Pilar González de Frutos: «La liquidez plena contradice el 'espíritu' de los planes de pensiones»

El sistema público de pensiones tal y como está es imposible de mantener a largo plazo, por ello Pilar González demanda medidas que fomenten el ahorro para la jubilación para que los pensionistas del futuro no pierdan poder adquisitivo.

El sistema público de pensiones tal y como está es imposible de mantener a largo plazo, por ello Pilar González demanda medidas que fomenten el ahorro para la jubilación para que los pensionistas del futuro no pierdan poder adquisitivo.

Quince años como presidenta de la patronal del seguro Unespa y cinco como directora general de Seguros avalan los conocimientos que Pilar González de Frutos tiene del sector asegurador. Defensora a ultranza de las pensiones públicas, considera que el Gobierno debe incentivar el ahorro para la jubilación, ya que ahora «no tiene bonificaciones, lo que existe es un diferimiento fiscal». Por ello demanda un incentivo tributario vinculado a las rentas vitalicias, ya que «es el único vehículo que da total complementariedad a las pensiones públicas».

¿Qué opina sobre las medidas del Gobierno relacionadas con la posibilidad de rescatar los planes de pensiones en 10 años? ¿Contradicen el 'espíritu' de este producto de ser un ahorro finalista destinado a complementar la pensión pública?

Sí, así es. La liquidez plena tal y como se ha diseñado en este momento hace que desaparezcan las características específicas de los planes de pensiones como producto finalista y esto no es adecuado. Aunque la intención del Gobierno con esta medida es atraer hacia este producto a ahorradores jóvenes, no creemos que vaya a ser un elemento dinamizador de especial trascendencia.

En una entrevista que le hice en 2015 me dijo que era una incoherencia que el Gobierno desincentivara el ahorro para la jubilación tras reducir el límite de aportación a los planes de pensiones, ahora, al facilitar su liquidez, ¿comete el mismo error? 

Creemos que sí. Venimos observando la adopción de medidas que responden a razones puntuales sin antes analizar la evolución de nuestra población en función de las tendencias demográficas, ver cómo podemos ajustar a esa evolución nuestro estado del bienestar, fijar objetivos para el sistema de pensiones a medio y largo plazo y, después, adoptar medidas para lograrlos. Ninguna medida de las que se han adoptado sobre los sistemas complementarios de pensiones en los últimos años responde a un planteamiento así, son medidas puntuales.

¿Un sistema mixto de capitalización y de pensiones públicas sería la fórmula adecuada para que los trabajadores no pierdan poder adquisitivo al jubilarse?

Es la fórmula más adecuada para garantizarnos que el consumo no se vea resentido porque los jubilados del futuro tengamos menor capacidad de compra que hoy. Los sistemas de reparto son muy vulnerables a las tendencias demográficas, al envejecimiento, y muy resistentes a los riesgos financieros. En el sistema de capitalización ocurre a la inversa, es muy resistente a los cambios demográficos y vulnerable a los riesgos financieros, por ello creo que si hacemos basar el sistema en dos patas que reaccionen de forma diferente ante distintos riesgos vamos a gestionar ambos riesgos mejor. Siempre hemos defendido que es imprescindible y esencial mantener un sistema de reparto. Es la base de nuestro sistema de bienestar, por eso somos grandes defensores de las pensiones públicas y creemos que se debe analizar qué futuro le esperan a estas pensiones, optar por medidas de consolidación de las mismas y abrir espacios de capitalización que las complementen.

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¿Qué puede hacer el Gobierno para incentivar el ahorro para la jubilación? ¿Mejorar la fiscalidad de los planes de pensiones al rescatarlos es una buena medida?

En el plano del ahorro individual lo esencial sería diferenciar la tributación de la recuperación de las aportaciones de la tributación de la rentabilidad del plan o del seguro de ahorro. Hoy cuando se recuperan las cantidades, se integran en el IRPF como rendimiento del trabajo personal. No se diferencia entre rendimientos del trabajo y del ahorro, y con la diferenciación de tipos que tenemos -una escala progresiva para el rendimiento del trabajo y tipos fijos para el ahorro- este último es peor tratado. Lo mínimo que puede hacer el Gobierno es tratar mejor al ahorro para la jubilación porque decir que tiene bonificación fiscal no es del todo correcto, lo que hay es un sistema de diferimiento fiscal. Hay que incentivar que la recuperación de las pensiones complementarias se haga mediante rentas vitalicias, ya que son el único vehículo que da total y absoluta complementariedad a las pensiones públicas, por ello habrá que incorporar medidas que faciliten que la decisión del ahorrador sea esa, y eso pasa por un incentivo fiscal vinculado a la renta vitalicia.

El Gobierno se comprometió a enviar una carta a los trabajadores informándoles de lo que cobrarían al jubilarse. ¿Este sería un buen incentivo para fomentar el ahorro? 

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Es un elemento imprescindible para crear conciencia y para que las decisiones de los ahorradores sean informadas. Cuando hablan de transparencia es lo mínimo que se puede exigir.

Parece que la carta no llega.

De momento, no parece. Ni se ha tramitado la norma que debería dar soporte a esa información.

El ahorro gestionado en productos de seguro de vida, medido a través de las provisiones técnicas, alcanzó en 2017 los 183.519 millones de euros, lo que supone un incremento del 3,21 por ciento. ¿Cómo valora este crecimiento?

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Es muy relevante, máxime si tomamos en consideración la situación de los tipos de interés, que para el crecimiento del ahorro gestionado por el sector asegurador es esencial. Frente a unos tipos de interés tendentes a cero, que haya subido el ahorro gestionado un 3, 21 por ciento nos parece un comportamiento muy bueno.

Este año se producirá la transposición al ordenamiento jurídico español de la Directiva de Distribución de Seguros. ¿Qué cambios generará en el sector? ¿Las aseguradoras están preparadas para implantarla?

La directiva va a reforzar las obligaciones de información a los clientes, información previa a la contratación, y, en este sentido están todas las medidas en marcha. Creo que no va a producir especiales alteraciones en cuanto a la estructura de distribución de seguros, ya que el sector está preparado o en vías de adaptación porque aún no existe un proyecto de ley en el Parlamento para ser discutido, con lo cual, no podemos terminar nuestra preparación antes de conocer cuáles van a ser nuestras obligaciones, pero todo lo que se ha podido hacer hasta el momento con el nivel de conocimientos que tenemos está hecho.

Siguen demandando un supervisor independiente que defienda los intereses del mercado asegurador español en Europa. ¿Esta demanda tiene eco o sigue cayendo en saco roto?

El Gobierno anunció este proyecto, lo sometió a consulta pública, participamos en ella y estamos a la espera de que presente un texto articulado.

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¿A corto o medio plazo?

Bueno... confiamos en que en esta legislatura sea posible.

¿Qué previsiones tiene el sector asegurador para este año? 

Tenemos previsto que termine 2018 con unos volúmenes de crecimiento similares a los de 2017. No creemos que podamos repetir los datos de 2016, que fueron excepcionales por la fuerte corrección que supuso al alza en relación a los años anteriores. La actividad aseguradora siempre presenta una trayectoria bastante estable siguiendo la senda del crecimiento económico, por ello en la medida que la economía crezca en España nos irá bien.

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