El dato que revela la debilidad de la inversión sostenible en España
Un informe académico analiza los fondos artículo 9 y detecta grandes obstáculos regulatorios. La industria evita la categoría más exigente de sostenibilidad por su mayor escrutinio
La inversión más exigente en sostenibilidad sigue teniendo un peso muy reducido en España. En concreto, solo el 0,6 % del patrimonio de los fondos registrados en el país puede considerarse «verde oscuro», es decir, encuadrado en el artículo 9 del reglamento europeo de divulgación de finanzas sostenibles.
Esa es una de las principales conclusiones del informe «Dark Green. Análisis de los fondos artículo 9 españoles», elaborado por la Cátedra de Finanzas Sostenibles de la UPF Barcelona School of Management, en colaboración con Gabeiras y Triodos Bank, y presentado en el último episodio del pódcast Social Investor.
«A la legislación actual le faltan cosas para que las gestoras se sientan cómodas clasificando sus productos como artículo 9. Es más fácil cumplir con un artículo 8 —que es menos exigente— y no estar sometido al escrutinio del público y de los reguladores. Es un principio de prudencia», explicó Cristina Martínez, jefa de producto de inversión en Triodos Bank.
Martínez participó en el pódcast para explicar esta y otras conclusiones del estudio, que analiza las estrategias de estos productos. El informe concluye que, aunque los fondos de artículo 9 están diseñados para perseguir objetivos de sostenibilidad explícitos, persisten desafíos relevantes en términos de comparabilidad entre fondos, consistencia en las métricas de impacto y coherencia en algunas carteras.
Revisión de la regulación europea
Precisamente para abordar estos retos, la Comisión Europea prepara una revisión de la regulación conocida como SFDR (por sus siglas en inglés), con el objetivo de simplificar el actual sistema de clasificación de productos sostenibles y reforzar la protección del inversor.
En concreto, Bruselas estudia sustituir o reformular las actuales categorías —como los fondos de artículo 8 y artículo 9— por un esquema de etiquetas más claro, que facilite la comparación entre productos y reduzca el riesgo de greenwashing.
El objetivo es reforzar la credibilidad de la industria europea de inversión sostenible en un momento en el que el sector busca demostrar su impacto real. Según Martínez, la revisión de la normativa avanza en la dirección correcta, aunque todavía presenta aspectos susceptibles de mejora.
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