Ombudsman de Guatemala insta a Estado cumplir Acuerdos de Paz de hace 22 años

La Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala instó hoy al Estado a cumplir con los Acuerdos de Paz Firme y Duradera que firmó el Gobierno con la guerrilla hace 22 años y que "aún es una agenda pendiente en todos los niveles y temas".

En su pronunciamiento, la entidad que dirige el ombudsman Jordán Rodas reconoció que ha habido "logros" en la Justicia, "especialmente en la lucha contra la impunidad y el avance de importantes casos de violaciones a derechos humanos y genocidio".

Sin embargo sostuvo que aún hay "deficiencias en la administración de la Justicia".

Además, indicó, en un comunicado, que tampoco se ha cumplido con atender las necesidades de los pueblos indígenas, el sector de la salud, el desarrollo del país y la educación bilingüe intercultural, "puesto que no alcanzan la pertinencia cultural y el uso sustantivo de la ley de idiomas nacionales", advirtió.

Según el ombudsman, en virtud de los acuerdos que pusieron fin al conflicto armado (1960-1996), el Estado tiene la "obligación" de destinar el 1,5 % de sus ingresos tributarios a la financiación de la política de vivienda, algo que "además de no ser cumplido, ha presentado fuertes retrocesos", debido a que de 2013 a 2017 el presupuesto de esa área se redujo un 78,8 %, aseguró.

Además, subrayó que hay situaciones que sucedían durante la guerra y se han mantenido, como que "las autoridades continúan implementando su política de desalojo en contra de poblaciones indígenas y campesinas, muchas de las cuales también fueron victimizadas durante el conflicto armado".

El Estado "ha sido incapaz de asegurar las garantías de no repetición", debido a una "actitud negacionista", debido a que no ha "reconocido el informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico y otros relacionados con las violaciones a los derechos humanos" durante la guerra, señaló.

Ese informe concluyó que en Guatemala hubo más de 200.000 víctimas, de las cuales 45.000 están desaparecidas, en un 93 % atribuidas al Ejército, un 3 % a la guerrilla y el resto sin determinar.

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