Siguen condenas contra Nicaragua, cuya economía sigue a la baja por conflicto

Los Congresos de Estados Unidos y El Salvador condenaron hoy al Gobierno del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, a quien responsabilizan de la grave crisis que vive el país, donde han muerto entre 295 y 351 personas en poco más de tres meses.

Dos calificadoras de riesgo advirtieron sobre una caída en la economía nicaragüense a causa de la crisis sociopolítica que vive desde el pasado 18 de abril, donde continúan las denuncias de arrestos y torturas a líderes locales opositores.

La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó por unanimidad una resolución que condena la intimidación, la violencia, la persecución y los muertos a manos del Ejecutivo de Daniel Ortega.

También expresó su apoyo al pueblo nicaragüense frente a la violencia que está sufriendo y pidió la convocatoria de elecciones libres en el país.

Los legisladores también instaron a la Administración del presidente de EE.UU., Donald Trump, a que identifique a los funcionarios del Gobierno de Nicaragua que puedan estar sujetos a sanciones en virtud de la Ley Global Magnitsky de Responsabilidad de Derechos Humanos.

Por su lado, el Congreso de El Salvador condenó el recrudecimiento de la violencia en Nicaragua y llamó a retomar el diálogo en un pronunciamiento aprobado con los votos de la derecha.

Tres organizaciones civiles mexicanas informaron de que recabaron cerca de 43.000 firmas para pedir a la comunidad internacional "una actuación urgente" ante la "represión y violación de derechos humanos" en la crisis política de Nicaragua.

Las agrupaciones pidieron al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que intervenga en Nicaragua "para garantizar el orden y la estabilidad" y a los tribunales internacionales que estudien "si los altos mandos policiales y el gobierno de Ortega incurrieron en un delito de lesa humanidad".

En tanto, decenas de personas, convocadas por el partido Movimiento Socialista de los Trabajadores argentino (MST), se manifestaron a las puertas de la embajada de Nicaragua en Buenos Aires para repudiar la represión del Gobierno de Ortega en el país.

Por otra parte, la firma calificadora Standard & Poor's (S&P) Global Ratings degradó la calificación de deuda soberana de largo plazo en moneda nacional y extranjera de Nicaragua de "B " a "B" con perspectiva negativa debido a la "explosiva" crisis sociopolítica.

También la agencia de calificación de riesgo Moody's rebajó las expectativas de crecimiento económico de Nicaragua para este año a un máximo de un 1 por ciento y a un mínimo de -1 por ciento.

"El aumento de la presión política de los Gobiernos de América Latina y Estados Unidos podría debilitar aún más la actividad económica y conducir a una prolongada contracción económica", alertó Moody's en un informe publicado en su sitio web, titulado "Gobierno de Nicaragua: El costo económico de la crisis política es negativo".

El Banco Central redujo de un 4,5 al 1 por ciento su previsión de crecimiento de la economía este año como resultado de los "disturbios que se han venido presentando en Nicaragua" desde el pasado 18 de abril.

Previo al conflicto se estimaba un crecimiento de entre un 4,5 y un 5 por ciento, con una inflación del 5,5 al 6,5 por ciento.

Nicaragua, que es uno de los países con altos índices de pobreza en América Latina, logró un crecimiento del producto interior bruto (PIB) del 4,9 por ciento en 2017, con una inflación del 5,68 por ciento, según el Banco Central.

Con 295 a 351 muertos y miles de heridos, Nicaragua atraviesa la crisis sociopolítica más sangrienta desde 1980, también con Daniel Ortega siendo presidente.

Las protestas contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, se iniciaron el 18 de abril, por unas fallidas reformas a la seguridad social y se convirtieron en un reclamo que pide la renuncia del mandatario, después de once años en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción en su contra.

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