Política de "tolerancia cero" a la corrupción en el Gobierno de Puerto Rico

El Ejecutivo de Puerto Rico mantiene una política de "tolerancia cero" frente a la corrupción, causa de una "cascada de dimisiones" que ha permitido al gobernador, Ricardo Rosselló, mantener intacta su imagen frente a un problema con arraigo en la isla.

Rosselló, cuando llegó al Gobierno de Puerto Rico en enero de 2017, dijo que una de las prioridades de su mandato sería mantener la corrupción lejos de la Administración, política que ha respetado exigiendo la renuncia inmediata de cualquier cargo bajo la mínima sospecha de corrupción.

La semana puso a prueba a Rosselló, que tuvo que lidiar con uno de los retos más complicados en lo que va de mandato a causa del caso del "chat" de Whatsapp del ex presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, el juez Rafael Ramos, quien el pasado mes de febrero renunció al cargo.

Ramos habría usado ese foro para consultar a miembros del gobernante Partido Nuevo Progresista (PNP) incluidos en el "chat" decisiones relativas a los últimos comicios.

El letrado, presuntamente, consultó decisiones a miembros del PNP que debía tomar como presidente de la Junta de Inscripción Permanente (JIP) del municipio de Moca sobre el voto del grupo de personas que por enfermedad no puede ejercer su derecho físicamente.

Aunque los hechos sucedieron antes de que Ramos fuera nombrado presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, a pocas semanas de asumir el cargo puso fin a su breve andanza en el puesto para cumplir con la exigencia de "tolerancia cero" de Rosselló.

El caso del "chat" no terminó ahí, ya que en ese foro había implicados otros nombres de personas que ocupan puestos de responsabilidad en la Administración.

La situación se volvió insostenible esta semana cuando se hizo público que los implicados estaban siendo investigados por el Departamento de Justicia local, a lo que se sumaron las autoridades federales estadounidenses con otra pesquisa paralela.

La implicación en el caso del "chat" provocó, a petición del gobernador, las dimisiones del secretario de la Gobernación, William Villafañe; la secretaria asociada de la Gobernación, Itza García, y la responsable de la Administración para el Sustento de Menores (Asume), Waleska Maldonado.

La lista de quienes presentaron su dimisión por aparecer en el "chat" incluye al vicepresidente administrativo de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), Yoniel Arroyo, y la directora de Transformación y Eficiencia de la Oficina del Secretario de la Gobernación, Yesenia Díaz.

Los presuntos casos de corrupción o irregularidades no son, no obstante, nuevos en la Administración de Rosselló.

El director de la estratégica Compañía de Turismo de Puerto Rico, José Izquierdo, fue obligado a dimitir en enero a causa de presuntos actos de hostigamiento contra empleadas de la corporación pública.

El empeño del gobernador por alejar cualquier atisbo de irregularidad o corrupción alcanza a miembros de su partido aunque no ocupen cargos gubernamentales.

El alcalde del municipio de Guaynabo -el más próspero de Puerto Rico-, Héctor O'Neill, implicado en casos de acoso sexual a empleadas municipales, se vio forzado a dimitir el pasado mes de junio por la presión del gobernador.

La cruzada de Rosselló contra la corrupción quedó plasmada el pasado enero cuando convirtió en ley con su firma el Proyecto de la Cámara 1350 que crea el Código Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico.

Rosselló señaló tras la firma del documento que "el Código Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico recoge y unifica la política pública del Gobierno en contra de la corrupción que previamente estaba dispersa en múltiples leyes especiales según se adelantó en el Plan para Puerto Rico".

El gobernador ha querido poner fin a un asunto, la corrupción, que durante décadas a acompañado a la vida pública puertorriqueña y que ha provocado, en ocasiones, la intervención de las autoridades federales de Estados Unidos.

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