Supremo venezolano da validez a prórroga de decreto de emergencia económica

El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ) declaró en un falló difundido hoy la validez de la prórroga de 60 días del decreto de emergencia económica solicitado por el Gobierno, que fue rechazado el pasado jueves por el Parlamento, controlado por la oposición al Ejecutivo.

"La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en ponencia conjunta de las magistradas y magistrados que la integran, declaró la constitucionalidad del Decreto N° 2.270 del 11 de marzo de 2016", dice el Tribunal al referirse a la solicitud de prórroga, después de dos meses de vigencia.

Según el Supremo, el decreto presentado por el presidente, Nicolás Maduro, en enero pasado, cuando también fue rechazado por la Asamblea Nacional y revalidado por el Supremo, "atiende de forma prioritaria aspectos de seguridad económica".

La Sala Constitucional reitera en el fallo que, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución, es al Supremo al que le corresponde "garantizar la supremacía y efectividad de las normas y principios fundamentales, en su condición de máxima y última intérprete de la Carta Magna".

Ayer, al rechazar la prórroga del decreto, el diputado opositor José Guerra dijo que ni en los últimos 60 días, ni durante todo el año 2015, cuando el jefe de Estado gozó de poderes especiales para legislar, el Gobierno ha adoptado medidas para resolver la crisis económica.

Maduro reaccionó horas después a la decisión del Parlamento y, tras lamentar el rechazo, recordó que el Supremo ya lo puso en vigor en enero pasado.

El decreto, que es un tipo de estado de excepción que rige en materia económica, permite al Ejecutivo, entre otras cosas, disponer de recursos sin el control de la Asamblea Nacional, así como de bienes y mercancías de empresas privadas para garantizar el abastecimiento, además de restringir el sistema monetario y el acceso a la moneda.

En enero pasado, cuando el Supremo validó el decreto que ya había sido rechazado por el Legislativo, el grupo opositor del Parlamento calificó el hecho de "golpe" a la Asamblea y acusó al Poder Judicial de trabajar para el Gobierno.

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