La UE necesita dinero para afrontar los costes originados por la crisis derivada de la pandemia y por la que se avecina tras el ataque de Rusia a Ucrania. Para obtenerlo quiere iniciar este año la implantación progresiva del impuesto de transacciones financieras (ITF), conocido como tasa Tobin, cuyo potencial recaudador estima en 35.000 millones de euros anuales. 

El tributo se aplicaría de forma coordinada en diez países, los cinco que ya lo han implantado de forma unilateral, Francia, Grecia, Italia, Bélgica y España, más Austria, Alemania, Portugal, Eslovaquia y Eslovenia. 

Con el ITF Bruselas pretende gravar con un 0,1 por ciento las operaciones de compraventa de acciones de cotizadas europeas, un porcentaje inferior al 0,2 por ciento que grava en España la compra de acciones de empresas nacionales cuya capitalización supera los 1.000 millones de euros.   

La medida no convence al mercado

La implantación del impuesto de forma armonizada en Europa no convence a los expertos. «El encarecimiento que se va a producir en la compraventa de acciones europeas puede desviar las inversiones a otros mercados que no tengan la tasa. Además, estas empresas tendrán mayor dificultad en financiar sus proyectos de inversión, lo que puede generar menor crecimiento del PIB europeo y aumentar el desempleo», señala Javier Collado, profesor de la Udima.  

Pero no serán los únicos problemas. Antonio Castelo, estratega de iBroker, reconoce que una igualdad en el tributo en todos los países de la UE no dejará de ser a corto plazo un «peor para todos». «Añadiría una nueva dificultad para obtener resultados en unos mercados de los que los inversores van a salir hacia otras zonas geográficas con mayores expectativas», apunta.  

No obstante, puede ser positivo para España, ya que al aplicarse en toda la UE «difuminará la barrera de entrada al mercado español», reconoce Eduardo Gracia, vicesecretario de la Asociación Española de Asesores Fiscales.   

Uno de los inconvenientes que ha generado la tasa en España y que puede replicarse en los países que la adopten es la caída de la negociación de las cotizadas gravadas. El año pasado la bolsa española cerró con un volumen negociado en renta variable de 378.120,9 millones, un 11,9 por ciento menos que en 2020, y el nivel más bajo de los últimos 22 años.  

Fuentes de BME creen que este impuesto «ha supuesto una penalización sobre la liquidez de las empresas afectadas y un efecto inducido sobre la liquidez general del sistema bursátil español al restarle atractivo a sus principales empresas frente a activos comparables de otros mercados no sujetos al impuesto».   

Tasa española vs tasa europea 

El ITF diseñado por Bruselas presenta diferencias respecto al español. La primera es que aplica una tasa del 0,1 por ciento a las operaciones de compraventa de acciones, cuando en España se aplica el 0,2 por ciento solo a la compra. Además, la tasa de la eurozona gravará con un 0,01 por ciento las transacciones con derivados y la de España no. 

En lo que sí pueden coincidir es en que la recaudación obtenida será menor de la esperada, aseguran los analistas. Bruselas prevé lograr ingresos entre los 30.000 y 35.000 millones, con los que hacer frente a la deuda originada por el lanzamiento de los fondos Next Generation EU, una cuantía muy poco probable de alcanzar a juicio de Collado debido a que disminuirán las transacciones financieras, lo que «generará menos ganancias patrimoniales por la compraventa de acciones y, por tanto, menor recaudación en el IRPF y en el impuesto de sociedades». 

Así ha pasado en España. Hacienda esperaba recaudar 850 millones en 2021 e ingresó hasta noviembre 288, solo el 33,8 por ciento de lo previsto. Otros impuestos similares implantados en más de 40 países han tenido «un éxito muy cuestionado», reconoce Ana Mayo, socia de finReg360, por lo que «es altamente probable que no se lleguen a las estimaciones de recaudación previstas por Bruselas».

 Una tasa que penaliza a 57 cotizadas españolas

Este año serán 57 las cotizadas españolas gravadas por la tasa Tobin, el número es el mismo que el año pasado, pero la composición de la lista ha cambiado. 

Entre las nuevas incorporaciones están Línea Directa y Acciona Energía Renovables, que debutaron en 2021 en el parqué. Además de Metrovacesa, Cementos Molins y Aedas Homes, cuya capitalización ha superado los 1.000 millones.  

Las que en 2022 se libran del gravamen son Faes Farma, cuya capitalización ha bajado de los 1.000 millones de euros, y Euskaltel, que dejó de cotizar en bolsa el pasado verano tras la opa de MásMóvil.  

Las empresas sujetas al impuesto sobre las transacciones financieras son aquellas cotizadas españolas que poseen una capitalización bursátil superior a los 1.000 millones de euros, cuyas operaciones de compra de acciones son gravadas con un 0,2 por ciento.  Entre ellas están todas las cotizadas del IBEX 35, a excepción de Arcelormittal por ser de nacionalidad extranjera, más 23 del Mercado Continuo. 

Tampoco Airbus forma parte de la lista, ya que, a pesar de cumplir con los requisitos de capitalización, es de titularidad francesa.