Partido opositor de Nicaragua insiste en "elecciones libres y adelantadas"

El partido opositor Ciudadanos por la Libertad (CxL) insistió este lunes en que las negociaciones previstas para el miércoles entre el Gobierno y la Alianza Cívica deben tener como fin "elecciones libres y adelantadas", como "única solución" a la crisis sociopolítica que vive el país centroamericano.

"La pronta instauración de un gobierno democrático y legítimo, producto de elecciones libres y transparentes, es la única solución a la crisis internacional, y la garantía definitiva de justicia y no repetición de las violaciones a los derechos humanos que estamos sufriendo", resaltó CxL, en un pronunciamiento.

La necesidad de lecciones confiables se debe a "la existencia de una dictadura que retiene y ejerce el poder de una manera ilegítima", indicó la presidenta de CxL, Kitty Monterrey, al leer el pronunciamiento.

Actualmente, Nicaragua lleva 12 años con el Gobierno de Daniel Ortega, a quien la oposición señala de mantenerse en el poder con prácticas de corrupción, y quien ya había sido presidente del país entre 1980 y 1990.

El partido opositor confirmó su interés en que las negociaciones logren "la liberación de los presos políticos, el cese de la represión y la realización de elecciones libres y adelantadas, que nos permitan por primera vez en una década elegir a gobernantes legítimos y comprometidos con los intereses nacionales".

De la misma manera CxL aplaudió la presencia de la Iglesia Católica en las negociaciones, e insistió en elecciones transparentes.

"Los nicaragüenses debemos seguir exigiendo el derecho a decidir con nuestro voto, para cerrar las puertas de una vez por todas, a la dictadura y a la guerra entre hermanos, e iniciar, en paz y libertad, la reconstrucción de nuestras instituciones democráticas y de modelo económico sostenible e incluyente", concluyó Monterrey.

Nicaragua vive una crisis que ha dejado entre 325 y 561 muertos, de 340 a 777 detenidos, cientos de desaparecidos, miles de heridos y decenas de miles en el exilio, desde abril, según organismos humanitarios.

Ortega reconoce 199 muertos y 340 detenidos a los que llama "terroristas", "golpistas" y "delincuentes comunes".

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han responsabilizado al Gobierno de "más de 300 muertos", así como de ejecuciones extrajudiciales, torturas y otros abusos contra los manifestantes y opositores.

Ortega, quien lleva doce años en el poder de manera continua, no acepta responsabilidad en la crisis ni tampoco las acusaciones generalizadas sobre graves abusos de las autoridades contra los manifestantes antigubernamentales, y denuncia ser víctima de un intento de "golpe de Estado fallido".

La CIDH ha acusado al Gobierno de Ortega de crímenes "de lesa humanidad", mientras la Organización de Estados Americanos (OEA) mantiene el proceso de aplicación de la Carta Democrática Interamericana a Nicaragua por una supuesta ruptura del orden constitucional.

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