La oposición demanda libertades públicas a la mesa negociadora de Nicaragua

La opositora Unidad Nacional Azul y Blanco demandó hoy jueves ante la mesa negociadora entre el Gobierno y una alianza de la oposición, que discute una salida pacífica a la crisis, el restablecimiento de las libertades constitucionales en Nicaragua.

En una carta enviada al Gobierno y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, partes opuestas en la negociación, la Unidad demandó la restitución "inmediata de las libertades de movilización, asociación y prensa".

La demanda se envió el mismo día en que la Unidad presentó públicamente a sus representantes, recien elegidos para formar un consejo político, de entre 75 organizaciones que la integran.

Según sus miembros, las negociaciones entre el Gobierno y la Alianza no están arrojando los resultados deseados.

La Unidad indicó que, tras un mes de negociaciones los resultados son "bastante limitados", porque solamente se ha logrado la excarcelación de 150 "presos políticos en condiciones precarias", ya que son víctima de agresiones, asedio y algunos de ellos han vuelto a ser encarcelados.

Las negociaciones, iniciadas el 27 de febrero pasado, tienen como "testigos y acompañantes" a la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y al nuncio apostólico en el país, Waldemar Stanislaw Sommertag.

"Vamos a seguir presionando a todos los niveles para que esta negociación sea real, que haya acuerdos claros, y una vigilancia y garantes internacionales", dijo una de las representantes de la Unidad, Haydée Castillo.

Los miembros de la Unidad insistieron en que su nuevo consejo político promoverá espacios de diálogo y manifestaciones pacíficas, hasta lograr "elecciones adelantadas, transparentes y observadas" en Nicaragua.

La Unidad afirmó que su nuevo consejo político no tiene aspiraciones partidarias como grupo, y nadie pertenecerá al mismo más de 6 meses, que podrán extenderse otros seis una sola vez.

La lista de representantes de la Unidad está conformada por presos políticos, estudiantes, madres de opositores convictos, personalidades políticas, feministas, abogados, afrodescendientes y manifestantes autoconvocados, entre otros.

Desde el estallido de la crisis social en abril del año pasado Nicaragua atraviesa la peor situación sociopolítica en décadas.

La crisis se caracteriza por un rechazo generalizado al presidente Daniel Ortega, quien lleva 12 años consecutivos en el poder, tras haber gobernado el país 10 años entre 1980 y 1990.

La crisis ha dejado 325 muertos y cientos de presos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ha señalado al Gobierno de Nicaragua de cometer crímenes "de lesa humanidad".

Algunos organismos humanitarios locales elevan a 561 el número de víctimas mortales en 11 meses, pero Ortega reconoce 199 víctimas mortales y denuncia un supuesto intento de golpe de Estado.

El Consejo Permanente de la OEA ha comenzado a aplicar la Carta Democrática Interamericana a Nicaragua, por ruptura del orden constitucional, lo que podría culminar con su suspensión del organismo continental.

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