El sudoku contable autonómico no encuentra quién lo solucione

Sin ajustes contables, al menos tres CC AA no podrían cumplir con el objetivo de déficit ampliado por Hacienda (-0,7%)

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El rompecabezas de las cuentas autonómicas sigue sin encajar, por más que las comunidades se han tenido que apretar el cinturón durante la reciente crisis para no desviarse en demasía de los objetivos de saldo presupuestario que les iba imponiendo el Gobierno para cumplir a su vez con el mandato de Bruselas, la capital comunitaria. Lo consiguieron solo a medias a la vista de los datos oficiales, al pasar de un déficit del -3,35% en términos de Producto Interior Bruto (PIB) en 2011 al -1,66% con que cerraron 2015.

El problema es que ninguno de esos años se acercaron a la meta fijada por Hacienda. En 2011 fue del -1,3% y las autonomías la duplicaron con creces. En 2012, sin embargo, la diferencia se redujo a poco más de tres décimas (-1,86% frente a -1,5% previsto) y en 2013 se mantuvo la tónica (-1,57% por un -1,3% previsto). Pero los dos últimos ejercicios el caballo del desequilibrio contable regional se desbocó de nuevo:_en 2014 su saldo negativo no debía pasar del -1% y se fue al -1,75%; en 2015 el panorama empeoró y el margen entre el objetivo deseado y la realidad se duplicó con creces (del -0,7% al -1,66%).

Vista esta trayectoria, la duda resulta evidente. ¿Serán capaces las administraciones autonómicas de cumplir esta vez con su parte en la ofrenda presupuestaria a los próceres de la Comisión Europea, máxime cuando en juego hay incluso una multa a España? Porque una cosa es que el país tenga ahora al menos un año más de prórroga -de los compromisos que pueda adquirir el nuevo Gobierno dependerá si hay margen para otro- a fin de cumplir con el sacrosanto Pacto de Estabilidad y Crecimiento, y otra bien distinta que se libre de una sanción por déficit excesivo.

Aunque el castigo no resultaría baladí -hablamos del 0,2% del PIB, unos 2.000 millones de euros-, peor aún sería la imagen dada ante los inversores internacionales en un país sobreendeudado, y donde el pasivo de las autonomías parece haberse convertido en un pozo sin fondo. En 2015, el año de mayor crecimiento económico desde 2007, se disparó un 10,3% hasta los 261.268 millones. Representa así el 24,3% del PIB, casi cuatro veces más que cuando comenzó la crisis nueve años atrás.

La losa de la deuda

Su mala marcha contrasta con la de las corporaciones locales, que sí han enderezado su rumbo en déficit (están en superávit desde 2012) y deuda (la recortaron un 8,3% el año pasado, siendo la única administración pública que logró hacerlo). El problema, no obstante, es general:_el pasivo público total ya supera el 100% del PIB y en 2015 España gastó 55.755 millones más de lo que ingresó, a un ritmo de 6,3 millones extras por hora.

La única pega es que los ayuntamientos han vuelto a incrementar su gasto en personal (un 4,3% en 2015 hasta los 16.341 millones). Claro que a las autonomías les pasa lo mismo:_el pasado ejercicio la partida dedicada a los sueldos de su millón largo de empleados públicos subió un 4% -en Cataluña se disparó un 9,1% y en la Comunidad Valenciana un 6,6%- para alcanzar los 71.235 millones, el doble que las retribuciones del Estado (2%) y el resto de la Administración Central, y cuatro veces más que la media del sector privado (0,8%).

Según los presupuestos que las comunidades han enviado a Hacienda -faltan aún por analizar los de Castilla-La Mancha y Extremadura-, casi todas sus bazas de cumplir con la nueva meta de déficit (-0,7% sobre el PIB regional para cada una) se fían a la recuperación económica y, en particular, al repunte del 'ladrillo', su nicho de ingresos fundamental. Un ejemplo de ello es que prevén recaudar un 8,6% más de media por los impuestos sobre transmisiones patrimoniales y también actos jurídicos documentados (ITP y AJD), que gravan las compraventas de viviendas, hasta alcanzar los 6.753 millones.

Aún mejor les irían los ingresos percibidos por el IVA a través del sistema de financiación autonómica, que aumentarán un 13,3% para sumar 28.570 millones, mientras que sus recursos derivados del IRPF crecerán un 6,4% (33.371 millones) y los derivados de los impuestos especiales (alcohol, tabaco e hidrocarburos) otro 2,7% (10.928 millones). Ellas, por su parte, elevarán otro 4,4% su recaudación por el impuesto sobre el patrimonio (1.053 millones).

Como resultado, los ingresos no financieros de las autonomías subirán casi un 6% este año, el triple que sus gastos (2%). Estos últimos incluso bajarán en Asturias (-0,1%) y no se moverán en Cataluña (0%). El mayor optimismo para generar recursos lo vemos en Baleares, donde aumentarán un 8,2%, seguida de Madrid (7,3%), Comunidad Valenciana (6,8%), Galicia (6,7%) y Andalucía (6,7%).

Pero aún así, solo los ajustes -en mayor medida contables que presupuestarios (desde inejecución de créditos a gastos que quedarían pendientes de aplicar)- habían permitido a las comunidades ajustarse al anterior tope de déficit para 2016 (-0,3%), luego duplicado (-0,7%) por el plazo extra de Bruselas. Sin su efecto (ver gráfico), tres comunidades incumplirían de antemano ese margen extra. Se trata de Aragón (-1%), Baleares (-0,9%) y Cantabria (-0,9%), mientras otras tres se aproximaban a la frontera: Andalucía, País Vasco y La Rioja, todas con una estimación del -0,5%.

Entre todas, el desfase contable autonómico (sin Castilla-La Mancha ni Extremadura) se iría a los 5.191 millones. No obstante, el Gobierno descuenta el efecto de las liquidaciones negativas de 2008 y 2009 para, añadidos los ajustes citados, dejar el desequilibrio en 3.086 millones y resolver solo temporalmente el sudoku.

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