Los analistas desoyen las controversias de Iberdrola en ESG

Diciembre estaba siendo intenso para el departamento de comunicación de Iberdrola en materia corporativa. Hasta que la New Mexico Public Regulation Commission anunció su veto a la adquisición de PNM Resources por parte de Avangrid la semana pasada, la eléctrica había anunciado hitos, acuerdos y operaciones con las que impulsar su negocio verde y acelerar la descarbonización de sus negocios.

Así, el 6 de diciembre avanzaba que alcanzaría los 900 MW en almacenamiento en baterías con el Reino Unido y Australia sus principales mercados, después de difundir el día 2 la venta de su negocio de almacenamiento de gas en Canadá al Grupo ATCO y un día antes el acuerdo con H2 Green Steel para construir una planta de hidrógeno verde de 1.000 MW de capacidad instalada, con una inversión estimada en 2.300 millones.

Muchos pasos que parece que han convencido a los analistas para obviar -al menos por el momento- empeorar su recomendación sobre los títulos de Iberdrola. De acuerdo con Bloomberg, ninguna firma de análisis aconseja en este momento deshacer posiciones en la eléctrica.

Ningún banco de inversión aconseja vender los títulos de Iberdrola tras la crisis en Nuevo México

Es más, las que recomiendan adquirir acciones -un 66,7 por ciento- son mucho más numerosas que las que solo aconsejan mantener -un 33,3 por ciento- y no ha llegado ninguna recomendación negativa tras el veto a la operación de compra de PNM Resources.

Esta confianza en Iberdrola o es sinónimo de que el impacto en el negocio –aunque afecte a su plan estratégico es compensable con facilidad- o dudan de que las investigaciones legales vayan a persistir o de que la suspicacia generada por las controversias en materia ESG del gigante del IBEX sean realmente relevantes, aunque la propia Iberdrola sí parece que está preocupada.

De acuerdo con diversos medios, entre ellos La Información o Expansión, la eléctrica estaría pidiendo celeridad al juez que investiga a Ignacio Sánchez Galán y a otros ejecutivos del grupo por el Caso Villarejo para que agilice el proceso ante los daños reputacionales a los que se expone la empresa.

Si las argumentaciones aportadas por la New Mexico Public Regulation Commission sientan un precedente, Iberdrola podría encontrar problemas para crecer en Estados Unidos en el futuro complicando más su propia hoja de ruta.

Otros países, asimismo, podrían fijarse en estas argumentaciones para dificultar la expansión de Iberdrola o sus filiales. Hasta el momento, y a pesar de que Galán fue imputado el pasado 23 de junio, no se había encontrado con ningún problema.

De hecho, el propio Boris Johnson, primer ministro del Reino Unido, se reunió con Galán a mediados de octubre, cuando la eléctrica se encontraba en pleno tira y afloja con el Gobierno español por el Decreto para controlar la subida de los precios de la luz, que perjudicaba la rentabilidad de las energías renovables, y tras un verano complicado por el ‘vaciado’ de pantanos para producir más energía hidráulica.

Los inversores tampoco están castigando con fuerza la cotización. Este lunes, los títulos rebotaron cerrando tres días consecutivos de descensos. Sin embargo, todas las ventas se han producido sin grandes volúmenes de negocio, lo que pone de manifiesto que la salida de institucionales no ha sido significativa.

Las valoraciones y la reputación

Además de las dudas generadas por el proceso legal abierto en España alrededor del Caso Villarejo y por el que el presidente de Iberdrola está siendo investigado así como otros ejecutivos, como el ex numero dos y que sigue siendo miembro del consejo de administración, Francisco Martínez Córcoles, otra de las argumentaciones contra la operación es la calidad del servicio de Avangrid.

Dos factores ESG, que, además, tendrán repercusión en el negocio por la evolución de los acontecimientos en Nuevo México y que deberían reflejarse en las valoraciones.

De acuerdo con EFFAS (The European Federation of Financial Analyst Societies), determinadas malas conductas afectan, por ejemplo, a la capacidad de las empresas de obtener contratos y eso puede provocar un daño a medio y largo plazo para el negocio.

En las modelizaciones de los analistas ESG, las controversias que tengan que ver con la gobernanza o que cuestionen la independencia del consejo deberían trasladarse en una prima de riesgo más alta; y, por tanto, a un valor empresa más reducido.

La resolución para Iberdrola no paree inminente. El juez que instruye el Caso Tándem, por el momento, no parece dispuesto a ceder a las peticiones de la compañía.

Este lunes se conocía que la sala de lo penal de la Audiencia Nacional había desestimado el recurso en el que la compañía pedía que se declarase la nulidad de los actos procesales que tuvieran lugar en la pieza 17 del denominado «caso Tándem» entre el pasado 27 de mayo y el 25 de junio.

Con este paso, además de mantener las imputaciones, también lo hacen las futuras declaraciones ante el juez el 18 de enero de Sánchez Galán y del que fuera presidente de Iberdrola España Fernando Becker. Un día antes tendrán que declarar el director general de negocios, Francisco Martínez Córcoles, y el exjefe del Gabinete de Presidencia Rafael Orbegozo.

Esta situación no ayuda a cerrar la crisis reputacional que sufre Iberdrola y que ha servido de argumentario a Nuevo México para frenar a Avangrid. La estructura de gobierno corporativo de la eléctrica, con máxima concentración de poderes en Galán, tampoco ayuda a eliminar los factores de riesgo a su alrededor.

El hándicap de la concentración de poder

Aunque la eléctrica ha realizado algunos cambios en el consejo en los últimos meses, Galán concentra tanto el cargo de consejero delegado, como de presidente; una suma de poderes que no se considera una buena práctica en términos de gobernanza y que -según Nuevo México- es un factor a considerar para vetar una operación de adquisición.

Los accionistas no pudieron pronunciarse sobre la imputación del principal ejecutivo de Iberdrola o de alguno de sus ejecutivos -se produjo pocos días después de la junta de accionistas por lo que fue un tema que no se reflejó en las recomendaciones de los asesores de voto sobre los puntos del orden del día-, pero el consejo rápidamente respaldó a su presidente y consejero delegado.

Este movimiento ha abierto algunas suspicacias alrededor de la independencia del consejo. Para los proxy, una de las claves de la independencia es que los consejeros independientes no estén sobre remunerados.

De hecho, las retribuciones fueron una de las temáticas que generó más controversia en la temporada de juntas en España este año. En términos generales, las compañías españolas no se caracterizan por pagar poco a sus consejeros.

De los datos de Corporance-Proxinvest se desprende que serían de las más altas entre los 16 países que cubren, al percibir 240.000 euros anuales frente a los 135.000 de media con los que retribuyen Irlanda, Alemania o Italia.

El récord lo posee Suiza, con 400.000 euros. Austria sería la más austera, con retribuciones de unos 50.000 euros y Francia, Portugal y los Países Nórdicos se ubicarán entre 80.000 y 90.000 euros.

La dispersión es menor por sectores. El sueldo medio es de 125.000 euros y los dos vértices los ocuparían software y servicios (95.000 euros) y banca (185.000).

Pero el consejo sigue apoyando a Galán. Si no con un discurso público, sí con compras de acciones. Es el paso que han dado Juan Manuel González Serna, vicepresidente primero de la compañía y coordinador del consejo, y Xabier Sagredo Ormaza, consejero y presidente de la Fundación BBK. Ambos son independientes.