Policía exige permiso para "toda movilización" o "actividad" en Nicaragua

La Policía de Nicaragua señaló hoy que "toda movilización" o "actividad" requieren de su permiso y que "tomará todas las medidas necesarias para mantener la seguridad", en medio de una crisis sociopolítica que ha dejado cientos de muertos en protestas contra el presidente Daniel Ortega desde abril pasado.

"Nuestra Constitución Política y la Ley 872 de la Policía Nacional establecen que toda movilización en cualquier parte del país debe realizarse una vez que los organizadores han solicitado el permiso correspondiente ante las autoridades policiales y que este haya sido otorgado", informó la institución en una nota.

"La Policía Nacional ratifica que ninguna actividad puede realizarse sin la correspondiente autorización y cobertura policial a fin de no afectar la vida social, económica, comercial, financiera, religiosa y de recreación del pueblo nicaragüense", agregó.

Esta es la segunda ocasión en dos semanas en que la Policía nicaragüense emite notas de prensa que, según las organizaciones humanitarias, atentan contra los artículos 53 y 54 de la Constitución de Nicaragua, que "reconoce el derecho de reunión pacífica; el ejercicio de este derecho no requiere permiso previo" y el "derecho de concentración, manifestación y movilización pública".

La Policía de Nicaragua también advirtió que "no se permitirán manifestaciones o movilizaciones en la vía pública que no cuenten con el debido permiso".

Asimismo, agregó que "tomará todas las medidas necesarias para mantener la seguridad, el orden público, los derechos de la ciudadanía a movilizarse y circular en sus actividades normales".

Tanto la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH) como la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) han responsabilizado al Gobierno de "más de 300 muertos", además de ejecuciones extrajudiciales, torturas, obstrucción a la atención médica, detenciones arbitrarias, secuestros y violencia sexual, entre otras violaciones a los derechos humanos.

Organizaciones humanitarias calculan entre 322 y 512 el número de muertos causados por la "represión" del Gobierno de Ortega, que reconoce 199 víctimas.

También sostienen la existencia de 459 "presos políticos", que el Gobierno admite son más de 200 y señala como "terroristas" y "golpistas".

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