Rechazan propuesta del PP de bajar el tipo mínimo autonómico del IRPF al 9,5%

El Pleno de las Cortes de Aragón ha rechazado hoy una moción del PP con la que los populares pretendían rebajar el tipo mínimo de la escala autonómica del IRPF desde el 10 al 9,5 por ciento, así como rebajar en un 0,5 % los tipos aplicables a todos los tramos de cotización, hasta los 50.000 euros.

El PAR ha prestado su apoyo al PP, pero el voto en contra de PSOE, Podemos y el Grupo Mixto y la abstención de Ciudadanos ha impedido que saliera adelante la propuesta, que Podemos ha pedido enmendar sin éxito.

El diputado popular Antonio Suárez ha sido el encargado de defenderla, con el argumento de que su aprobación daría la oportunidad a los aragoneses de contar "con un poquito más de recursos en sus bolsillos".

Y es que España, según los datos que ha proporcionado, tiene una carga tributaria superior a la de 21 países de la CEOE.

Pero Aragón en especial, ha relatado, después del "subidón" impositivo que se aprobó a finales del año pasado y que hizo que la carga sobre el tramo mínimo del IRPF solo sean más alta en otras tres comunidades autónomas.

Por Podemos, Héctor Vicente ha precisado que los países de la CEOE a los que ha hecho referencia Suárez tienen menos carga tributaria sobre las rentas del trabajo porque han conseguido que la tributación de las rentas del capital sea mucho más alta.

Ha rechazado una bajada generalizada del IRPF, porque supondría además una merma de ingresos en las arcas autonómicas que generaría el deterioro de los servicios públicos, perjudicando directamente a quienes menos tienen.

Por eso, ha presentado tres enmiendas "en bloque" para que la rebaja del 0,5 % se aplicara a los tramos hasta 34.000 euros y no hasta 50.000; para compensar la rebaja de la recaudación que supondría esta medida con el incremento de los impuestos de Patrimonio, Sucesiones y Donaciones "a quien más pueda permitírselo", y para instar al Gobierno de España a modificar a la baja el IVA de alimentos, suministros básicos y cultura.

También Alfredo Sancho (PSOE) y Gregorio Briz (CHA) se han preguntado por la situación en la que quedaría la prestación de servicios con una merma tan importante de la recaudación, que el socialista ha cifrado en 64 millones de euros si se aplicara la medida tal y como estaba contenida en la moción del PP.

Briz, además, ha dicho que esta medida va en contra de la "doctrina" del PP acerca de la estabilidad presupuestaria.

Elena Allué, del PAR, ha insistido en la necesidad de repensar la política fiscal para que las clases medias dejen de ser las paganas de los "platos rotos" de la crisis y se pueda por fin incrementar el consumo, "estancado" porque los bolsillos de esta clase media están "menos llenos".

Y Javier Martínez, de Ciudadanos, aunque se ha mostrado de acuerdo en la necesidad de rebajar impuestos, ha considerado que éste "no es el momento" de acometer la medida que proponían los populares.

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