¿Libertad, igualdad, miseria? Por qué arde Francia
El elevado gasto público de Francia convive con salarios rezagados y un reparto de recursos que favorece a los mayores frente a los jóvenes
Una Marianne agrietada simboliza el malestar de una Francia cuyo elevado gasto público convive con la pérdida de poder adquisitivo y la desigualdad entre generaciones.
Quien paseara por los bulevares de París el domingo por la tarde habría reconocido la «vergüenza y rabia» de las que habló el presidente Emmanuel Macron tras un fin de semana de disturbios.
Los escaparates destrozados, las ventanas tapiadas y los restos calcinados de barricadas improvisadas daban cuenta de los saqueos que afectaron a unos 1.500 comercios en toda Francia. Decenas de antidisturbios seguían de guardia, escudo en alto, después de una noche en la que hubo 500 detenidos solo en la capital. Entre aquel desorden, una persona barría en silencio los cristales rotos.
La indignación se extiende más allá de Francia. El encarecimiento de la vida, desde la energía hasta la vivienda, también ha provocado enfrentamientos en Italia y Portugal. Incluso podría costarle a Donald Trump las elecciones legislativas de noviembre, por las consecuencias de su insensatez en el estrecho de Ormuz sobre el precio del petróleo. Mientras tanto, el presidente estadounidense señala con regocijo a París para desviar la atención.
Pero la frecuencia con la que Francia se ve sacudida por los disturbios empieza a resultar alarmante. También la incapacidad del Gobierno de Macron para controlar la situación. ¿Por qué vuelve a arder uno de los países ricos con mayor gasto público?
El dinero no basta
Francia es, al fin y al cabo, un país con un amplio sistema de redistribución que ha añadido un billón de euros a su deuda desde 2019. Sin embargo, las encuestas indican que a los franceses les faltan, de media, unos 500 euros al mes para cubrir sus gastos con holgura. Ese desajuste los deja expuestos a cualquier empeoramiento repentino de su situación económica y los hace más propensos a protestar.
En esta ocasión, varios fallos políticos inmediatos actuaron como detonante, en una secuencia que recuerda a los disturbios de los chalecos amarillos de 2018. Las autoridades no parecían preparadas para que más de medio millón de personas se manifestaran en todo el país, y mucho menos para la actuación de miles de saqueadores en Marsella.
El alcalde de Limoges, cuyo ayuntamiento fue asaltado y arrasado por el fuego, ha reclamado más medios para una policía que, según denuncia, se vio superada por oportunistas de extrema izquierda.
El Gobierno tampoco supo dialogar con los estudiantes de secundaria ni encauzar sus protestas anteriores. El encarecimiento de la deuda le ha dejado poco margen para responder con más gasto, y esa incapacidad para aliviar el conflicto contribuyó al estallido.
Quién recibe el gasto
El malestar, sin embargo, venía de lejos. Una de sus principales causas es el desequilibrio en el reparto del gasto público.
Basta comparar la Francia de 2024 con la de 1974, el último año en que el país equilibró sus presupuestos. El gasto en servicios como la seguridad, la justicia o la educación apenas ha aumentado entre 0,1 y 0,3 puntos porcentuales del PIB, según el antiguo asesor gubernamental Antoine Foucher.
Los grandes beneficiados, como suele ocurrir en Occidente, han sido los pensionistas. El gasto destinado a ellos ha crecido unos 6,5 puntos del PIB. Los sucesivos gobiernos han dado prioridad a una jubilación larga y generosa frente al futuro de los jóvenes que estudian o se incorporan al mercado laboral.
Casi un tercio del presupuesto educativo francés se destina a pensiones. Ese reparto ayuda a entender por qué los docentes cobran menos que la media de la OCDE.
Salarios que apenas avanzan
A la frustración de unos empleados públicos mal remunerados se añade otro problema: crear más puestos de trabajo en el sector privado, el objetivo central de las reformas laborales de Macron, parece cada vez menos suficiente para mejorar el nivel de vida.
La progresión profesional difícilmente permite cubrir esos 500 euros que faltan cada mes. La menor productividad, el deterioro del nivel educativo y el retraso en innovación frenan los salarios. Al mismo tiempo, unas cotizaciones sociales cada vez mayores limitan lo que llega al bolsillo del trabajador.
El instituto estadístico francés, INSEE, estima que mejorar en 100 euros el sueldo neto de un trabajador que cobra el salario mínimo puede costarle al empleador unos 440 euros adicionales.
Quizá no sea casual que, en 2018, hiciera falta una prima exenta de impuestos de unos 500 euros para apaciguar a los chalecos amarillos. Según Le Monde, el salario mediano francés ha aumentado un 22,8 % desde 2017, menos que la inflación acumulada, del 23,4 %.
Nada de esto justifica la violencia del fin de semana. El poder adquisitivo de los franceses está perdiendo impulso, no sufriendo un desplome. Pero la política de agravios, la desigualdad entre generaciones y una persistente sensación de declive explican por qué Francia parece tan frágil.
Lo parece pese a su tamaño y a fortalezas todavía considerables, como una red eléctrica sustentada en la energía nuclear y profesionales de la ingeniería de primer nivel. Esa mezcla de frustraciones también dificulta cualquier acuerdo. Durante el fin de semana, los nuevos chalecos amarillos denunciaban los bajos salarios y los elevados impuestos, mientras grupos de encapuchados nihilistas pintaban consignas contra la policía.
Las urnas se acercan
Con Macron políticamente agotado, la atención se dirige a las presidenciales de 2027. Las imágenes de ciudades en llamas darán, sin duda, nuevos apoyos a la dirigente de extrema derecha Marine Le Pen. Su rival de extrema izquierda, Jean-Luc Mélenchon, es visto como instigador de los disturbios.
En unas elecciones marcadas por el coste de la vida y la inseguridad, la extrema derecha cuenta con varias bazas. Una de ellas es una promesa al estilo de Trump: dejar cientos de euros más en el bolsillo de los ciudadanos mediante un recorte de las aportaciones a la Unión Europea.
Pero seis meses son mucho tiempo en política. Los planes de Le Pen implican miles de millones de euros de gasto adicional y carecen de credibilidad, según Bloomberg Economics. Los votantes empiezan a comprender que el aumento de la deuda pública constituye un problema. Entretanto, el dirigente de centroizquierda Raphaël Glucksmann, que ha descartado una alianza con Mélenchon, también avanza en las encuestas.
Lo que falta en esta concurrida carrera electoral, como en otros países europeos, es sinceridad sobre las reformas necesarias. Se la debemos exigir a los políticos, pero también a unos electorados envejecidos que bloquean cambios ineludibles.
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