre sus orígenes la reacción de los inversores a grandes controversias», explican desde Spainsif.

«Entre ellas destaca el caso de Estados Unidos en la década de 1960 donde surgieron los primeros fondos considerados en su momento ‘éticos’, como el Pax World Fund, que reaccionaba a la guerra de Vietnam, excluyendo la inversión en empresas que participasen en el sector del comercio de armas», recuerdan.

Un modelo que se ha quedado en el industria y que se percibe en la política de exclusiones; donde es muy habitual que las armas se queden fueran de las carteras de los fondos responsables.

En 2021, «la temática más evitada dentro de las organizaciones encuestadas son las inversiones en bombas de racimo y minas antipersona, con un 79 por ciento, seguido de armas de destrucción masiva, con un 67 por ciento», repasa Spainsif.

Ninguno de los fondos verdes oscuros de Pictet AM cuenta con exposición a Rusia

Los fondos más verdes, de hecho, siguen manteniendo las exclusiones en el eje de su política de inversión. Desde Pictet AM, que al cierre de junio era la gestora europea con más patrimonio bajo gestión dentro de fondos ‘verde oscuro’ (capítulo 9 del Reglamento de Divulgación), lo explican a SOCIAL INVESTOR.

«Pictet AM aplica desde 2011 la exclusión de empresas involucradas en armas controvertidas en todas sus estrategias gestionadas activamente», señala. Y, además, se ha implicado para que las exclusiones sean permanentes.

«En agosto de 2018, el grupo Pictet, miembro del Consejo de Finanzas Sostenibles de Suiza, encabezó una iniciativa de colaboración con Swiss Sustainable Finance, que promueve la inversión sostenible, destinada a eliminar a fabricantes de armas controvertidos de los principales índices de referencia», avanzan desde la gestora.

Su gama de fondos verde oscuro, que son todos temáticos (Biotech, Clean Energy, Global Environmental Opportunities, Global Thematic Opportunities, Health,  Human, Nutrition, Smart City, Timber y Water), no cuentan con exposición a Rusia.

Además, todos los productos que gestiona clasificados en los artículos 8 y 9 excluyen empresas con productos y servicios relacionados con «contratación militar de armas, productos y servicios relacionados y clientes militares y aquellas que incumplen gravemente los principios del Pacto Mundial de Naciones Unidas sobre derechos humanos», recuerda Pictet AM.

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