La «tarifa del 2 %»: por qué la UCO considera a Acciona el mejor cliente de la trama Cerdán
La UCO sostiene que Acciona obtuvo adjudicaciones bajo sospecha mediante una red de comisiones opaca
Santos Cerdán antes de testificar ante el juez, que le envió a prisión preventiva incondional.
Por qué importa: La mayor firma española de infraestructuras, Acciona, aparece en una investigación por presunta corrupción en obra pública con posibles efectos penales, sancionadores y reputacionales.
Tiempo de lectura: 5 minutos.
La investigación judicial del denominado caso Cerdán —pieza secreta en el Tribunal Supremo por presunto cobro de comisiones ilegales vinculadas a contratos públicos— sitúa a Acciona en el foco de los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
Los agentes atribuyen a la compañía un papel relevante en adjudicaciones bajo sospecha a través de la sociedad Servinabar 2000 y de cooperativas como Noran y Erkolan, señaladas como estructuras financieras destinadas a canalizar pagos.
La investigación atribuye a Acciona un papel central en adjudicaciones públicas con comisiones presuntas
El elemento central de esta fase de la pesquisa es la existencia de una presunta comisión estándar del 2 %, informa El Confidencial, sobre el valor de las obras adjudicadas, una «tarifa» que habría afectado a proyectos en Navarra, Andalucía, La Rioja y Asturias.
Según documentos incorporados al sumario, Acciona sería el «mejor cliente» de la red investigada por volumen de flujos económicos atribuidos.
Red Servinabar
Según la investigación, Servinabar 2000 habría actuado durante años como receptora de pagos procedentes de constructoras que lograban contratos de obra pública.
En 2016, el exdirigente socialista Santos Cerdán adquirió el 45 % de la sociedad, un movimiento que la UCO considera clave para entender la posterior triangulación de fondos.
A partir de ese momento, los investigadores analizan transferencias hacia las cooperativas Noran y Erkolan, cuyo uso incluiría nóminas y pagos vinculados a familiares de Cerdán.
La UCO también describe un patrón consistente en ajustar la ponderación técnica de licitaciones para facilitar adjudicaciones sin alterar la apariencia de concurrencia.
Obras señaladas
Uno de los expedientes más mencionados es el del túnel de Belate (Navarra), adjudicado a una UTE con participación de Acciona. La UCO analiza reuniones para impulsar administrativamente el proyecto y priorizar su ejecución.
Los indicios apuntan a posibles retornos hacia la red vinculada a Servinabar, si bien su trazabilidad continúa bajo verificación judicial. Otro contrato relevante es la sustitución de tirantes del Puente del V Centenario en Sevilla, con un presupuesto que superó los 100 millones de euros.
La Guardia Civil ha registrado el domicilio de exdirectivos de la división de construcción de Acciona y busca documentación sobre modificados contractuales y su eventual relación con pagos investigados.
Además, se revisan contratos complementarios en La Rioja, Asturias y Jaén, que completan un patrón de adjudicaciones con criterios técnicos supuestamente adaptados.
Riesgo jurídico
El procedimiento está en fase de instrucción y Acciona no figura imputada formalmente como persona jurídica. La Fiscalía Anticorrupción podría valorar esta opción si se acredita un beneficio directo para la compañía y la existencia de deficiencias en los controles internos de cumplimiento normativo.
Una eventual imputación abriría la puerta a inhabilitaciones para contratar con la Administración y a sanciones económicas.
Dado que la obra pública es núcleo del negocio de infraestructuras de Acciona en España, cualquier límite temporal o condicional sobre licitaciones afectaría a su cartera y a su posición frente a competidores europeos.
Riesgo reputacional
La investigación afecta a los criterios ESG, en particular a la dimensión de gobernanza (G). Fondos internacionales aplican políticas más estrictas en materia de corrupción y podrían revisar su exposición si existe evidencia sólida de pagos irregulares.
Esto tendría impacto en valoraciones de mercado y en recomendaciones de analistas especializados en infraestructuras.
La visibilidad del caso también puede condicionar la participación futura de Acciona en proyectos multilaterales y concesiones internacionales, donde la integridad de las licitaciones es un requisito de elegibilidad.
Defensa corporativa
La compañía sostiene que ha colaborado con los requerimientos judiciales, ha activado revisiones internas de compliance y ha cesado a directivos mencionados en los informes.
Acciona insiste en que no existe sentencia firme y que los hechos descritos por la UCO deben superarse aún en fase probatoria.
Fuentes jurídicas próximas a la empresa subrayan que los pagos analizados no han demostrado relación operativa ni contractual con decisiones adoptadas por sus órganos internos.
Qué vigilar
Tres elementos marcarán la evolución:
- El levantamiento del secreto de la pieza separada, que permitirá conocer el alcance probatorio;
- Posibles peticiones de imputación o medidas cautelares por parte de Anticorrupción;
- La reacción estratégica de Acciona, que podría reforzar controles de terceros, auditar su historial de contratación pública y comunicar ajustes de gobernanza. Si la llamada «tarifa del 2 %» queda acreditada ante la justicia, el caso abriría un debate mayor sobre los mecanismos de supervisión en la contratación pública y sobre la resiliencia de los sistemas internos de control en grandes grupos de infraestructuras.
📌 Ficha para analistas e inversores
Naturaleza del riesgo:
Corrupción en contratación pública (comisiones presuntas vía intermediarios). Afecta a gobernanza corporativa y elegibilidad en licitaciones.
Impacto potencial (orden estimativo):
- Alto: reputación, ESG (G), acceso a fondos y contratos públicos.
- Medio: valoración bursátil y primas de riesgo sectorial.
- Variable: potencial impacto financiero por sanciones o acuerdos.
Señales a monitorizar (próximos 60–120 días):
- Levantamiento de secreto de sumario y autos ampliados.
- Petición fiscal de imputación a directivos o a Acciona como persona jurídica.
- Cambios en órganos internos de cumplimiento o gobernanza.
- Comunicaciones a mercado o rating ESG con revisión de outlook.
- Reacciones de fondos soberanos, planes de pensiones y gestoras con políticas anticorrupción estrictas.
Indicadores críticos de seguimiento:
| Indicador | Relevancia |
|---|---|
| Cartera de obra pública en España (€) | Exposición directa a riesgo de inhabilitación |
| Flujos contractuales en UTE investigadas | Evaluación de beneficio atribuible |
| Evolución de primas de riesgo sectorial infra en IBEX | Sensibilidad inversora al caso |
| Variación de posiciones institucionales >1 % | Cambio de sesgo inversor |
| Revisión de rating ESG (G) | Señal temprana de exclusión en carteras sostenibles |
Escenarios de referencia (no vinculantes):
- Suave: caso concentrado en individuos; daño reputacional acotado.
- Central: sanciones y obligaciones de compliance reforzado; impacto en licitaciones.
- Severo: imputación de persona jurídica y restricciones contractuales amplias.
● Has leído un artículo disponible sin suscripción. Accede a todo activando Inversión PRO. Te saldrá a cuenta: periodismo exclusivo, 400 análisis técnicos diarios, boletines, ESG y revistas. Sin compromiso. Planes desde 2,49€
