El elemento más constante de la estrategia del Partido Popular para recuperar el poder ha sido una ofensiva permanente y de altos decibelios contra el ´sanchismo’. Pablo Casado y su equipo han planteado las elecciones en Castilla y León como una suerte de primera etapa en su camino hacia la Moncloa. Una victoria clara, seguida de otra similar en Andalucía, confirmarían que, en efecto, se ha producido el cambio de ciclo iniciado en las autonómicas de Madrid el pasado mayo y acelerarían la descomposición de la coalición gubernamental. Ese es el plan, pero su debilidad es que depende de muchas piezas móviles que escapan al control de sus autores. 

Salvo el CIS de José Félix Tezanos, nadie duda de que el PP vaya a ser la fuerza más votada en los comicios. Pero la cuestión más crucial es si logrará más votos que la suma de la izquierda con el fin de que Vox no sea imprescindible para reelegir a Alfonso Fernández Mañueco. En ese caso, la pregunta será qué hacer si la ultraderecha exige entrar en la Junta de Castilla y León, una eventualidad que tendría serias implicaciones para la estrategia nacional del PP. Es el riesgo de convertir unas elecciones autonómicas en una suerte de generales anticipadas, particularmente cuando, por primera vez, se celebran con independencia de cualquier otra votación. 

Castilla y León es la comunidad más extensa de España y una de las menos pobladas (26 habitantes por kilómetro cuadrado frente a los 96 de Andalucía o los 235 de Cataluña) y sus problemas reflejan esa característica: despoblación, dispersión de los servicios, de la sanidad, de la educación… Eso obliga a que la campaña ‘popular’ deba hacer equilibrios entre atacar la política del Gobierno central y atender las reivindicaciones del sector primario.  

La polémica desatada por el ministro Alberto Garzón sobre las macrogranjas ha sido un regalo providencial. Pero la estrategia de culpar al Gobierno de Madrid está limitada por el hecho de que el PP ha detentado ininterrumpidamente el poder en la propia comunidad durante 36 años. 

La dificultad añadida de Mañueco es que no solo se enfrenta con Vox y con su rival tradicional, el Partido Socialista, sino con fuerzas subregionales como Unión del Pueblo Leonés, Por Ávila o Soria Ya, primera concreción electoral de la plataforma España Vaciada. Cuando se abran las urnas se sabrá el alcance real de la micropolítica y si tiene visos de crecer en influencia en la política nacional. 

El peligro de la simplicidad 

La apuesta de Pablo Casado es un todo o nada que puede impulsarle hacia la presidencia del Gobierno o, por el contrario, revelar sus carencias como candidato a ocupar la Moncloa. Basar su perfil político en presentarse como lo opuesto a Pedro Sánchez tiene la virtud de la simplicidad, pero el peligro es que sus mensajes se asemejen demasiado a los de Vox.  

Eso es lo que le recriminó, apenas veladamente, José María Aznar en una sorprendente intervención electoral en Valladolid: «los populismos no son una solución para España» ni la manera de «ganar para que llegue no sé quién a La Moncloa». Las palabras del doble expresidente (de Castilla y León y del Gobierno) obligaron tanto a su emisor como a su destinatario a afanarse por desactivarlas, para regocijo de los rivales. Si Garzón le hizo la campaña al PP con su obsesión con la carne, Aznar se la hizo a la oposición con las críticas a Casado. 

Hace tiempo que Aznar se arroga el papel de guardián de las esencias ‘populares’, como comprobó repetidamente Mariano Rajoy. No es la primera vez que censura a Casado, pero sí la más inoportuna. Por producirse en plena campaña electoral y por abundar en las dudas que suscita dentro del partido. En el PP anidan dos talantes netamente diferenciados: el de la moderación, representado por Alberto Núñez Feijoo, y el opuesto, que encarna Isabel Díaz Ayuso.  

Casado alterna ambas personalidades sin terminar de decidir cuál de las dos es la que puede llevarle a la Moncloa. La primera obliga a apoyar al Gobierno en la crisis de Ucrania, la segunda explica la oposición a una reforma laboral que avalan los propios empresarios y a la asignación de los fondos europeos de recuperación. ¿Partido de estado o partido desacomplejado? 

Cobrarse los votos de Ciudadanos 

Los comicios de Castilla y León ayudarán a dilucidar la cuestión cuando se conozca quién es el beneficiario de los votos que en las pasadas elecciones recalaron en Ciudadanos. Y es que la segunda fase del camino trazado por Teodoro García Egea para desbancar a Pedro Sánchez se desarrollará en Andalucía, una comunidad decisiva para cualquier aspiración presidencial. No es extraño que Juanma Moreno haya pedido a sus compañeros que ganen con rotundidad, «porque yo seré el próximo en examinarme». 

Un resultado que coloque a Vox en condiciones de entrar en el Gobierno castellano-leonés supondría un revés para Moreno, condicionado también por la descomposición de su socio actual, Ciudadanos. El resultado que obtenga Vox el próximo día 13 confirmará si Macarena Olona decide competir directamente contra el actual presidente andaluz, algo que la dirigente viene insinuando con creciente claridad en las últimas semanas. Esa eventualidad no solo dificultaría la aspiración del PP de gobernar sin ofrecer a la ultraderecha uno o varios sillones en el Ejecutivo, sino que alentaría la movilización de la izquierda para evitarlo. 

Pedro Sánchez ha demostrado en más de una ocasión que la audacia paga dividendos cuando se ejerce en el momento oportuno. El tándem Casado-Egea ha decidido apostar su futuro a desencadenar en Castilla y León un efecto dominó que consolide al PP en dos comunidades claves, elimine los murmullos en el interior del partido y desemboque en las puertas de La Moncloa. El problema es que un revés en cualquiera de las dos puede lograr justo lo contrario. 

Luz de alarma en Lorca

Era fácil que las imágenes del asalto al pleno del Ayuntamiento de Lorca -la violencia, las chaquetas de camuflaje- se asimilaran a las del ataque al Capitolio norteamericano el 6 de enero de 2021. Voces de diferentes ámbitos de la política han insistido en que uno y otro episodio no se pueden comparar, pero esos argumentos no logran borrar el impacto que la turba desatada en la localidad murciana ha dejado en las retinas españolas. 

Lo ocurrido en Lorca el 1 de febrero se produce por la convergencia de tres circunstancias: la polémica sobre la ganadería intensiva desatada por el ministro Alberto Garzón, la crispación generada por la polarización de la política y el poder de la desinformación sobre las mentes más calenturientas afectadas por los dos primeros factores. Las disculpas que uno de los asaltantes, el industrial quesero Pedro Giner, ha dado sobre su comportamiento tras entregarse a la Policía («la desinformación hace tomar decisiones que no son coherentes») son una señal que alerta sobre los peligros de azuzar el descontento. 

Lorca se ha colado inesperadamente en la campaña de Castilla y León aunque es difícil vaticinar si puede tener algún efecto sobre la intención de voto en la medida que la algarada se asocie a una determinada formación política.