El reciente estallido del caso Montoro, que afecta a diversas compañías cotizadas y figuras del entorno político y empresarial, ha sacudido los cimientos del discurso sobre responsabilidad social (ESG) en España.

En un momento en que las exigencias en materia de sostenibilidad, transparencia y buen gobierno son más intensas que nunca, esta trama amenaza, junto con el caso Cerdán, con desdibujar los avances que muchas empresas afirman haber logrado.

La normativa europea, especialmente a través de la Directiva CSRD, obliga desde 2024 a las grandes empresas a informar no solo de su impacto ambiental y social, sino también de los riesgos asociados a estos factores desde una perspectiva empresarial.

En este marco, el vínculo —directo o indirecto— con prácticas opacas, favores fiscales o conflictos de interés puede constituir una vulneración grave de los principios de gobernanza, afectando a la reputación, al valor bursátil y a la confianza de los inversores.

En el sector energético, Naturgy ha sido señalada por sus presuntos contactos con el Ministerio de Hacienda en busca de modificaciones regulatorias favorables. Red Eléctrica de España se ha enfrentado a críticas por su incorporación a órganos consultivos de antiguos cargos públicos sin filtros adecuados.

En el sector financiero, BBVA y Caixabank aparecen como entidades que habrían financiado operaciones de empresas implicadas sin aplicar controles reforzados en materia de cumplimiento. Aunque ninguna ha sido imputada, la omisión de debida diligencia podría acarrear consecuencias reputacionales significativas.

En construcción, ACS y Ferrovial presentan casos paradigmáticos: la primera por posibles ventajas fiscales obtenidas durante el periodo investigado, y la segunda por su polémica salida a Países Bajos, sobre la que ahora planea la sospecha de asesoramiento privilegiado.

En el ámbito de los servicios, Indra es investigada por contratos digitales con la Agencia Tributaria.

Más allá de las implicaciones legales, los analistas alertan sobre el impacto que estos casos pueden tener en la valoración de las empresas. El riesgo reputacional ya no es una amenaza abstracta. Afecta directamente a la confianza de los inversores, a la estabilidad en bolsa y a la inclusión en índices de sostenibilidad, cada vez más exigentes con los criterios ESG.

Estudios recientes (Allianz GI firma el último) muestran que los escándalos de gobernanza pueden suponer pérdidas de valor bursátil superiores al 10% en semanas. La horquilla va del 7% al 12%. Las exclusiones de índices como el FTSE4Good o el DJSI ya no son anecdóticas: impactan en la financiación, en la cotización y en la percepción del consumidor.

Empresas implicadas: ¿quiénes son y a qué riesgos se enfrentan?

Energía: Naturgy y REE
Naturgy aparece mencionada en la investigación por presunta connivencia con altos funcionarios del Ministerio de Hacienda para influir en decisiones regulatorias. REE, por su parte, ha sido cuestionada por integrar ex altos cargos sin valorar conflictos de interés.

Banca: BBVA y Caixabank
Ambas entidades financiaron operaciones de empresas relacionadas con el caso sin activar controles reforzados. Aunque no están imputadas, podrían enfrentarse a la exclusión de carteras sostenibles por parte de fondos internacionales.

Construcción: ACS y Ferrovial
ACS habría sido beneficiaria de ventajas fiscales específicas. Ferrovial, por su parte, vuelve a estar bajo el foco por su mudanza a Países Bajos, con sospechas sobre asesoría privilegiada.

Servicios: Indra
Indra es señalada por contratos digitales supuestamente dirigidos.

Acciona y el caso Cerdán: la sombra de la reincidencia

El caso Cerdán, que investiga una supuesta red de favores en la adjudicación de contratos públicos vinculados a la ejecución de obras y servicios en entornos locales y autonómicos, ha salpicado también a Acciona, uno de los mayores grupos españoles de infraestructuras y energía renovable.

Según fuentes de la investigación consultadas para este artículo, la compañía habría obtenido adjudicaciones en condiciones cuestionables a través de contactos privilegiados con responsables políticos, entre ellos el entorno del ex diputado del PSOE Santos Cerdán, implicado por su papel como presunto intermediario en diversas operaciones.

Aunque Acciona ha negado cualquier irregularidad y defiende la legalidad de todos sus procesos de contratación, su aparición en esta causa judicial activa inevitablemente las alertas de los reguladores e inversores.

Más aún si se considera que no es la primera vez que la empresa se ve vinculada a polémicas de esta naturaleza. Ya en años anteriores, el nombre de Acciona apareció en procedimientos relacionados con la trama de las ITV en Cataluña, así como en investigaciones sobre sobrecostes en obras públicas durante el periodo de expansión inmobiliaria en España.

Estos antecedentes convierten el caso Cerdán en algo más que una mancha aislada. Para una compañía que ha hecho de la sostenibilidad y la integridad su principal bandera de posicionamiento —especialmente en el ámbito de la energía renovable—, los escándalos reiterados suponen un serio desafío a su credibilidad.

Más allá del impacto reputacional, la reincidencia en casos judiciales asociados a prácticas de baja transparencia puede comprometer su acceso a financiación internacional, su puntuación en índices ESG y su atractivo para fondos éticos. La tolerancia del mercado con este tipo de contradicciones es cada vez menor, y el umbral de exigencia, cada vez más alto.

La situación de Acciona debe servir de ejemplo para el conjunto del sector, según las mismas fuentes: una estrategia de sostenibilidad no puede construirse sobre cimientos éticamente inestables, aseguran.

La gobernanza, entendida no solo como cumplimiento formal de normas, sino como cultura de integridad, debe ser el punto de partida para cualquier proyecto empresarial que aspire a perdurar en un entorno cada vez más regulado, vigilado y exigente, insisten los expertos consultados.

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