Sociedad civil presenta propuesta para nueva reforma electoral en Guatemala

La sociedad civil, instada por el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, presentó hoy una propuesta conjunta para una segunda reforma de la ley electoral y de partidos que complete la aprobada en mayo y que no recogía "el clamor popular".

Así lo manifestó el mandatario tras recibir este día el documento consensuado por más de 25 organizaciones civiles.

La propuesta incluye la modernización del padrón electoral y el fortalecimiento del Tribunal Supremo Electoral elevando la duración del mandato de los magistrados, que no podrán optar a la reelección, de 6 a 8 años.

Asimismo, propone la democratización interna de los partidos con la apertura de las listas para que la ciudadanía pueda votar por cada candidato.

Para frenar la trashumancia electoral, los candidatos deberán fijar su residencia en el municipio al que opten a representar al menos un año antes.

Otra de las propuestas incluida en el documento, rechazada por algunos de los colectivos que participaron en las mesas técnicas, es la apuesta por la paridad e inclusión de mujeres, jóvenes y pueblos indígenas en los proceso electorales.

Hoy mismo, el Observatorio de los Pueblos Indígenas denunció que los aborígenes continúan siendo excluidos por los diferentes sectores y demandaron la refundación del Estado de Guatemala con el fin de buscar soluciones a sus ancestrales problemas.

Morales aplaudió el trabajo realizado por la sociedad civil, capaz de "trabajar de la mano incluso pensando diferente", y remarcó que la reforma de la ley electoral es una "demanda" de la ciudadanía.

El pasado mes de mayo, el presidente promulgó una primera que incluía, entre otras modificaciones, el voto en el extranjero para elegir presidente, sanciones severas contra partidos que realizan campañas anticipadas, prohibía el transfuguismo de los diputados por al menos tres años tras su elección y decretaba vinculante el voto nulo si se obtiene el 50 % más uno de los votos.

No obstante, en todo momento Morales aseguró que se trataba de modificaciones insuficientes que requerían de una "reforma de segunda generación" que "sí responda a las demandas legítimas del clamor popular".

La propuesta será ahora trasladada al Tribunal Supremo Electoral y posteriormente al Congreso para su evaluación.

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