Los planes de pensiones de empleo reforzarán la oferta sostenible

La reforma de la fiscalidad del ahorro para la jubilación del Gobierno, que busca fomentar los fondos de pensiones de empleo en detrimento de los planes del sistema individual, ha encontrado la oposición de la industria de la gestión de activos, que anticipa una reducción del ahorro de cara a la jubilación.

Sin embargo, conforme se desvelan los detalles del anteproyecto de ley para el fondo público de pensiones todo apunta a que habrá un determinado nicho que podría verse beneficiado: la inversión sostenible.

De acuerdo con ‘Cinco Días’, las inversiones de los fondos se harán en interés del partícipes, pero el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que lidera José Luis Escrivá, contempla que el proceso de inversión se haga teniendo en cuenta criterios medioambientales, sociales y de buen gobierno corporativo.

La intención del gobierno es que estos contribuyan «a financiar las transformaciones energéticas y fomentando la innovación social en aspectos tan relevantes como la vivienda social, los microcréditos o el control de la cadena de suministros».

No es una cuestión menor que este sistema de previsión social complementaria promovido desde el Ejecutivo quiera nacer teniendo en cuenta los criterios de sostenibilidad, en tanto que el impulso de esta figura se irá consolidando hasta reducir al mínimo el interés fiscal de los planes privados.

«Los fondos de empleo no pueden quedarse fuera del ámbito de la Inversión Socialmente Responsable. Siendo además un producto de ahorro esponsorizado por el Sector Público parece lógico que se fomente la integración de los criterios ESG, lo que supone un apoyo adicional«, explica una fuente del sector de las gestoras.

La única alternativa

Más allá de una posible alineación ideológica del gobierno con estos criterios, lo cierto es que la regulación de los planes de pensiones de empleo impuesta desde Europa ya contempla los criterios ESG.

Así se recoge en el Real Decreto Ley 3/2020 que transpone la directiva sobre los fondos de pensiones de empleo (IORP II), que modificó numerosos artículos de la Ley de Planes y Fondos de Pensiones en 2020, según un análisis de Finreg 360.

En particular, contempla que al gestionar y medir los riesgos la consideración de los factores ambientales, sociales y de gobernanza se tenga en cuenta en las decisiones de inversión de los planes de pensiones de empleo.

De esta forma, los ahorradores que se vean abocados a hacer sus aportaciones para complementar la pensión pública a través de este marco estarán bajo el paraguas de la inversión ESG.

Está en la mesa del diálogo social

A poco más de dos meses para que se consuma el plazo fijado en los Presupuestos Generales del Estado de 2021 para que se presente anteproyecto de ley del fondo público de pensiones, su borrador se ha llevado a la mesa del diálogo social sobre pensiones donde se está analizando.

El objetivo de la reforma es promover los planes de empleo como forma de ahorro a largo plazo, siguiendo las recomendaciones remitidas -en particular, la 16- por el Pacto de Toledo hace un año al Gobierno. Este proyecto del fomento de los planes de empleo se encuentra incluido también entre las reformas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

«Tener un fondo público tiene muchas ventajas», explica a Social Investor un portavoz del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, quien destaca el mayor acceso de los ahorradores y unas comisiones más ventajosas, por el alto número de beneficiarios esperados.

De esta forma, se permite el acceso a los planes colectivos a «personas que ahora mismo no tienen acceso, como los autónomos o los funcionarios». En España, salvo en País Vasco, solo tienen estos planes colectivos grandes empresas e instituciones.

Asimismo, la propuesta del borrador del Gobierno está «por debajo de la mitad de las actuales comisiones», avanza este portavoz del Ministerio de Inclusión.

De acuerdo a diversos medios, la comisión máxima que podrán cobrar las gestoras será del 0,4 por ciento anual, mientras que la entidad depositante podrá cobrar hasta un 0,1 por ciento. Por lo tanto, como máximo las comisiones llegarían al 0,5 por ciento.

Actualmente, la ley fija la comisión de gestión de los planes de pensiones privados. Esta la determina el tipo de producto, alcanzando un tope máximo en la renta variable del 1,5 por ciento. Si es de renta fija, la comisión máxima es del 0,85 por ciento, mientras que si es de renta mixta esta se eleva a 1,3 por ciento.

Según los últimos datos de disponibles, el patrimonio total invertido en fondos de pensiones privados en España se eleva a más de 82.430 millones de euros, al cierre de agosto, de acuerdo a VDOS.

Cabe recordar que los PGE de 2021 ya introdujeron una rebaja de las aportaciones bonificadas desde los 8.000 euros. Con la propuesta del proyecto de presupuestos generales para 2022 esta reducción iría de 2.000 a 1.500 euros anuales en los planes privados a partir del 1 de enero.