El 35,5 % de entes locales baleares no ha rendido cuentas en el plazo legal

Los consells de Mallorca, Menorca y Formentera, veintiún ayuntamientos y tres mancomunidades, un 35,5 % de todos los entes locales de Baleares, no han rendido la cuenta general del ejercicio 2017 ante la Sindicatura de Cuentas en el plazo estipulado por la ley, ha informado hoy dicho organismo.

Este lunes (el 15 de octubre) finalizaba el plazo para rendir la cuenta general correspondiente al ejercicio 2017 de las corporaciones locales, de acuerdo con la ley reguladora de las haciendas locales y con la Ley de la Sindicatura de Cuentas.

Superado ese plazo, hay tres consells, veintiún ayuntamientos, entre ellos el de Palma, y tres mancomunidades no han rendido la cuenta de 2017 en plazo, de los cuales el Consell de Mallorca es el que gobierna sobre más población, con 868.693 personas y un presupuesto en 2017 de 401,7 millones de euros.

Entre los de mayor población y gasto consolidado en 2017, le sigue el Ayuntamiento de Palma, con menos población pero más presupuesto con 406.492 palmesanos y un presupuesto de 420,1 millones; el consell de Menorca con 91.170 habitantes y 84,7 millones y el de Formentera con 12.280 personas y 23,8 millones.

A continuación se sitúa el Ayuntamiento de Capdepera, con 11.267 personas y 45,4 millones; el de Sant Llorenç des Cardassar con 8.328 personas y 15,5 millones; el de Binissalem con 8.143 y 15,5 millones; el de Muro con 6.829 y 12,7 millones; el de Alaró con 5.389 personas y 4,3 millones de presupuesto; y el de Esporles, con 4.942 residentes y 3,8 millones.

Tampoco han rendido cuentas los ayuntamientos de Ferreries, Sineu, Montuïri, Petra, Llubí, Maria de la Salut, Sant Joan, Puigpunyent, Santa Eugènia, Mancor de la Vall, Fornalutx, Banyalbufar, Estellencs y Escorca, así como las mancomunidades des Raiguer, Servicios Públicos Insulares y de la Tramuntana.

Según la Sindicatura, las 27 entidades locales que no han rendido la cuenta general suponen el 35,5 % del total de entes locales, pero suman el 55,7 % del total del presupuesto inicial consolidado de gastos para el ejercicio 2017, porque entre ellos están tres consells y municipios como Palma, que representan el 44 % del total de la población.

La Sindicatura advierte de que la consecuencia más importante de la falta de rendición de cuentas es que no permite la fiscalización de la actividad pública que tienen encomendada por ley los órganos de control externo (Tribunal de Cuentas y Sindicatura de Cuentas).

Se impiden de este modo "la contribución a la necesaria regeneración democrática, la promoción de la eficiencia y la eficacia de las entidades públicas y el favorecimiento del crecimiento económico, como establece la Ley de Buen Gobierno".

La normativa vigente dispone que, entre las consecuencias del incumplimiento de la rendición de las cuentas figura la posibilidad de retener las transferencias derivadas de la participación en los tributos estatales hasta que se considere cumplida la obligación de remisión de la cuenta general.

Además puede tener la consideración de infracción muy grave en materia de gestión económico-presupuestaria e implicar sanciones.

La Sindicatura ha advertido a las entidades locales de los plazos a cumplir. Además requerirá formalmente a las que los han incumplido que rindan la cuenta general del ejercicio 2017 y les advertirá de las consecuencias que puede tener el incumplimiento.

El ente de fiscalización ha destacado que las entidades locales que han rendido en plazo más veces la cuenta general entre 2003 y 2017 son los ayuntamientos de Campos (13 veces), Alcúdia (11); Es Mercadal, Ferreries, Lloret de Vistalegre, Sant Josep de sa Talaia, Santa Eulària des Riu, Santanyí y la mancomunidad del Migjorn de Mallorca, con 10.

Además, a los consells de Ibiza y Formentera y a los ayuntamientos de Escorca, Llubí, Mancor de la Vall y Maria les falta por remitir a la Sindiatura la relación de contratos formalizados en 2017; y a los cuatro consells y ocho ayuntamientos (Es Migjorn Gran, Escorca, Llubí, Mancor de la Vall,Maria de la Salut, Pollença, Puigpunyent y Sant Joan de Labritja) y una mancomunidad (Tramuntana) les falta la relación de convenios.

Faltan además otras informaciones por parte de diez órganos interventores de entidades locales sobre las resoluciones adoptadas acerca de objeciones formuladas por el órgano interventor y un resumen de las principales anomalías detectadas en materia de ingresos.

El sector público local de Baleares está formado por los cuatro consells, 76 ayuntamientos (sin incluir Formentera), 5 mancomunidades y una entidad local menor. Para el ejercicio 2017, el presupuesto de gastos consolidado de las 76 entidades es de 1.885 millones de euros, según los datos del portal web del Ministerio de Hacienda.

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