Economía inicia la cuenta atrás para trasponer MiFID II

Una consulta pública abierta por el Ministerio de Economía ha dado el pistoletazo de salida a la trasposición de MiFID II al ordenamiento jurídico español. La consulta, abierta hasta el 10 de abril, recopilará la opinión de la industria financiera sobre el desarrollo de la directiva, que tendrá que estar traspuesta el próximo mes julio, y entrará en vigor en enero de 2018.

Recabar criterios de la industria financiera, tanto de particulares como de organizaciones representativas del sector, sobre el texto de MiFID II, que entrará en vigor en enero de 2018, es el objetivo que se han propuesto conseguir los responsables del Ministerio de Economía al publicar a, mediados de marzo, una consulta sobre la trasposición de la directiva europea al ordenamiento jurídico español. El Ejecutivo ha iniciado así un proceso que culminará con la trasposición de la norma antes del próximo 3 de julio.

La consulta contiene 19 preguntas relacionadas con los objetivos de la directiva, que son reforzar la protección del inversor regulando el asesoramiento en la comercialización de productos financieros y sus incentivos, además de aumentar la transparencia en los mercados.

Las preguntas también hacen referencia a aspectos como los problemas que se pretenden solucionar con MiFID II, la necesidad y oportunidad de su aprobación y las posibles soluciones alternativas regulatorias o no regulatorias. Los interesados también pueden opinar sobre otros temas que no estén incluidos en las preguntas y que consideren relevantes sobre la directiva.

La consulta no ha sido acogida de igual manera por todos los actores del mercado financiero, y aunque la mayoría la considera positiva, otros como Javier Domínguez, socio director de Auriga Global Investors, cree que «no será muy útil porque no pone el punto de mira en los temas más polémicos».

Según fuentes del Tesoro, la trasposición supondrá una modificación «en profundidad» de la Ley del Mercado de Valores y, para ello, el Ejecutivo «trabaja junto a la CNMV». Pero para que este cambio se produzca, el Ejecutivo tiene que conseguir que la trasposición de la directiva se realice a tiempo, antes del 3 de julio.

Y este es un problema considerable teniendo en cuenta la actual composición del Parlamento español. «Es difícil saber si se traspondrá a tiempo. Dependerá del trámite parlamentario y de conseguir una determinada mayoría, lo que no es obvio. La trasposición, y con ella la consulta pública lanzada, tiene temas de gran calado que suponemos que despertarán diferencias de pareceres en el Parlamento igual que levanta en la industria», afirma Josep Soler, presidente de EFPA Europa.

También Javier Domínguez reconoce que, se consiga o no llegar a tiempo, dependerá de la «situación política porque como hemos visto en temas tan relevantes como el de la estiba, los políticos no se han puesto de acuerdo».

Entre los cambios que propone la directiva sobre el mercado de valores y que, según los analistas, son de más difícil aplicación destacan, para Carlos García Ciriza, presidente de la Asociación de Empresas de Asesoramiento Financiero (Aseafi), «el gobierno de productos en el asesoramiento y la gestión de carteras. La nueva directiva endurece los requisitos para prestar estos servicios, teniendo que justificar y documentar mucho más todas las recomendaciones».

Por su parte, Josep Soler cree que MiFID II incluye cambios «muy profundos» que ya están generando trabajos de adaptación importantes en las entidades, por lo que, para él, los cambios de más difícil aplicación en la directiva serán «los relacionados con la estructura de las diversas empresas de servicio de inversión (ESIs), los elementos de protección e información al cliente, las potestades de los supervisores o las exigencias para el asesoramiento financiero».

El sector tampoco está de acuerdo en que la implantación de MiFID II será positiva para los inversores y para los mercados. En opinión Josep Soler, «podría serlo, debería serlo y necesitamos que lo sea. Como sector, no nos podemos permitir que no sea un éxito».

También Javier Domínguez, reconoce tajante que será «absolutamente positiva» en el caso de los inversores, ya que en productos en los que ahora hay «falta de información pública, útil y transparente», MiFID II aportará a los inversiones «esa transparencia para que estén protegidos y puedan tomar decisiones eficientes en base a la información que les dan».

El beneficio que generará la directiva con relación a la industria vendría, según Domínguez, de que «pondrá al mercado español en el mismo nivel de eficiencia y transparencia que hay en otros mercados de nuestro entorno».

Menos convencido se muestra García Ciriza frente a la directiva, a su juicio, el exceso de regulación «no es bueno». «Creo que en algunos aspectos ha ido demasiado lejos y no sé si eso favorece realmente al inversor, ya que dificulta la actividad de las ESIs».

Dice que «seguramente» va a provocar «un paso atrás» en la prestación de asesoramiento, sobre todo por parte de los grandes bancos, ya que «encarece este servicio». «Lo dificulta de tal manera que muchas entidades grandes van a renunciar a él y van a restringirlo a clientes de tamaño grande, en el caso del asesoramiento no independiente, y a clientes muy grandes, en el caso del asesoramiento independiente».

Respecto a la implantación en enero de 2018 de la directiva ve «difícil que todas las entidades la apliquen correctamente a partir de enero. Está todo el mundo expectante, ya que hay muy poco tiempo para adaptar muchos procesos».

PROBLEMAS A SOLUCIONAR CON MIFID II

Fragmentación regulatoria en los mercados de instrumentos financieros en la UE

Complejidad de los servicios e instrumentos financieros

Aplicación limitada del marco regulatorio a determinados productos y mercados

Reforzar el sistema de organización interna y principios rectores de la elaboración y comercialización de productos

Un mayor grado de concreción de las normas de conducta y protección al inversor

OBJETIVOS DE MIFID II

Aumento de la protección del inversor

Mejorar la estructura organizativa y el gobierno corporativo de las empresas de servicios de inversión

Aumentar la transparencia y la eficiencia de los mercados

Incrementar la seguridad de los mercados

Fomentar el acceso de las pymes a los mercados de capitales