Puigdemont asegura que culminará la secesión en junio o julio de 2017

El Gobierno central cierra la puerta al referéndum que propone el presidente catalán y avisa que aplicará todo el peso de la ley

puigdemont

Un cierto triunfalismo, al menos de puertas afuera, se ha instalado entre los dirigentes soberanistas, que hoy se atrevían a afirmar sin matices que dentro de un año Cataluña será independiente. El presidente de la Generalitat se unió a esa corriente de euforia y aseguró que la Diada del año que viene, la de 2017, será la de la «celebración» por la proclamación de la república de Cataluña.

Es justo lo que querían oír los cientos de miles de personas que se manifestaron el domingo en la Diada y que expresaron que están impacientes por que el proceso entre en su fase resolutoria. «En julio del año que viene ya habremos hecho el trabajo», garantizó el presidente de la Generalitat, que mantiene la línea marcada por su antecesor de tomar algunas de las decisiones más relevantes en caliente, tras ver el resultado de las manifestaciones del 11-S, que fueron multitudinarias y que Artur Mas interpretó que representaban a la gran mayoría de los catalanes. Así, Mas convocó elecciones tras la primera gran Diada de 2012, con un pésimo resultado para CiU que perdió 12 diputados, y se plegó a las exigencias de la ANC cuando tras la Diada de 2014 dio luz verde a la consulta del 9-N.

Ahora, Puigdemont, un año después de las elecciones del 27-S, en las que el independentismo obtuvo mayoría absoluta de escaños, pero no de votos, se propone resolver en los próximos nueve meses la operación política más compleja de la historia de Cataluña. Entre junio o julio de 2017, el independentismo espera haber culminado el proceso, primero con la aprobación de las llamadas leyes de la desconexión (hacienda, seguridad social y transitoriedad jurídica), y posteriormente «con un referéndum pactado con el Estado, si es factible», dijo Puigdemont. Para no cerrase puertas, no descartó otro mecanismo, como unas «elecciones constituyentes» que se convocarían «no más allá de septiembre».

El referéndum pactado está descartado, y así se lo hicieron saber con rotundidad hoy mismo desde el Gobierno central. Puigdemont tiene previsto hacer una petición formal, si supera la moción de confianza del 28 de septiembre, pero el Ejecutivo ya le anticipó la respuesta negativa. Mariano Rajoy evitó contestar a Puigdemont, aunque la vicepresidenta y el ministro de Justicia se encargaron de vetar la consulta independentista. «La clave está en la soberanía nacional, que reside en todos los españoles y no en una parte», afirmó Rafael Catalá. «Nunca va a ser posible, con la Constitución actual, que una parte decida lo que quiere ser. Lo decidimos todos. Puigdemont no tiene capacidad para hacer lo que él considere; todos estamos sometidos a las reglas del juego», remató.

Urnas a las bravas

El Gobierno en funciones fue claro y cegó la puerta del referéndum acordado. Sin el plan A, el B se llama referéndum unilateral de independencia (sin la autorización de Madrid) y el C, elecciones constituyentes. En principio, Puigdemont descarta el RUI, a diferencia de Esquerra, la CUP y la ANC. El presidente de la Generalitat expresó que solo pondrá las urnas a las bravas (en una especie de versión actualizada del 9-N) si consigue que la votación sea vinculante y tenga todas las garantías aceptadas por la comunidad internacional «en términos de participación y validación de resultados".

Una consulta unilateral difícilmente cumpliría los estándares que fija la UE, por lo que la baza que le quedaría al jefe del Ejecutivo catalán es volver a vestir unas elecciones autonómicas bajo la forma de plebiscitarias, en este caso con el calificativo de constituyentes, pues en teoría deberían dar paso, en caso de victoria independentista, a la proclamación de la república. En cualquier caso, si optara por el RUI, el ministro de Justicia advirtió de que sobre Puigdemont «caerá todo el peso de la ley».

Soraya Sáenz de Santamaría, por su parte, calificó los planes del gobernante nacionalista de «ilegales, oportunistas y rupturistas». A su juicio, está tensando y haciendo sufrir a la sociedad catalana porque la CUP le está obligando. «La combinación entre oportunismo (soberanista), el populismo de la CUP y la propuesta de Puigdemont, hacen mucho daño al conjunto de la sociedad catalana», remató la número dos del Gobierno.

Desde la Moncloa, admitieron que la Diada, en la que participaron entre 375.000 y cerca de un millón de catalanes, evidencia que «el movimiento independentista catalán está muy presente». Aunque Catalá destacó que en esta ocasión la afluencia fue menor que otros años y por tanto no se puede hablar de un aumento en el fervor independentista. En el último año «no ha habido ningún incremento singular» del apoyo ciudadano, que "no parece que esté creciendo", fue la valoración del Gobierno sobre las manifestaciones del 11-S. Rajoy, en cambio, evitó hacer mención alguna.

Ni este artículo, ni sus datos, ni su contenido multimedia o relacionado constituyen recomendación alguna o estrategia de inversión. Inversor Ediciones, SLU (incluyendo a sus profesionales, colaboradores y proveedores) declina cualquier responsabilidad relacionada con el uso que usted dé a los contenidos publicados por finanzas.com y/o la revista INVERSIÓN.