La CIDH eleva a 322 los fallecidos en Nicaragua durante las protestas

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) elevó hoy a 322 el número de fallecidos en Nicaragua durante las protestas y señaló que la mayoría de las víctimas deriva de la represión estatal.

Según un comunicado de la CIDH, de los más de tres centenares de muertos, veintitrés son niños y adolescentes y veintiuno policías.

"La gran mayoría de víctimas falleció como resultado de la acción estatal o de fuerzas parapoliciales al servicio del Estado", explicó el organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Reclamó "el acceso a la información detallada sobre todas las personas fallecidas".

Estos datos se extraen de la octava semana de trabajo sobre el terreno del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI), después de más de cuatro meses desde que empezaran los disturbios.

Por otra parte, el organismo defensor de los derechos humanos indicó que ha percibido "una disminución de las acciones violentas".

La CIDH también puso el foco sobre la criminalización que ha ejercido el Gobierno del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, sobre las manifestaciones y sobre quienes expresaban su desacuerdo con su Ejecutivo en las calles.

"La Comisión (...) advierte de la persistencia de la estigmatización y criminalización de la protesta social bajo cargos infundados y desproporcionados", manifestó la entidad, que aseguró que las autoridades locales han realizado un uso "generalizado" del delito de terrorismo en este contexto.

Este discurso, continuó, provoca unas condiciones de "hostilidad e intolerancia" contra los manifestantes, líderes sociales y defensores de los derechos humanos.

En esta línea, consideró "urgente que el Estado informe sobre las medidas adoptadas para dar cumplimiento a las recomendaciones de la CIDH dirigidas a asegurar la realización de las autopsias de todas las personas asesinadas por agentes del Estado o por grupos parapoliciales que actuaron" en virtud de este.

"El uso inapropiado del sistema penal en contra de manifestantes, opositores, defensoras y defensores de derechos humanos constituye una violación al derecho a la integridad personal, la protección judicial y las garantías judiciales", señaló el comisionado Francisco Eguiguren.

Las protestas contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, comenzaron en abril pasado por unas reformas de la seguridad social que fueron retiradas y se convirtieron en una exigencia de renuncia del mandatario, después de once años en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción.

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