La COP31 busca en la electricidad un acuerdo que se resiste con el petróleo
Turquía y Australia proponen que la electricidad cubra el 35 % del consumo final de energía en 2035, frente a poco más del 20 % actual
Turquía y Australia llevan a la cumbre del clima de Antalya una propuesta que cambia el punto de partida de la negociación. A los países les cuesta acordar cuándo dejarán de utilizar el carbón, el petróleo y el gas. Quizá les resulte más fácil ponerse de acuerdo sobre qué los sustituirá. La propuesta de la COP31 es que, en 2035, la electricidad cubra el 35 % de la energía que consumen los hogares, el transporte y las empresas. Hoy representa poco más del 20 %.
La cumbre de Naciones Unidas reúne en la ciudad turca a unos 80 líderes mundiales y estrena un reparto de funciones: Turquía ejerce de anfitriona y Australia dirige las negociaciones. Los gobiernos llegan con otras preocupaciones, desde las guerras hasta la pérdida de confianza en la democracia. El clima, sin embargo, les obliga a sentarse a la misma mesa. Ningún país puede protegerse del calentamiento solo con reducir sus propias emisiones.
¿Para qué sirve una cumbre del clima?
Cuando en los años ochenta se afianzó el consenso científico sobre el calentamiento del planeta, los gobiernos empezaron a negociar una respuesta común. En 1992 firmaron en Río de Janeiro la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. De aquel acuerdo nacieron las conferencias de las partes, conocidas por sus siglas, COP. La de Antalya es la trigésima primera.
Tres décadas de negociaciones han contribuido a cambiar el rumbo de las emisiones, aunque no al ritmo necesario. En 2025, las emisiones mundiales apenas variaron. El dato encierra dos tendencias opuestas: disminuyeron las emisiones asociadas a los incendios forestales y a los cambios de uso del suelo, pero siguieron creciendo las procedentes de los combustibles fósiles.
La retirada de Estados Unidos complica las conversaciones. Los gobiernos tampoco han logrado acordar cuándo se publicará el próximo gran informe científico que debe orientar sus decisiones. Para entender lo difícil que resulta avanzar, basta pensar en quiénes tienen que dar su visto bueno. Los acuerdos se adoptan por consenso entre más de 190 países. Un Estado del golfo Pérsico cuyos ingresos dependen del petróleo y un país insular del Pacífico amenazado por la subida del nivel del mar tienen que aceptar el mismo texto.
El consenso da legitimidad a lo que se firma, pero también limita lo que puede acordarse. El Acuerdo de París exigió dos décadas de negociaciones. En muchas otras cumbres, lo que todos están dispuestos a aceptar queda lejos de lo que la ciencia considera necesario. Aun así, conviene medir los resultados también por lo que habría ocurrido sin esos acuerdos.
Qué ha cambiado desde París
El Acuerdo de París, firmado en 2015, establece dos referencias: mantener el calentamiento muy por debajo de los 2 °C respecto a los niveles preindustriales y tratar de limitarlo a 1,5 °C. Cada país presenta sus propios planes de reducción de emisiones y se compromete a reforzarlos cada cinco años.
Antes de París, el mundo se encaminaba hacia un calentamiento de unos 4 °C este siglo. La primera ronda de compromisos situó la previsión por debajo de los 3 °C. Según la evaluación de Climate Action Tracker de 2025, el calentamiento podría limitarse a 2,6 °C. La diferencia es considerable, pero también lo es la distancia que aún nos separa del objetivo de París.
Cada décima de grado cuenta. Con recortes de emisiones mucho más ambiciosos, todavía sería posible que el calentamiento alcanzara un máximo de unos 1,8 °C. Para volver a situarlo por debajo de 1,5 °C a finales de siglo habría que retirar, además, dióxido de carbono de la atmósfera. Ese escenario exige un esfuerzo muy superior al que recogen los planes actuales.
Más de 130 países se han fijado el objetivo de alcanzar las emisiones netas cero. En Glasgow, en 2021, los gobiernos acordaron reducir progresivamente el uso de carbón para generar electricidad en centrales sin sistemas de captura de emisiones. En Dubái, dos años después, se comprometieron a avanzar hacia el abandono de los combustibles fósiles en los sistemas energéticos. Queda por cumplir lo firmado, pero esos acuerdos también orientan la inversión. En 2026, la inversión mundial en energía limpia alcanzó los 3,2 billones de dólares australianos, el doble de lo destinado al carbón, el petróleo y el gas.
Qué significa electrificar el 35 % del consumo
El objetivo que se debate en Antalya se entiende mejor con dos ejemplos cotidianos. Cuando un conductor sustituye un coche de gasolina por uno eléctrico, parte de la energía que antes compraba en la gasolinera pasa a consumirla a través de un enchufe. Algo parecido ocurre en una vivienda cuando una bomba de calor sustituye a una caldera de gas. La propuesta mide cuánto pesa la electricidad en el consumo final, no qué porcentaje de la electricidad procede de fuentes renovables.
La distinción importa. Electrificar el transporte, la calefacción o los procesos industriales permite reducir las emisiones en la medida en que esa electricidad se genere con fuentes más limpias. También reduce la necesidad de comprar combustible en el extranjero. La Agencia Internacional de la Energía cifra el ahorro potencial en la factura mundial de importaciones de combustibles fósiles en 720.000 millones de dólares al año.
Hay cierta ironía en que uno de los argumentos más convincentes a favor de la electrificación lo haya proporcionado Donald Trump, un presidente que respalda a la industria petrolera. La guerra de Estados Unidos contra Irán ha provocado la mayor interrupción del suministro de petróleo de la historia. Para los países importadores, el atractivo de un vehículo eléctrico o de una bomba de calor va más allá del clima: cuanto menos combustible necesitan comprar fuera, menos expuestos quedan a la próxima crisis de suministro.
Al ministro australiano del Clima, Chris Bowen, le corresponde ahora negociar los términos del acuerdo. Antalya no resolverá por sí sola cómo abandonar los combustibles fósiles. Pero, si los gobiernos consiguen pactar cuánta energía quieren consumir en forma de electricidad y para cuándo, habrán dado un paso que hasta ahora les ha costado dar: traducir aquel compromiso de Dubái en un objetivo que se pueda medir.
Este artículo se publicó originalmente en The Conversation.
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