Unidad opositora ve "con preocupación" la continua "represión" en Nicaragua

La opositora Unidad Nacional Azul y Blanco manifestó este jueves su "preocupación" por la continua "represión" del Gobierno de Nicaragua, a pesar de que se encuentra en negociaciones con la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, principal movimiento opositor, para superar la crisis que afecta al país.

"Observamos con preocupación que, lejos de crear un clima apto para el buen resultado de las negociaciones, el régimen se empeña en continuar con la represión y la violencia en contra de la ciudadanía", declaró la Unidad, en un comunicado.

Aunque el grupo opositor no mencionó ningún caso específico, al menos dos personas fueron capturadas y un grupo de jóvenes fue asediado por la Policía Nacional por alzar la bandera de Nicaragua en protesta contra el presidente Daniel Ortega desde ayer miércoles, cuando iniciaron las negociaciones.

La Unidad, que también integra la Alianza Cívica, también reclamó que el Gobierno no haya dado libertad plena a 100 presos que salieron de prisión ayer, y sólo les otorgó convivencia familiar, sin garantizar el cumplimiento de sus derechos humanos y "poniendo en riesgo la integridad de los mismos al publicar sus direcciones".

Además de hacer responsable al Gobierno por lo que ocurra con los reos y sus familiares, la Unidad rechazó las reformas fiscales aprobadas ayer en lo general, ya que agudizan "la crisis humanitaria e intenta desviar la atención de la crisis política y de derechos humanos en la que nos ha sumido este régimen".

En el comunicado la Unidad insistió en que las negociaciones necesitan garantías, como "la liberación previa y sin restricciones" de los manifestantes presos y la anulación de sus juicios, el retorno de los exiliados y el establecimiento de las libertades fundamentales de los nicaragüenses.

Asimismo la Unidad reclamó elecciones adelantadas, la participación de organismos multinacionales como garantes en las negociaciones del Gobierno con la Alianza, la devolución de personalidad jurídica a ONGs sin fines de lucro y defensoras de derechos humanos, además de la comunicación "fluida y oportuna" de los acuerdos.

Nicaragua vive una crisis sociopolítica que desde abril pasado ha dejado entre 325 y 561 muertos, de 340 a 777 detenidos, cientos de desaparecidos, miles de heridos y decenas de miles en el exilio, según organismos humanitarios.

El presidente reconoce 199 muertos y 340 detenidos, que llama "terroristas", "golpistas" o "delincuentes comunes".

Ortega, quien lleva doce años en el poder de manera continua, no acepta responsabilidad de la crisis ni tampoco las acusaciones generalizadas sobre graves abusos de las autoridades contra los manifestantes antigubernamentales, y denuncia ser víctima de un intento de "golpe de Estado fallido".

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha insistido en que el Gobierno de Nicaragua ha cometido crímenes "de lesa humanidad", mientras que la aplicación de la Carta Democrática Interamericana (CDI) está en proceso en la Organización de Estados Americanos (OEA).

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