Ferrovial (BME: FER), una de las grandes constructoras y gestoras de infraestructuras de España, atraviesa una etapa de revisión crítica de su historial judicial y reputacional. Diversas resoluciones de los tribunales y de organismos reguladores han acreditado en los últimos años prácticas empresariales que van desde pagos a partidos políticos hasta participación en cárteles de contratación pública. Aunque en muchos casos la compañía ha evitado condenas firmes —en ocasiones por prescripción o ausencia de pruebas directas contra sus máximos responsables—, el patrón es ya una constante en su trayectoria reciente.

Mientras los tribunales españoles avanzan en la investigación de nuevas tramas de supuesta corrupción institucional —como el llamado caso Montoro—, el nombre de Ferrovial vuelve a aparecer vinculado a estructuras de poder político, lobismo opaco y adjudicaciones bajo sospecha. El contexto actual invita a analizar cómo ha evolucionado la empresa en las últimas dos décadas, y qué consecuencias reales han tenido los distintos episodios judiciales en su gobernanza, cotización y estructura societaria.

Un caso emblemático: Palau de la Música y comisiones a Convergència

Uno de los escándalos más conocidos que implicaron a Ferrovial fue el caso Palau, resuelto judicialmente en 2018. Según la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, entre 1999 y 2009, Ferrovial realizó pagos a través del Palau de la Música para financiar de forma encubierta al partido político de Jordi Pujol, Convergència Democràtica de Catalunya (CDC).

El esquema descrito por la Fiscalía Anticorrupción indicaba que Ferrovial destinaba hasta el 4 % de las adjudicaciones públicas obtenidas en Cataluña al partido, utilizando como canal intermediario los gestores del Palau. Las obras implicadas incluían infraestructuras estratégicas como la línea 9 del metro de Barcelona y la Ciudad de la Justicia.

Aunque dos ex directivos de la compañía fueron absueltos por prescripción, el tribunal dio por probada la existencia de las comisiones y la connivencia con el partido político. En el plano reputacional, el caso Palau marcó un antes y un después en la percepción de la compañía en Cataluña y fue citado en múltiples informes de organismos internacionales sobre financiación ilegal de partidos.

Prácticas anticompetitivas: cárteles sancionados por la CNMC

Más allá de la corrupción política, Ferrovial ha sido objeto de múltiples resoluciones administrativas por participación en cárteles empresariales. En 2022, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) multó a la compañía con 38,5 millones de euros por integrar un entramado de constructoras que, durante más de 25 años, se repartieron licitaciones públicas de gran escala.

Según la CNMC, entre 1992 y 2017, Ferrovial y otras grandes constructoras intercambiaron información confidencial para amañar ofertas y repartirse los contratos de obra civil del Ministerio de Fomento y otras administraciones públicas. Las reuniones para coordinar precios, excluir competidores y simular concurrencia competitiva estaban documentadas en correos electrónicos y actas internas.

Ferrovial negó su responsabilidad y presentó un recurso ante la Audiencia Nacional, que todavía se encuentra en fase de resolución. En paralelo, la empresa logró la suspensión cautelar del pago de la sanción, alegando posibles vulneraciones de forma en el expediente.

No se trataba de un caso aislado. En años anteriores, filiales como Cespa (residuos) o Ferroser (servicios) también fueron sancionadas por su participación en acuerdos anti competitivos en licitaciones locales, regionales y estatales. En total, las sanciones acumuladas por Ferrovial y sus sociedades superan los 45 millones de euros en la última década.

Pagos a asesorías políticas: el caso Montoro

El caso más reciente que afecta a Ferrovial gira en torno al llamado caso Montoro, abierto en 2025 por el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional. En el marco de esta investigación, el despacho Equipo Económico, fundado por el ex ministro de Hacienda Cristóbal Montoro, habría cobrado más de 31 millones de euros de empresas privadas entre 2012 y 2015 para influir en decisiones normativas favorables.

Ferrovial figura entre las empresas que contrataron los servicios de Equipo Económico, abonando al menos 584.000 euros por labores de consultoría asociadas a la tramitación del plan de pago a proveedores impulsado por el Gobierno del Partido Popular.

Según el sumario, la sospecha es que esas asesorías encubrían pagos para asegurar trato preferente en la elaboración de normas fiscales, financieras o contractuales. La investigación se encuentra aún en fase preliminar, pero el ex ministro y varios ex socios del despacho han sido ya formalmente imputados por tráfico de influencias, cohecho y organización criminal. Ferrovial, de momento, no ha sido acusada formalmente, pero ha sido llamada a declarar como persona jurídica colaboradora.

Cotización bursátil y percepción del mercado

Pese a la recurrencia de estos casos, la cotización bursátil de Ferrovial se ha mantenido sólida. A lo largo de los últimos diez años, la compañía ha experimentado un crecimiento sostenido, respaldado por su diversificación geográfica y de negocio, especialmente en autopistas, aeropuertos y proyectos concesionales a largo plazo.

El mercado ha interpretado estos escándalos como problemas heredados, ya que muchos de ellos se remontan a más de una década. Además, la estructura societaria y el foco internacional de la empresa —con fuerte presencia en Estados Unidos, Canadá, Polonia y el Reino Unido— han mitigado los efectos adversos sobre su valoración.

El traslado de la sede social a Países Bajos en 2023, interpretado como una estrategia de optimización fiscal y acceso a mercados de capital internacionales, no afectó significativamente su cotización, aunque generó controversia política y mediática en España.

Gobernanza familiar y blindaje institucional

Ferrovial sigue bajo el control del núcleo familiar fundacional. Rafael del Pino Calvo‑Sotelo, presidente del grupo, mantiene aproximadamente un 20 % del capital. Otros miembros de la familia elevan el control efectivo por encima del 40 %, lo que confiere estabilidad accionarial pero también concentración de poder.

El grupo de control ha mantenido una postura defensiva frente a las investigaciones judiciales. A diferencia de otras empresas del sector, Ferrovial ha evitado comentar públicamente los procedimientos abiertos, escudándose en la presunción de inocencia y en la autonomía de sus filiales y ejecutivos.

La empresa ha reforzado en los últimos años sus políticas de compliance y ha creado comités internos de integridad y control de riesgos legales. No obstante, la persistencia de investigaciones plantea interrogantes sobre la eficacia real de esos mecanismos y su independencia frente a la alta dirección.

Con todo, Ferrovial acumula un historial de conflictos legales que, aunque dispersos y en parte prescritos, trazan un patrón inquietante de relación entre empresa y poder político. Desde los pagos a CDC en Cataluña hasta los recientes vínculos con consultoras de influencia normativa, la compañía ha transitado durante años la delgada línea entre lobby legítimo y corrupción institucional.

La solidez financiera y la diversificación internacional le han permitido capear el temporal en los mercados, pero su reputación como actor transparente y ético en el ecosistema empresarial español ha quedado erosionada. A medida que avanzan las nuevas investigaciones, y con una atención judicial creciente sobre las estructuras de poder que operaron en la última década, Ferrovial deberá demostrar que ha dejado atrás esas prácticas y que su futuro está desvinculado de los errores del pasado.

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