Patronal venezolana rechaza "persecución policial" por escalada de precios

La patronal de Venezuela Fedecámaras rechazó hoy la presunta "persecución policial" del Gobierno de Nicolás Maduro tras la escalada de precios que sufrió la economía del país en los últimos días y que llevó a las autoridades a forzar la bajada de algunos productos.

"Es urgente abastecer los mercados y eso no se hace con persecución policial. Eso se hace con políticas económicas serias, responsables y bien estructuradas, y eso no se ve por ningún lado", dijo el presidente de Fedecámaras, Carlos Larrazabal.

En una entrevista concedida a la emisora privada Unión Radio, Larrazabal explicó que las últimas decisiones del Gobierno venezolano no abordan "las raíces económicas del problema".

"Si siguen estas medidas policiales, que en vez de abordar el fondo del problema (...) buscan perseguir al sector productivo, la solución no será diferente", añadió.

El Gobierno venezolano obligó hace 10 días a supermercados y comerciantes a rebajar los precios de algunos productos a los montos del 15 de diciembre, que se vieron incrementados tras el anuncio de aumento salarial que hizo el presidente Maduro en su salutación al país por el fin de año.

La ejecución de esta medida de rebajas forzadas llevó, según Larrazabal, a una "oleadaa de saqueos controlados" que acabó con los productos en los anaqueles.

"Ahora tenemos la grave dificultad de reponer esos inventarios, en vista de que muchas empresas (apenas) están regresando de las vacaciones (de fin de año)", señaló.

Larrazabal, además, pidió el levantamiento del control cambiario, que rige en Venezuela desde 2003, como una medida que diluiría la alta cotización del dólar en el mercado paralelo.

En tal sentido, aseguró que los empresarios venezolanos no tienen acceso al mercado oficial de divisas desde agosto pasado, y que los industriales realizan la mayoría de sus importaciones con dólares adquiridos en el mercado paralelo.

El vicepresidente Tareck El Aissami señaló hoy, tras una reunión de trabajo con algunos empresarios del país, que los aumentos de precios "criminales, brutales (y) sin justificación", al tiempo que reiteró la solicitud de rebajas.

Según datos aportados por el Parlamento, Venezuela cerró 2017 con una inflación superior al 2.600 %.

Pero el Gobierno chavista asegura que la inflación es "inducida" y acusa a una "guerra económica", que estaría siendo adelantada por los Estados Unidos, comerciantes especuladores y un sector de la oposición, de las distorsiones de la economía.

Economistas independientes atribuyen la inflación desbocada a los controles de cambio de divisas, la destrucción de la producción y la emisión descontrolada de dinero por parte del Banco Central de Venezuela.

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