Cada Gobierno ha traído debajo del brazo una reforma fiscal. La última de un Ejecutivo socialista, a la espera de que Sánchez dé el visto bueno a la que tiene perfilada la ministra Montero, entró en vigor en 2007, con Rodríguez Zapatero en el poder.

Esa reforma introdujo importantes cambios en la fiscalidad de las plusvalías y del patrimonio. 2006 se convirtió en el año límite para poder vender bienes y activos sin tener que pagar  plusvalías a Hacienda.

Era lo que sucedía con las viviendas compradas o heredadas antes de 1984, con las acciones adquiridas antes de 1991 y con los fondos de inversión comprados antes de 1987.

Esta reforma acababa con los conocidos como «coeficientes de abatimiento», que era el nombre técnico que recibían las exenciones fiscales sujetas al régimen transitorio de 1996. Se aplicaban unos coeficientes reductores a las plusvalías totales por cada año de antigüedad que tuviese el bien en diciembre de 1994.

Con Rodríguez Zapatero comenzó también el principio del fin de las ventajas fiscales de los planes de pensiones, que ahora con Sánchez están en mínimos. En la reforma fiscal de 2007, los planes de pensiones perdieron la bonificación del 40 por ciento en la base imponible si la prestación se rescataba en forma de capital (todo de una vez).

No obstante, la reforma mantuvo los derechos adquiridos que se generaron hasta el 31 de diciembre de 2006. Es decir, que las aportaciones, y sus futuros rendimientos, realizadas antes de 2007 sí que pueden rescatarse con la deducción del 40 por ciento.

A finales de octubre de 2006, la revista Inversión publicó una serie de estrategias para adaptar la cartera a la anunciada reforma fiscal.