El Tribunal de Cuentas censura al Banco de España por no controlar lo suficiente

Le reprocha no revisar mejor el nombramiento de banqueros ni ser más severo con las entidades para que cumplan con sus requerimientos

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No parecen correr buenos tiempos para el Banco de España (BdE). A la polémica generada tras la investigación judicial su antigua cúpula por su papel cuestionable en la salida a Bolsa de Bankia se une ahora la vigilancia que el Tribunal de Cuentas está haciendo de sus actuaciones y que ha deparado dos informes de cierta severidad en lo que llevamos de año. El primero advertía de que el coste real del rescate bancario puede aumentar por encima de los 60.718 millones de euros estimados. En el segundo, hecho público este miércoles, censura su comportamiento por no controlar lo suficiente, una crítica no precisamente menor pues hablamos del supervisor bancario.

En su 'Informe de fiscalización del cumplimiento de la legalidad y de sistemas y procedimientos de la función supervisora del Banco de España', el órgano que revisa las actuaciones económico-financieras de los organismos públicos pone en solfa que el nivel de atención hacia sus vigilados por parte de la institución que gobierna José María Linde sea el adecuado. Hasta 120 páginas dedica a dicha tarea, incluidas las alegaciones del BdE, para concluir, por ejemplo, que éste parece inclinarse demasiado por la improvisación.

Y es que en 2015 -la revisión del Tribunal solo llega hasta el 30 de junio de 2016 por lo profuso de su labor- «fueron más las actuaciones no planificadas» que acometió «que las que se realizaron en cumplimiento del programa supervisor». Hasta el punto, incluso, de que el análisis sobre el grado de cumplimiento del mismo se hizo en el ejercicio siguiente y el Banco ni siquiera elaboró los informes periódicos de seguimiento que suele hacer sobre otras tareas. Es más, la supervisión de 2015 -revela el informe- se ejecutó «en función de las reclamaciones de 2012 y 2013 sin contar con una información suficientemente actualizada».

Otro punto bastante criticado por el órgano contable es cierta laxitud que observa en el supervisor bancario a la hora de cumplir con su función de evaluar la idoneidad de los altos cargos de las entidades bajo su control. Así, le reprocha no haber sido más exigente con ellas, pese a que los informes que le presentaron sobre sus nombramientos «no tenían un contenido uniforme ni exhaustivo» en aspectos «tan relevantes para su valoración» como las funciones del puesto que van a desarrollar, o qué requisitos reúne para estimarse un candidato apropiado.

Peor todavía es, a su juicio, el hecho de que hayan podido ejercer las funciones del cargo antes de su inscripción por el Banco de España, un trámite obligado pero que el Tribunal duda que se cumpla siempre, al menos en tiempo y forma. Y es que otro de sus reproches es que los bancos «se exceden en los plazos» para informar al supervisor, aprovechándose de que éste no los fija «expresamente» -ahora se le insta a poner un tope y a «homogeneizar» el contenido de la información que resulta exigible-e incluso llega a «suspender» algunos procedimientos.

Inspecciones sin plazo

También merece atención especial para el Tribunal de Cuentas la «insuficiente» vigilancia del BdE para velar por que las entidades financieras cumplan sus requerimientos y recomendaciones. «Su metodología -le censura- no incluye un calendario para la verificación de su adopción efectiva» y, en ocasiones, simplemente «se limitó» a las tareas a realizar dentro del seguimiento ordinario que hace de cada banco.

En este sentido, en el informe se reprocha al Banco de España que no hubiera alcanzado «los objetivos» que se marcó sobre «la periodicidad de sus inspecciones 'in situ'», e incluso éstas «no hubieran seguido algunos trámites» previstos para los requerimientos realizados. Por eso, amén de mejorar aquellas, pide que se dote de más personal a esos equipos y, además, mejor preparados.

Asimismo, lamenta que el supervisor no hubiera sido más severo con los bancos para que fueran más exhaustivos en sus informes de autoevaluación de capital, «dando lugar a diferencias en el grado y detalle de la información incorporada».

Por último, el Tribunal de Cuentas también extiende sus reproches al Gobierno. De un lado, por no «potenciar la supervisión macroprudencial», designando para ello una autoridad nacional donde participase el Ministerio de Economía junto al BdE y la Comisión Nacional del Mercado de valores (CNMV), pese a ser una recomendación expresa de la UE. Por otro, incumpliendo las previsiones europeas para reformar la ley hipotecaria -el Ejecutivo anunció hace semanas que trabaja en una nueva norma pero aún no la ha presentado- y mejorar la protección de los clientes.

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