Represión en Nicaragua deja 285 muertos, según la ONG local ANPDH

Al menos 285 personas han muerto, 2.500 han resultado heridas, 156 desaparecidas y 46 han sufrido lesiones permanentes en Nicaragua debido a la represión del Gobierno de Daniel Ortega, según un informe difundido hoy por la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH).

De acuerdo con el documento, de más de 50 paginas, entre los fallecidos durante la crisis sociopolítica que vive Nicaragua desde abril pasado, figuran veinte menores, veinte agentes policiales y un periodista.

Las muertes se han registrado en los departamentos de Managua (145), Masaya (35), León (20), la Región Autónoma Caribe Norte (20), Estelí Matagalpa (15), Estelí (13), Chinandega (8), Jinotega (8), Carazo (5), Boaco (4), Chontales (3), Río San Juan (3), Granada (2), Madriz (2), Rivas (1) y Región Autónoma Caribe Sur (1).

La ONG señala que el Gobierno se ha valido de sus "fuerzas combinadas que cubren sus rostros con pasamontañas" para realizar "actos ilícitos e impunes", como "torturas, asesinatos atroces selectivos, allanamiento de morada sin orden judicial y daños a la propiedad".

Policías, antidisturbios, "parapolicías", paramilitares y grupos de choque oficialistas "hacen uso de arma de guerra no justificado, con francotiradores, contra ciudadanos que protestan cívica y pacíficamente", dijo a los periodistas el presidente de la ANPDH, Álvaro Leiva.

El informe preliminar de la asociación indica que el día más "sangriento" fue el 20 de abril pasado, cuando 23 personas fueron ejecutadas de forma "extrajudicial", mientras que 20 fallecieron el 30 de mayo en una marcha por el Día de las Madres en Nicaragua y 59 perdieron la vida de la misma manera entre el 10 y el 16 de junio.

A causa de la represión ha habido una media de 4 muertos al día y 130 al mes, por lo que el diálogo nacional entre el Gobierno y la Alianza Cívica que representa a la población "debe buscar consensos urgentes para evitar más derramamientos de sangre", recalcó el delegado de esa ONG Danilo Martínez.

Por su parte, Leiva resaltó que como producto de las muertes, cinco de ellas ocurridas este mismo lunes, en Nicaragua "existe un estado de sitio no declarado, provocado por operaciones fuera del marco de la ley".

El "estado de sitio", subrayó, lo han impuesto "grupos paramilitares y de choque, dirigidos por grupos afines a la ideología partidaria al gobierno de turno, conocidos como CPC (Consejos del Poder Ciudadano)".

Para Leiva, la crisis sociopolítica de Nicaragua no se desató de la noche a la mañana el 18 de junio, sino que es producto de una violación "sistemática y permanente" de los derechos humanos por la "falta de voluntad" de Ortega de respetar la Constitución y las leyes nicaragüenses.

La ANPDH trabaja en el seguimiento de la crisis junto con el equipo técnico de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y lo hará en las próximas horas con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y con la Unión Europea, agregó Leiva.

Nicaragua lleva más de dos meses sumida en la crisis más sangrienta desde los años 80, también con Ortega como presidente.

El Gobierno niega las acusaciones de las organizaciones humanitarias locales e internacionales, como la CIDH, que cifró el viernes pasado en 212 las muertes y achacó la responsabilidad de la crisis al Ejecutivo.

El canciller nicaragüense, Denis Moncada, sostiene que la violencia la producen "grupos delincuenciales" que vincula con la oposición al Gobierno y niega que existan equipos parapoliciales afines al oficialismo actuando contra la población civil.

Las protestas contra el Gobierno comenzaron por unas fallidas reformas a la seguridad social y derivaron en la exigencia de que renuncie del mandatario, tras once años consecutivos en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción en su contra.

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