La constructora y energética Acciona, buque insignia del capitalismo familiar español y controlada por los Entrecanales, se encuentra en el epicentro de varias investigaciones judiciales por corrupción. A lo largo de la última década, su nombre ha aparecido vinculado a contratos públicos bajo sospecha, adjudicaciones infladas, sobrecostes irregulares y comisiones ilícitas. Pese a la gravedad de las acusaciones, la cotización bursátil de la compañía ha mostrado una resistencia notable. La justicia, sin embargo, estrecha ahora el cerco.

Los casos se acumulan: desde la desaladora de Torrevieja hasta la reciente trama conocida como caso Cerdán (o caso Koldo), los tentáculos de Acciona se extienden por distintas administraciones públicas, gobiernos de distinto color político y obras financiadas, en parte, con fondos europeos. El juez de la Audiencia Nacional estudia en estos momentos la imputación formal de Acciona como persona jurídica. De confirmarse, sería un golpe sin precedentes para una compañía que lleva décadas cultivando una imagen de rigor técnico, sostenibilidad y neutralidad institucional.

Del agua, al AVE: un historial de conflictos

El primero de los grandes escándalos en los que Acciona se vio salpicada fue el caso Acuamed, en 2013. La empresa formaba parte de la UTE responsable de la desaladora de Torrevieja (Alicante), un proyecto gestionado por la empresa pública Acuamed bajo el paraguas del Ministerio de Medio Ambiente. La UCO destapó en su día que se inflaron mediciones y se ejecutaron obras defectuosas. En 2023, ocho empleados de Acciona fueron procesados por delitos de fraude, prevaricación y falsedad documental.

Poco después, en 2018, Acciona reconocía haber abonado 60 millones de euros al Gobierno de Aragón para evitar un proceso penal por su papel en el caso Plaza, relativo a la Plataforma Logística de Zaragoza. La trama implicaba certificaciones falsas, desviación de fondos y sobrecostes millonarios. Dos ex directivos de la firma fueron condenados por malversación.

Ese mismo año, en Barcelona, la empresa formaba parte de la UTE que ejecutaba las obras de la estación de La Sagrera. En este caso, la justicia determinó que se certificaron trabajos no ejecutados y se generaron importantes sobrecostes. Aunque la investigación fue archivada en 2019 sin consecuencias penales para Acciona, el expediente dejó una huella reputacional profunda.

Pero el caso que más preocupa en estos momentos a la compañía es el que investiga la presunta red de corrupción en el entorno del PSOE, liderada por el ex ministro José Luis Ábalos, el ex diputado y ex número 3 del partido, Santos Cerdán, y el ex asesor Koldo García. Entre 2018 y 2021, Acciona recibió contratos públicos presuntamente amañados en Baleares, Navarra y otras comunidades autónomas. Según la Guardia Civil, directivos de la empresa habrían abonado comisiones por valor de más de 600.000 euros para asegurarse adjudicaciones de obra pública.

Los investigadores apuntan directamente a una reunión clave: el 30 de julio de 2018, en el Congreso de los Diputados, José Manuel Entrecanales, presidente de Acciona, se entrevistó con Ábalos. A partir de entonces, según el sumario, se encadenaron una serie de licitaciones sospechosas. La empresa ha negado cualquier vínculo irregular y ha desvinculado a la alta dirección de los hechos, apuntando a antiguos empleados, como Justo Vicente Pelegrini y Fernando Merino, este último despedido en 2021.

Impacto bursátil moderado

A pesar de los escándalos, la cotización bursátil de Acciona (BME: ANA) no ha sufrido el castigo esperado por el mercado: de acuerdo con un estudio de Allianz GI, las acciones pierden hasta el 12% del valor en pocas semanas cuando se las involucra en casos de corrupción o de malas prácticas en gobernanza.

Sin embargo, ni tras el estallido del caso Plaza, ni ahora con la reciente ofensiva judicial en el marco del caso Cerdán, Acciona ha caído de forma relevante. De hecho, el propio Entrecanales reconocía el pasado junio que "aunque el daño reputacional es incuestionable, la compañía ha mantenido el respaldo de los inversores".

Las cifras lo confirman: el valor en bolsa de Acciona ha oscilado, pero no se ha desplomado. Desde 2018, la acción se ha movido en un rango estable, incluso al alza en momentos clave. Según analistas del sector consultados por Inversión, esto se debe a tres factores: la diversificación del grupo (especialmente en renovables), el bajo peso del área de construcción en su facturación (menos del 3%) y la escasa exposición internacional de los escándalos, por ahora limitados al ámbito nacional.

El blindaje de los Entrecanales

El control de Acciona sigue en manos de la familia Entrecanales, que posee más del 56% del capital a través de sociedades patrimoniales como Tussen de Grachten BV y Wit Europese Investering BV, con sede en Países Bajos. Según estimaciones de la revista Inversión, la fortuna conjunta del clan supera los 5.000 millones de euros.

Sin embargo, las tensiones internas comienzan a aflorar. En enero de este año, el grupo familiar Entrecanales Franco —una de las ramas del árbol genealógico— anunció su intención de abandonar el pacto de sindicación accionarial que actuaba como escudo anti opas. Esta ruptura, prevista para julio de 2026, podría abrir la puerta a movimientos corporativos y venta de paquetes accionariales estratégicos.

Aunque la justicia aún no ha imputado personalmente a ningún miembro de la familia, el foco mediático e institucional se ha intensificado. La UCO considera probado que la empresa se benefició de prácticas corruptas. Ahora será el juez quien decida si la estructura de gobierno corporativo era conocedora de lo ocurrido, o si existió simplemente negligencia en el control interno.

Una reputación en entredicho

Desde hace años, Acciona se presenta como un referente de sostenibilidad, innovación y compromiso social. Su apuesta por las renovables y la movilidad limpia ha sido reconocida en foros internacionales. Pero los casos de corrupción ponen en cuestión ese relato. Si se confirman las acusaciones judiciales, la empresa podría enfrentarse a sanciones económicas, restricciones para contratar con la administración y, lo que es más grave, una pérdida de confianza de socios institucionales y organismos multilaterales.

Por ahora, la dirección mantiene un perfil bajo y confía en que las causas judiciales no prosperen. "Nos sentimos traicionados por personas concretas que actuaron al margen de la compañía", aseguraron en un reciente comunicado.

Mientras tanto, los tribunales siguen trabajando. Las próximas semanas serán clave: si se consuma la imputación de Acciona como persona jurídica, se abriría un nuevo escenario en el que el blindaje familiar, el respaldo del mercado y la buena reputación construida durante décadas podrían no ser suficientes.

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