La sociedad de los hijos fue la que repatrió la mayoría del dinero lavado

El exbanquero dividió la trama en dos grandes patas para blanquear fondos de forma independiente. Uno de los testaferros ha reconocido la operativa

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Dos sociedades y una familia: los Conde Arroyo. Es el eje de la operación Fénix que ha colocado de nuevo a Mario Conde a las puertas de prisión. Las dos empresas clave en España son Barnacla, a la que los investigadores definen como la «empresa familiar» y Black Royal Oak. La primera está controlada por el exbanquero y cuenta con un capital social de casi cuatro millones de euros; la segunda la controlan sus hijos Mario y Alejandra, administradores desde 2014. Diversificación del negocio y del riesgo de ser descubiertos. Ambas han recibido fondos del extranjero ya lavados, una gran parte de esos casi 13 millones que habría repatriado Conde, según la investigación.

La sociedad administrada por los hijos es la que más ha ampliado su capital hasta llegar a casi once millones en operaciones sucesivas. Sobre el papel se dedica a los servicios financieros, pero la investigación de la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha revelado que en realidad el dinero llega desde cuentas extranjeras sin que haya ninguna contraprestación de actividad. Quienes pagan o envían el dinero son sociedades administradas por hombres de paja que trabajan para Conde.

Una de estas operaciones encubiertas es la que puso la lupa sobre la familia. El 12 de febrero de 2014 el Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac) fecha un informe en el que se detalla un intento de transferencia de fondos: 600.000 euros enviados desde la empresa Galloix, con sede en Suiza a una cuenta de La Caixa de otra empresa: la ya citada Barnacla, que se dedica a organizar actos y eventos y a contratar personal. El banco requiere a la sociedad suiza la procedencia del dinero, en cumplimiento de la normativa de prevención de blanqueo de capitales, pero no obtiene respuesta. Devuelve la transferencia y alerta al organismo de prevención. El mecanismo echa a andar. En septiembre de ese año, la información ya está en la Fiscalía y los investigadores empiezan a desenmarañar la madeja.

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